Alianza Popular

1. VISIÓN

Bolivia se encuentra nuevamente ante una encrucijada histórica. A casi veinte años del inicio del proceso de cambio, después de una etapa de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, el país enfrenta nuevos desafios que exigen respuestas audaces, responsables y profundamente humanas.

Los bolivianos, unidos, fuimos capaces de recuperar la patria de manos del neoliberalismo, de nacionalizar los recursos estratégicos, de reducir la pobreza, de alfabetizar a nuestro pueblo, de convertirnos en un Estado Plurinacional reconocido en el mundo. De esta forma, dimos voz y rostro a los pueblos indigenas originarios y afirmamos la soberanía nacional como una bandera irrenunciable. Bolivia vivió una primavera de dignidad. Pero los ciclos históricos no son eternos. Hoy se abre un nuevo tiempo. Un tiempo en que las mismas recetas ya no bastan. Un tiempo marcado por crisis globales, por un agotamiento del modelo extractivo, por una nueva generación de jóvenes que exige participación real, derechos efectivos, instituciones limpias y un país que mire hacia el futuro con esperanza.

Este es el contexto en el que presentamos este programa de gobierno: una propuesta de renovación con memoria, de cambio con raíces, de esperanza con planificación. No venimos a romper con lo construido, sino a darle nueva vida al proceso histórico iniciado en 2006, aprendiendo de sus errores, recogiendo sus mejores avances y proyectándolo hacia el siglo XXI. Y como para ello es necesario que reafirmemos nuestra unidad, nacemos con la consigna que nos da nombre. Nacemos como una Alianza Popular encabezada por Andrónico Rodríguez.

Porque Andrónico no es un político improvisado. Es un hijo del pueblo, de familia campesina, formado en la lucha social y también académicamente como cientista político. Además, cuenta con una trayectoria legislativa sólida y una firme convicción democrática. Representa a una nueva generación que no nació en el palacio, sino en las calles, en las federaciones, en las comunidades, en el trabajo colectivo. Su liderazgo encarna continuidad con renovación: firmeza en los principios, pero apertura a nuevas ideas, nuevas formas de gestión y una nueva forma de hacer política.

Por un lado, este proyecto nace de la experiencia de haber gobernado, pero también de la escucha activa al pueblo que hoy exige cambios. Viene del corazón de los movimientos sociales, pero también se abre al mundo académico, a los emprendedores, a los profesionales, a la juventud, a las mujeres, a las regiones históricamente postergadas. Porque entendemos que la transformación no puede ser tarea de unos pocos, sino una construcción nacional colectiva. Volcados a los sectores populares -a quienes siempre hemos representado-, reafirmamos nuestra prioridad: dignificar la vida de las mayorías mediante políticas públicas sostenibles, planificación estratégica de largo plazo, justicia transparente, salud y educación de calidad, y una economía al servicio del desarrollo humano.

Por otro lado, queremos una Bolivia que sea ejemplo de unidad en la diversidad, que celebre su carácter plurinacional no solo en el texto constitucional, sino en la práctica cotidiana del Estado. Una Bolivia que deje atrás la confrontación permanente y se atreva a construir desde el consenso sin abandonar sus convicciones. Una democracia participativa, tolerante, crítica y plural, donde el disenso no sea visto como traición, sino como parte esencial del diálogo democrático.

Creemos en una Bolivia que defienda su soberanía no con discursos vacíos, sino con resultados tangibles, con presencia en su territorio, con ciencia propia, con industria nacional y con voz en los foros internacionales. Porque no venimos a administrar lo establecido. No buscamos el poder por el poder: buscamos el poder para servir, para corregir lo que se torció, para levantar lo que se cayó, para devolverle al pueblo la esperanza de que Bolivia puede avanzar sin dejar a nadie atrás. Porque este es el tiempo de reconciliarnos con nosotros mismos, de cerrar heridas con verdad y con futuro. De recuperar la política como herramienta de servicio. De construir el porvenir sin renunciar a nuestra historia. De avanzar sin miedo, sin odio y sin sumisión con una nueva generación de líderes que entienda que el poder solo tiene sentido si transforma vidas.

Una Bolivia fuerte, digna, justa, diversa, unida y con rumbo. Esa es nuestra visión y también nuestro compromiso.

2. PRINCIPIOS

Este proyecto político es la síntesis de dos tiempos que se encuentran: el pasado que nos dio identidad y dignidad, y el futuro que nos exige audacia y transformación. Surge de una historia de lucha, de organización popular, de resistencia indígena, de conquistas sociales construidas desde abajo. Pero también se proyecta como una nueva etapa en la vida política del país: más inclusiva, más técnica, más abierta al mundo, más conectada con los desafíos del presente y del porvenir.

Desde nuestras raíces, y mirando hacia adelante, estos son los principios que guían la propuesta nacional liderada por Andrónico Rodríguez:

1. Justicia social con redistribución real de la riqueza

Nuestra historia nos enseñó que la justicia no se limita a los tribunales. Es también el derecho de cada boliviano y boliviana a vivir con dignidad. La justicia social es el principio matriz de este proyecto. Nos comprometemos a construir un Estado que no tolere la pobreza extrema, que combata la desigualdad en todas sus formas, y que garantice oportunidades concretas para todos, no privilegios para unos pocos. En este sentido, la redistribución de la riqueza no es un eslogan, sino un mandato moral. Significa una política económica integral, servicios públicos de calidad, un sistema de protección social robusto y una economía donde el trabajo valga más que la especulación.

2. Unidad en la diversidad: mantener un país plurinacional y plural

Bolivia es muchas Bolivias. Y esa diversidad no es una amenaza: es una riqueza que debemos cultivar con responsabilidad. Somos un Estado Plurinacional, y debemos profundizar ese carácter no solo en el discurso, sino en las políticas, en la representación, en la administración pública y en la educación. Nuestro proyecto reafirma el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero también la inclusión de nuevas identidades urbanas, juveniles, afrobolivianas, mestizas, profesionales, y migrantes. La Bolivia que proponemos es una Bolivia donde todos caben, donde nadie sobra, y donde el Estado refleje de verdad la cara plural de su pueblo.

3. Democracia participativa, tolerante y renovada

No hay transformación posible sin democracia. Pero no cualquier democracia. Reivindicamos una democracia popular, participativa y comunitaria, basada en la deliberación, el control social y el protagonismo de las organizaciones vivas del pueblo. Pero también proponemos una renovación democrática que supere el enfrentamiento constante, que fortalezca las instituciones y que promueva una cultura política basada en el respeto, la convivencia y la tolerancia. Queremos dejar atrás la polarización destructiva y construir una nueva etapa de diálogo político entre diferentes, sin renunciar a nuestros principios ni temerle al pluralismo.

4. Soberania nacional con visión global

Nuestra soberanía no es negociable. Bolivia tiene derecho a decidir sobre sus recursos, su economía, su territorio y su destino. Pero la soberanía no puede ser sinónimo de aislamiento. Hoy más que nunca, necesitamos una soberanía con proyección internacional, abierta al diálogo multilateral, a la cooperación técnica, al intercambio de conocimientos, inversiones responsables y alianzas estratégicas. Promovemos un internacionalismo solidario, latinoamericanista y descolonizador, pero también una apertura inteligente al mundo, que respete nuestra identidad y fortalezca nuestras capacidades internas. Bolivia será un país soberano y presente en los espacios donde se define el futuro de la humanidad.

5. Estado planificador, técnico y al servicio del pueblo

La improvisación nos ha hecho daño. Un país no se construye con intuición, sino con planificación. Proponemos un Estado que piense a largo plazo, que actúe con evidencia, que sepa gestionar con eficiencia y rendir cuentas con honestidad. El Estado debe recuperar su capacidad de orientar la economía, coordinar políticas estratégicas y garantizar derechos universales. Pero para eso necesita modernizarse, profesionalizarse, y ser conducido por criterios técnicos, no por cuotas de poder. Nuestro compromiso es implementar una gestión pública moderna, austera y eficaz, que ponga por delante el interés colectivo, y que mida su éxito por el bienestar de la gente, no por la cantidad de funcionarios ni por el tamaño del presupuesto.

6. Economía productiva, diversa, segura y sostenible

Nuestra economía debe dejar de ser vulnerable. Hoy dependemos en exceso de los recursos naturales y de los vaivenes externos. Por eso proponemos una nueva matriz productiva, basada en la industrialización con valor agregado, el conocimiento, las economías de desarrollo y la producción nacional con justicia social. El Estado tendrá un rol activo en sectores estratégicos, pero también promoverá al sector privado nacional, la economía comunitaria y el cooperativismo, brindando seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Nuestra economía debe ser generadora de riqueza, distribuidora de oportunidades y respetuosa de la Madre Tierra.

7. Ética pública, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción

No hay proceso transformador posible sin una moral pública y un goce pleno de los derechos humanos. Por ello, rechazamos con firmeza la corrupción en todas sus formas. No será tolerada, venga de donde venga. Así, proponemos mecanismos efectivos de control social, fiscalización ciudadana, digitalización de procesos y fortalecimiento institucional. Queremos construir una cultura política nueva, donde el servicio público vuelva a ser un honor y no una vía de enriquecimiento. Un gobierno honesto es el mejor escudo de los pobres.

8. Inclusión, igualdad y derechos para todas las personas

Nuestro proyecto reconoce que la democracia real implica igualdad de derechos, trato y oportunidades entre hombres y mujeres, entre generaciones, entre comunidades y entre ciudadanos del campo y la ciudad. Nos comprometemos a combatir toda forma de discriminación, violencia o exclusión, y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de los jóvenes y niños, de las diversidades sexuales, de las personas con discapacidad y de todos los sectores históricamente marginados.

Con dichos principios, nuestra propuesta se configura a través de las siguientes áreas:

3. ECONOMÍA, POLÍTICA TRIBUTARIA E INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS

Diagnóstico

Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. La recesión golpea la producción y el empleo; el déficit fiscal supera el 12% del PIB; el balance comercial es negativo; la inflación empieza a sentirse con fuerza en los hogares, y las reservas internacionales están en su nivel más bajo en años. El riesgo país alcanza los 2109 puntos básicos según los calificadores de riesgos internacionales convirtiendo a Bolivia en la segunda economía con mayor riesgo de inversión, encareciendo el crédito y debilitando la confianza externa.

A este escenario se suma el agotamiento del modelo basado en hidrocarburos, que ya no genera los recursos necesarios para sostener la economía. Importamos casi todo el diésel y gran parte de la gasolina que consumimos, lo que representa más de 224 millones de dólares mensuales en subvención. Esta dependencia es insostenible, y su solución no puede ser postergada.

Somos conscientes de que los ajustes necesarios traerán sacrificios. Pero no todos deben cargar el mismo peso. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes viven al día, a quienes están en riesgo de caer nuevamente en la pobreza. Por eso, proponemos:

Economía

1. Política de austeridad para ajustar el déficit fiscal

En las últimas gestiones, Bolivia ha sostenido un elevado nivel de gasto público que ya no encuentra respaldo en ingresos genuinos. El déficit fiscal estructural ha superado el del PIB (2023), y el gasto corriente representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en uno de los más altos de la región. Buena parte de este gasto se ha vuelto inflexible: salarios, subvenciones y funcionamiento del aparato estatal que no pueden reducirse de la noche a la mañana sin afectar derechos básicos. Sin embargo, es urgente asumir una política de austeridad que racionalice el gasto, sin deteriorar la calidad de vida del pueblo.

La austeridad que proponemos no es neoliberal ni antisocial. Es una austeridad inteligente, planificada y dirigida a recortar privilegios, duplicidades, burocracia y despilfarro, no derechos.

El Estado debe predicar con el ejemplo en momentos de crisis. No podemos exigir sacrificios al pueblo mientras persisten sueldos elevados en altas esferas del gobierno, ministerios sin función real, embajadas con bajo retorno diplomático y estructuras administrativas que se reproducen sin eficiencia ni control.

Por ello, nuestro programa propone una serie de medidas inmediatas y graduales:

1. Reducción del gasto superfluo del aparato estatal
   1. Revisión y reducción de los salarios más altos del sector público, especialmente en niveles ejecutivos, direcciones nacionales y entidades descentralizadas.
   2. Fusión o eliminación de ministerios, embajadas y consulados cuya función no sea estratégica, económica y de seguridad evitando duplicación de funciones entre órganos del Estado.
   3. Evaluación periódica del trabajo de los asambleístas nacionales sujeta a modificación salarial en función de los resultados.
   4. Congelamiento de nuevos ítems en el sector público, priorizando la estabilidad de los actuales funcionarios y fortaleciendo áreas críticas como salud, educación y seguridad.
   5. Unificación de las escalas salariales del sector público para las equivalencias salariales de los niveles técnicos, ejecutivos y legislativos de aporte a la seguridad social a largo plazo.
2. Reorientación de la inversión pública
   1. Priorizar inversiones con alto retorno social y económico, evitando megaproyectos con bajo impacto o excesiva importación de bienes y servicios.
   2. Aplicación estricta del criterio “componente nacional obligatorio” para proyectos de infraestructura, incentivando el desarrollo de proveedores locales.
3. Subvenciones más inteligentes
   1. Sustituir subsidios generalizados (como los energéticos y algunos alimentarios) por subsidios focalizados, dirigidos a las familias con mayores carencias.
   2. Fortalecer el sistema de base de datos sociales y el control cruzado de beneficiarios para evitar filtraciones y corrupción.
4. Control del crecimiento del gasto
   1. Establecer una regla fiscal de emergencia, que limite el crecimiento del gasto corriente hasta recuperar la sostenibilidad macroeconómica.
   2. Evitar incrementos salariales en el sector público mientras el déficit supere el 5% del PIB, salvo en sectores priorizados por ley (educación, salud, seguridad).

Esta política de austeridad busca generar espacio fiscal para destinar recursos a la verdadera transformación productiva del país. No es un retroceso, sino una limpieza profunda para que el Estado vuelva a estar al servicio de la gente y no de sus estructuras internas. Reducir el déficit no será fácil, pero es el primer paso para recuperar la soberanía económica. La responsabilidad fiscal no es un lujo: es la base de cualquier política social que aspire a perdurar.

2. Estabilizar el tipo de cambio y fortalecer las reservas internacionales

La estabilidad del tipo de cambio es una condición fundamental para la estabilidad económica y social del país. Cuando el valor de la moneda se ve amenazado, se disparan los precios, se detiene la inversión, se multiplica la especulación y la incertidumbre afecta principalmente al pueblo trabajador. Hoy, Bolivia vive una presión creciente sobre su moneda, con una escasez estructural de dólares, reservas internacionales en niveles mínimos y un tipo de cambio paralelo que deteriora la confianza en el sistema financiero.

Frente a esta realidad, no basta con controles superficiales o restricciones temporales. Es necesario construir una política integral que fortalezca la capacidad del pais de generar divisas genuinas, recupere reservas, y devuelva la confianza en el boliviano.

El objetivo es claro: proteger nuestra moneda nacional sin sacrificar el aparato productivo ni afectar el bolsillo popular. Para ello, proponemos las siguientes líneas de acción:

1. Generar divisas mediante la promoción estratégica de exportaciones
   1. Impulsaremos créditos concesionales para exportadores, gestionados a través del BDP, bajo la condición de repatriar las divisas obtenidas.
   2. Se fomentará la producción con valor agregado para la exportación en sectores no tradicionales: agroindustria, textiles, manufactura ligera, biotecnología y economía naranja.
   3. Se establecerán incentivos fiscales, aduaneros y logísticos para empresas que demuestren impacto exportador y generación de empleo.
2. Impulso del Estado en sectores generadores de divisas
   1. El Estado participará activamente en el desarrollo del turismo estratégico, con inversión en infraestructura, promoción internacional y alianzas público-comunitarias.
   2. Se promoverá la explotación estatal del oro, estableciendo mecanismos jurídicos para controlar su extracción, procesamiento y comercialización, combatiendo el contrabando y canalizando divisas al Banco Central.
   3. Se recuperará el rol estratégico del Estado en las cadenas de valor mineras, energéticas y logísticas, priorizando la captación de ingresos en divisa dura.
   4. Desarrollo e implementación de una estrategia nacional de inclusión financiera digital, liderada por el Estado en alianza con el sistema financiero, telecomunicaciones, universidades y fintechs.
   5. Expansión y modernización de la infraestructura nacional de pagos, promoviendo:
      1. Interoperabilidad total entre billeteras móviles, bancos y cooperativas.
      2. Incentivos al uso de pagos digitales en pequeños comercios y zonas rurales.
   6. Regulación especifica para promover el uso seguro y masivo de herramientas de FinTech (crowdfunding, criptomonedas reguladas, insurtech, etc.).
3. Reducir la salida de divisas y controlar el déficit externo
   1. La reducción gradual y selectiva de la subvención a los combustibles permitirá disminuir la necesidad de importaciones masivas de hidrocarburos.
   2. Se promoverá una política de sustitución de importaciones, elevando aranceles a productos que puedan ser producidos en el país y apoyando la reconversión de industrias.
   3. Se aplicará una moratoria de inversión pública con componente importado, para evitar la fuga de dólares por compras externas innecesarias.
4. Renegociación de deuda y acuerdos internacionales
   1. Se abrirá un proceso de renegociación con los principales acreedores del país, buscando extender plazos y mejorar condiciones financieras.
   2. Se priorizará el acceso a créditos multilaterales concesionales, con tasas bajas, largos plazos y objetivos productivos claros.

El tipo de cambio no se defiende con discursos, se defiende con política económica coherente, firme y patriótica. Si queremos proteger la estabilidad de los hogares bolivianos, debemos recuperar la capacidad de generar nuestras propias divisas, con producción, exportación y control soberano de nuestros recursos estratégicos. Un país que depende de importar dólares está condenado a la inestabilidad. Un país que exporta conocimiento, industria y turismo, construye soberania. Esa es nuestra apuesta.

3. Medidas de contención para estabilizar los precios

La inflación no es una cifra técnica: es una amenaza directa a la vida diaria del pueblo. Cuando los precios suben sin control, el salario pierde valor, la pobreza se multiplica y la incertidumbre se convierte en norma. En el último año, Bolivia ha experimentado un alza sostenida en el precio de los productos de la canasta básica, provocada por factores internos (como el déficit fiscal, la escasez de divisas y el contrabando) y externos (guerras, interrupciones en cadenas logísticas globales, fenómenos climáticos).

Frente a esto, el Estado no puede ser un espectador pasivo. Debe ser garante del equilibrio, facilitador de acuerdos y protector del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Nuestro programa plantea un conjunto de medidas de contención de precios, diseñadas desde la planificación, con participación social y sentido de urgencia. Estas medidas no son cosméticas, ni son parches. Son políticas estructurales orientadas a sostener la estabilidad interna y garantizar el acceso a los alimentos y servicios esenciales.

1. Subsidios productivos focalizados
   1. Se garantizará la subvención de insumos agrícolas esenciales (fertilizantes, semillas, agua de riego, energía rural) a pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.
   2. Se establecerán acuerdos con productores nacionales para fijar precios máximos solidarios en productos clave de la canasta familiar.
   3. Se priorizará la importación estatal de alimentos cuando sea necesario para frenar especulación y evitar el desabastecimiento.
2. Ferias del productor al consumidor
   1. Se organizarán, en coordinación con gobiernos subnacionales, ferias masivas a nivel municipal y departamental, que eliminen intermediarios y permitan al consumidor acceder a alimentos frescos a precio justo.
   2. Estas ferias serán apoyadas con logística estatal (transporte, refrigeración, promoción) y con participación directa de sindicatos agrarios y asociaciones de pequeños productores.
3. Lucha contra la especulación
   1. Se reactivarán y fortalecerán los mecanismos de control de precios, fiscalización de almacenes y márgenes de ganancia, en sectores estratégicos como alimentos, transporte, medicamentos y energía.
   2. Se sancionará con firmeza el acaparamiento, el sobreprecio y la manipulación de precios mediante estructuras privadas o grupos especulativos.
4. Priorizar el abastecimiento interno
   1. La exportación de productos esenciales estará condicionada al abastecimiento pleno del mercado nacional.

Contener los precios no significa distorsionar el mercado. Significa evitar que el pueblo pague los costos de una crisis que no provocó. Significa proteger el salario real, garantizar el acceso a los alimentos y frenar la especulación antes de que se convierta en hambre. Una economía popular no puede existir sin estabilidad de precios. Y la estabilidad no es solo una meta macroeconómica: es una necesidad ética.

4. Recomponer el endeudamiento público

La deuda externa y la deuda interna no son problemas en sí mismas. Lo que las vuelve peligrosas es su descontrol, su uso ineficiente y la falta de una visión estratégica para su manejo. Bolivia ha acumulado en los últimos años una carga financiera que, si no se aborda con seriedad, limitará la capacidad del Estado para invertir en el bienestar del pueblo y en el desarrollo productivo.

Hoy, el país enfrenta vencimientos de corto plazo, condiciones financieras adversas y una creciente dependencia de créditos de mercado con altas tasas de interés. En paralelo, los ingresos estatales han caído, el déficit fiscal persiste, y las reservas internacionales están en mínimos históricos. Esto pone al Estado en una posición frágil ante los acreedores y restringe su margen de maniobra para responder a las urgencias sociales. Frente a esto, proponemos una estrategia integral de recomposición del endeudamiento, que priorice la sostenibilidad, la soberanía financiera y el uso productivo de cada centavo que se tome prestado.

1. Reconversión de deuda de corto a largo plazo
   1. Emitiremos nuevos bonos internos y externos para refinanciar la deuda inmediata bajo mejores plazos, liberando presión fiscal en el corto plazo.
   2. Estableceremos un calendario técnico de pagos, con criterios de prioridad social, que evite recurrir a más deuda para pagar deuda.
2. Renegociación transparente de la deuda externa
   1. Iniciaremos un proceso de renegociación de deuda con los principales acreedores internacionales, multilaterales y bilaterales, en busca de plazos más amplios, tasas más bajas y condiciones más flexibles.
   2. Se priorizará el principio de corresponsabilidad: ningún acreedor debe condicionar reformas estructurales a cambio de financiamiento.
3. Acceso a créditos concesionales con fines productivos
   1. Bolivia volverá a posicionarse como un Estado confiable, pero firme. Se accederá a créditos externos solo bajo condiciones concesionales, es decir, con tasas bajas y largos plazos.
   2. Toda nueva deuda deberá estar justificada por su impacto directo en la generación de divisas, la creación de empleo o la mejora de la infraestructura estratégica.
4. Auditoría ciudadana y técnica del endeudamiento
   1. Se establecerá un mecanismo permanente de auditoría y monitoreo del endeudamiento, con participación del Estado, universidades, sociedad civil y organismos de control.
   2. Publicaremos semestralmente el estado de la deuda, su destino, condiciones y avances en los proyectos financiados.

Recomponer el endeudamiento no es solo una medida económica: es un acto de soberanía. No podemos hipotecar el futuro de las nuevas generaciones por improvisación, clientelismo o falta de planificación. Cada boliviano y boliviana tiene derecho a saber en qué se gasta cada dólar prestado en su nombre. Una economía fuerte no se mide por cuánto se endeuda, sino por cómo y para qué lo hace.

5. Orientar la economía al bienestar social

La salida verdadera y duradera de esta crisis no vendrá solo de medidas coyunturales. Bolivia necesita un nuevo modelo económico-productivo, centrado en el trabajo digno, el conocimiento, la diversificación y la justicia territorial. Esto requiere reformas estructurales profundas, planificadas con visión de país y ejecutadas con voluntad política. Este eje busca no solo estabilizar la economía, sino sembrar las bases de un nuevo ciclo de desarrollo soberano, inclusivo y moderno. Las siguientes líneas de acción marcarán nuestra ruta:

1. Facilitar las condiciones de trabajo y negocio para familias y empresas: La base del desarrollo está en el trabajo. Pero hoy, millones de bolivianos viven en condiciones de informalidad, inestabilidad y baja productividad. Nuestro gobierno impulsará un gran acuerdo nacional por el empleo y la productividad.
   1. Política nacional de empleo juvenil, con incentivos a la contratación, capacitación técnica gratuita y programas de primer empleo.
   2. Formalización masiva del empleo informal, reduciendo barreras burocráticas, flexibilizando regímenes impositivos para pequeñas unidades productivas y simplificando el acceso al seguro social.
   3. Elevar la participación laboral femenina, con medidas de corresponsabilidad familiar, apoyo a madres trabajadoras y programas específicos de empoderamiento económico.
   4. Promoción de nuevos emprendimientos productivos, con créditos accesibles, incubadoras regionales y acceso a tecnología y mercados.
2. Promover la economía del conocimiento: Ya no podemos seguir siendo un país que vive de vender materias primas. El futuro será de quienes produzcan ciencia, tecnología y valor agregado.
   1. Creación de una nueva política nacional de ciencia, tecnología e innovación, con presupuesto fijo y autonomía técnica.
   2. Fortalecimiento de las universidades públicas y centros tecnológicos en áreas como agroindustria, biotecnología, energías renovables y digitalización.
   3. Incentivos fiscales a empresas que inviertan en innovación y desarrollo.
   4. Vinculación directa entre el sistema educativo y el aparato productivo, para formar profesionales orientados a las demandas del siglo XXI.
3. Renovar las grandes empresas estratégicas del Estado: Las empresas públicas deben ser motor del desarrollo, no peso muerto. Es hora de modernizarlas, hacerlas eficientes, transparentes y conectadas al nuevo modelo económico.
   1. Auditoría y evaluación técnica del desempeño de todas las empresas estatales.
   2. Reestructuración y fortalecimiento de aquellas con rol estratégico en energía, minería, telecomunicaciones y logística.
   3. Apertura a alianzas con el sector privado y social comunitario, bajo condiciones de complementariedad, no de privatización.
   4. Identificación de nuevas ramas productivas donde el Estado pueda actuar como socio impulsor (biotecnología, producción de litio con valor agregado, petroquímica, etc.).

Política tributaria

La política tributaria se fundamenta en los ingresos por concepto tributario. Si bien el conjunto de ingresos en millones de bolivianos tuvo un crecimiento constante de 42.630 millones de bolivianos hasta llegar a un tope de Bs58.668 millones el 2022. A partir del 2023 se muestra un descenso a Bs58.220 millones y luego seguir cayendo el 2024 a Bs55.115 millones. Por ello se propone:

1. Reformar el IT (Impuesto a las Transacciones)

Es clave reformar o eliminar el Impuesto a las Transacciones (IT) por sus efectos distorsivos, además de modernizar el cumplimiento tributario mediante herramientas digitales como facturación electrónica masiva a medianos y grandes negocios, declaraciones prellenadas y servicios unificados. Estas acciones reducirán la evasión pasiva y facilitarán la incorporación de nuevos contribuyentes, especialmente pequeños negocios y trabajadores independientes.

Premiar mediante algunos mecanismos compensatorios de forma anual, a las familias y empresas que cumplen al pie de la letra con el pago de impuestos como corresponde, aspecto que debe considerarse en una modificación al Código Tributario y reglamentos.

2. Lucha efectiva contra la evasión y el contrabando

Asimismo, se debe avanzar hacia un sistema más progresivo y justo, consolidando el impuesto al patrimonio elevado y revisando exenciones injustificadas. Paralelamente, es vital fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando con fiscalización inteligente, sanciones efectivas y cooperación interinstitucional. Finalmente, fomentar una cultura tributaria desde la educación y campañas públicas lo que contribuirá a generar conciencia social sobre el valor de los impuestos, promoviendo el cumplimiento voluntario y fortaleciendo el pacto fiscal entre el Estado y la ciudadanía.

3. Control y fiscalización con mejor tecnología

Implementar escáneres no intrusivos en todas las fronteras principales. Integrar bases de datos de comercio exterior, Aduana, Impuestos y Migración para cruzar información en tiempo real. Usar inteligencia artificial para detectar perfiles de riesgo y operaciones sospechosas. Esto reducirá el contrabando y la subvaloración de mercancías, que son las principales fuentes de evasión aduanera.

4. Simplificar y digitalizar los trámites aduaneros

Unificar trámites en una ventanilla única digital (VUC) para importadores y exportadores. Agilizar procesos para los operadores confiables y reducir tiempos de desaduanización. Esto reduce la informalidad, incentiva el comercio formal y facilita el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

Los recursos por IDH e IEDH están en decrecimiento por la actividad propia deprimida del sector, en la economía nacional. Se podría prever una reducción mayor, de no generarse en el corto plazo mayor volumen de hidrocarburos para su comercialización.

5. Reactivar la producción de hidrocarburos y mejorar el control en la cadena de comercialización interna

• EIIDH se calcula sobre el valor de la producción de gas y petróleo. Si la producción cae, también lo hacen los ingresos fiscales.
• El IEHD se aplica a la venta de combustibles en el mercado interno. El contrabando y el subsidio reducen su recaudación efectiva.

Para mejorar los ingresos por IDH e IEHD, Bolivia debe reactivar la producción de hidrocarburos con incentivos adecuados y fortalecer el control en la cadena de comercialización interna, incluyendo la lucha contra el contrabando. Ambas medidas pueden implementarse de forma progresiva, con auditorias que realicen un seguimiento riguroso para tener un impacto directo en la recaudación fiscal y en la sostenibilidad del sector energético.

Industrias estratégicas

Hidrocarburos

El sector hidrocarburos atraviesa una crisis estructural que amenaza la seguridad energética y económica del pais. La drástica disminución de las reservas de gas natural - que en 2006 superaban los 12 TCF- es consecuencia de un modelo tributario poco atractivo para la inversión en exploración, así como de la falta de una política clara y sostenida en esta área estratégica.

El régimen fiscal establecido desde la nacionalización en 2006, con una carga del 50% sobre el valor de los hidrocarburos producidos, frenó el interés de inversores privados y limitó la actividad exploratoria. Aunque durante los años de precios altos (2011-2016) se registraron inversiones importantes, desde 2020 estas cayeron drásticamente por la ausencia de incentivos y certidumbre juridica.

Esta situación ha derivado en la reducción de la producción y exportación de gas, afectando las divisas y el financiamiento público. Paralelamente, se agudiza la escasez de combustibles -especialmente diésel y gas natural- generando desabastecimiento en áreas rurales, ciudades intermedias y zonas del eje troncal, con impacto directo en el transporte y la producción agrícola. A ello se suma la presión fiscal del subsidio a los combustibles, cuyo modelo actual beneficia desproporcionadamente a grandes consumidores y deteriora las capacidades económicas del Estado.

La caída sostenida de la renta petrolera compromete además la inversión pública en desarrollo y la capacidad del Estado para mantener un sistema energético soberano, moderno y diversificado. Por todo ello, se propone:

1. Nueva Ley de Hidrocarburos para el Siglo XXI

Aprobar un nuevo marco legal competitivo, moderno y transparente que atraiga inversiones públicas y privadas sostenidas en exploración y desarrollo, con reglas claras, seguridad jurídica y participación estratégica del Estado. Esta ley debe impulsar el incremento de reservas y garantizar el abastecimiento interno y la exportación sostenible de gas natural.

2. Reconstrucción institucional del sector hidrocarburos

Reestructurar y fortalecer integralmente el sector:

• Reconfigurar el Ministerio del ramo como entidad rectora con liderazgo técnico y estratégico.
• Dotar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos de independencia y capacidad de fiscalización.
• Potenciar a YPFB como empresa estatal eficiente, con autonomía de gestión, control social y estándares de transparencia.
• Establecer un marco claro y regulado para la participación del sector privado nacional y extranjero.

3. Transición hacia una matriz energética diversificada y sostenible

Aprobar una Ley de Energía que impulse el desarrollo de energías renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa), complementarias a los hidrocarburos en una lógica de transición energética ordenada y planificada, acorde al contexto latinoamericano.

4. Reforma gradual del sistema de subsidios

Diseñar una política de reducción paulatina del subsidio a los hidrocarburos, focalizando los ajustes en sectores de alto consumo y baja devolución de beneficios sociales. Se establecerán mecanismos compensatorios para el transporte público y la producción alimentaria, protegiendo el ingreso de las mayorias populares.

5. Infraestructura estratégica para el abastecimiento y exportación

Desarrollar una infraestructura energética robusta (ductos, refinerías, almacenaje, distribución) orientada al autoabastecimiento y la consolidación de Bolivia como eje del corredor energético regional entre Argentina y Brasil, aprovechando el rol del gas como combustible de transición en Sudamérica.

Minería y metalurgia

Bolivia es un país históricamente minero. Desde el incario, nuestros pueblos originarios desarrollaron la minería y la metalurgia no como actividades comerciales, sino como prácticas culturales, utilitarias y rituales. Con la invasión colonial, el oro y la plata marcaron el inicio de un saqueo sistemático que continuó en la República bajo el dominio de los barones del estaño. A pesar de nuestra abundante riqueza mineralógica, aún hoy exportamos materias primas sin valor agregado, repitiendo la lógica colonial.

El Estado Plurinacional ha definido que los recursos naturales son estratégicos y de dominio del pueblo boliviano. Sin embargo, la cadena productiva minera continúa siendo dominada por intereses privados, sin una política sostenida de industrialización. La minería estatal es débil, las cooperativas no siempre cumplen su función social y la minería privada mantiene márgenes de ganancia desproporcionados en relación con su aporte al país.

El mundo transita hacia una nueva era tecnológica basada en minerales críticos como el litio, el cobre, el estaño y las tierras raras, recursos que Bolivia posee en abundancia. No obstante, aún no existe una estrategia nacional consolidada para industrializarlos, protegerlos de la depredación y convertirlos en motores de un desarrollo soberano. Por eso se propone:

1. Industrialización soberana de la cadena minera

Crear plantas estatales de fundición, refinación y transformación de minerales en productos con valor agregado (barras, aleaciones, partes industriales, etc.), priorizando el cobre, el estaño, la plata y el litio. Incluir procesos de transición hacia la fabricación de baterías, componentes electrónicos y materiales para energías renovables.

2. Nueva Empresa Estatal Estratégica de Minería y Metalurgia (EEMM)

Fundar una entidad autárquica, con sede en Potosí u Oruro, que dirija toda la cadena minera del Estado: desde la prospección hasta la comercialización, en coordinación con COMIBOL, ENAF y YLB.

3. Revisión y fiscalización de los contratos mineros

Realizar auditorias a todos los contratos actuales, públicos, privados y cooperativos. Revocar aquellos que no cumplan función económica social ni respeten el medio ambiente. Recuperar áreas estratégicas para el Estado.

4. Transparencia y redistribución de las regalías

Garantizar que los ingresos por la explotación minera se redistribuyan de forma equitativa, priorizando el desarrollo integral de las regiones productoras. Establecer un fondo soberano con los excedentes mineros.

5. Formalización, control y transformación de las cooperativas mineras

Regular y fiscalizar las cooperativas mineras para que cumplan con estándares ambientales, de seguridad laboral y tributarios. Promover su reconversión hacia empresas comunitarias que participen en la industrialización.

6. Defensa jurídica del patrimonio nacional

Impulsar una reforma del Código Minero en base a los artículos 348 al 372 de la Constitución, para blindar legalmente los recursos estratégicos no metálicos como el litio, tierras raras, y otros componentes evaporíticos, estableciendo que sólo el Estado puede explotarlos e industrializarlos.

7. Minería en armonía con la Madre Tierra

Prohibir la explotación minera en áreas protegidas y fuentes de agua. Establecer políticas de remediación ambiental obligatoria. Impulsar tecnologías limpias y proyectos mineros sustentables.

8. Impulso al conocimiento geológico y metalúrgico

Fortalecer el Servicio Geológico Minero y crear centros de investigación en metalurgia e innovación minera en universidades públicas, para desarrollar tecnología propia en prospección, fundición e industrialización.

9. Educación técnica especializada

Crear institutos técnicos superiores en regiones mineras para formar jóvenes en geología, metalurgia, mantenimiento de maquinaria, control ambiental, seguridad minera y robótica industrial aplicada al sector.

10. Soberanía en la comercialización internacional

Establecer una Empresa Estatal de Comercialización Minera que negocie precios en función de mercados internacionales, con criterios soberanos. Priorizar acuerdos con países aliados para exportar productos industrializados y no materias primas.

4. DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y DE I+D

Diagnóstico

El fortalecimiento del sistema financiero como herramienta de desarrollo productivo, especialmente en beneficio de las PYMES, es clave para generar un crecimiento económico inclusivo, equitativo y sostenido. La política financiera del plan de gobierno se orienta a transformar el sistema financiero desde un rol predominantemente comercial hacia un rol activo en el desarrollo económico nacional, incorporando la tecnología financiera, la inclusión digital y la economía del conocimiento como pilares estructurales

Bolivia no tiene nada que envidiar a sus vecinos en materia de turismo, ya que es un pais megadiverso, rico en cultura y gastronomia. Desde bosques vírgenes y ríos caudalosos hasta majestuosas montañas y desiertos de sal, el país cuenta con una oferta variada y reconocida a nivel mundial.

El establecimiento de industrias mediana y ligera de producción para una sustitución de importaciones en los últimos 4 años denotan poca planificación estratégica del desarrollo productivo y territorial, los complejos productivos industriales deben ser a escala de la producción y del mercado interno y externo asegurado, garantizar su sostenibilidad.

La productividad económica es baja especialmente en el sector agropecuario donde los rendimientos productivos son los más bajos de la región en Soya, maíz, y papa como ejemplo, si bien existieron inversiones importantes en riego, semilla y créditos productivos

1. Políticas de impulso al desarrollo local y regional

• Diseño e implementación de las nuevas políticas de inversión productiva local y regional para sectores principales como el Turismo, Gastronomía y Manufacturero.
• Desarrollo de la Estrategia nacional de desarrollo de PyMES para promover la formalización y mejora del entorno normativo, además de facilitación al acceso a financiamiento inclusivo y adaptativo
• Impulso al desarrollo productivo, tecnológico y de innovación empresarial, fortaleciendo las capacidades y el talento emprendedor ampliado la base productiva local.
• Ampliar el acceso a mercados locales e interregionales para la diversificación nacional de consumo de productos y servicios tecnológicos, productivos.
• Sistema de Centros de mantenimiento a equipos y maquinaria productiva (tractores, sistemas de monitoreo, sensores remotos, etc.).

2. Tecnificación y tecnología productiva

• Implementación de políticas regionales para la priorización de áreas productivas tradicionales y de alta productividad para alcanzar nuevas metas de rendimiento y llegar a amas mercados.
• Desarrollo de sistemas de monitoreo y seguimiento a la producción y sectores productivos para mantener la seguridad alimentaria y mejorar las políticas de comercio exterior.
• Mejoramiento y planificación del uso de suelo de las áreas productivas tradicionales y de las nuevas áreas de apertura productiva para desacelerar la ampliación de áreas de producción.
• Ampliar los seguros de producción y acceso a mercados de bolsa para su aseguramiento y atracción de inversiones nacionales e internacionales

3. La I+D

• Reconstruir la relación Estado-Academia para priorizar y fomentar las áreas del desarrollo e investigación en base a las necesidades del plan de desarrollo y creación de nuevas áreas del conocimiento que se requieren desde el estado.
• Fomentar los centros de desarrollo e investigación de las universidades con directa inclusión en el desarrollo de la capacidad investigativa de los agentes productivos.
• Continuar, mejorar y ampliar la política de capacitación y desarrollo de investigadores y profesionales especialistas mediante estudios superiores de posgrado (maestría y doctorado)
• Concretar los HUB de desarrollo y mantenimiento de sistemas de apoyo a las regiones productivas y las áreas de servicios masivos.

Turismo

Diagnóstico

El turismo en Bolivia ha demostrado ser una fuente creciente de ingresos y una vía estratégica para diversificar la economía nacional. En 2019, el país recibió 1.239 .281 turistas internacionales y generó $us 837 millones en divisas. Aunque la pandemia redujo drásticamente estas cifras, en 2023 se alcanzaron casi un millón de visitantes ( 997.594 ), con ingresos estimados en $us 736,6 millones. Sin embargo, estas cifras siguen por debajo del potencial que tiene el país.

A pesar de su riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica, Bolivia enfrenta barreras estructurales que limitan el desarrollo del turismo: falta de institucionalidad y liderazgo gremial, ausencia de políticas públicas claras, infraestructura deficiente, conectividad aérea limitada, escasa promoción internacional, conflictos sociales recurrentes y escasa inversión pública y privada.

Además, el país carece de una Marca País sólida que posicione a Bolivia en el mercado turístico global. Mientras países vecinos como Perú han integrado al turismo en su estrategia nacional de desarrollo, Bolivia aún no ha logrado consolidar una visión estratégica integral del sector.

No obstante, el país cuenta con un potencial turístico inmenso que incluye destinos únicos como el Salar de Uyuni, la Amazonía, Tiwanaku, el Lago Titicaca, el Carnaval de Oruro, su rica gastronomía y oportunidades para el turismo vivencial, de aventura y cultural. Si se articulan correctamente el sector público, privado y comunitario, el turismo puede convertirse en uno de los pilares del desarrollo nacional y en una fuente sostenible de empleo e ingresos. Por todo ello, proponemos:

1. Conformación de un ente rector nacional del turismo

Crear una entidad autónoma y especializada que lidere la planificación, promoción, desarrollo y articulación del sector turístico, con participación de representantes del Estado, el sector privado, comunidades y academia.

2. Elaboración de una Estrategia Nacional de Turismo 2025-2035

Definir una hoja de ruta a largo plazo que integre el turismo en el modelo económico productivo, promueva inversiones, garantice sostenibilidad y promueva una visión compartida del desarrollo turístico nacional.

3. Impulso a una Marca País y promoción internacional estratégica

Desarrollar una Marca País que posicione a Bolivia como destino turístico cultural, natural y diverso; implementar campañas de promoción en medios digitales y ferias internacionales; y establecer oficinas de promoción turística en mercados estratégicos.

4. Política de cielos abiertos y conectividad regional

Promover alianzas con aerolíneas internacionales, reducir tasas aeroportuarias, modernizar aeropuertos y mejorar la conectividad aérea interna y con países vecinos, especialmente en circuitos turísticos binacionales o trinacionales.

5. Inversión pública y estímulos fiscales al turismo

Generar incentivos fiscales para emprendimientos turísticos, especialmente en municipios con alto potencial turístico; establecer fondos concursables para proyectos turísticos comunitarios e infraestructura básica en zonas rurales.

6. Desarrollo de infraestructura turística integral

Mejorar caminos de acceso, señalética, servicios básicos, conectividad digital y alojamientos en destinos prioritarios; implementar normas de calidad para alojamientos, restaurantes y guías turísticos.

7. Turismo comunitario, indígena y sostenible

Fortalecer las iniciativas de turismo vivencial y comunitario con apoyo técnico, promoción y acceso a financiamiento, priorizando el protagonismo de las comunidades en la cadena de valor y la preservación de su patrimonio.

8. Gastronomía como motor turístico y cultural

Promover la cocina boliviana como parte de la identidad turística nacional, apoyando ferias gastronómicas, escuelas de cocina regionales, y la internacionalización de productos y platos típicos.

9. Turismo cultural, patrimonial y de festividades

Proteger y promover el patrimonio inmaterial (festividades, danzas, artesanias) como parte central de la oferta turística. Articular eventos como el Carnaval de Oruro, la Entrada Universitaria o las festividades regionales a una agenda nacional de turismo cultural.

10. Turismo de experiencias, aventura y cinematográfico

Impulsar rutas temáticas que integren naturaleza, historia y cine (por ejemplo, el “Camino del Che”, locaciones de Star Wars, etc.), y promover paquetes turísticos especializados para nichos como el ecoturismo, el trekking y el turismo espiritual.

11. Alianzas estratégicas regionales.

Integrar a Bolivia en circuitos turísticos regionales con países vecinos (Perú, Brasil, Chile, Argentina), facilitando visados, rutas compartidas y promoción conjunta a través de convenios bilaterales.

12. Capacitación, innovación y digitalización del sector

Implementar programas de formación técnica en turismo, idiomas y hospitalidad; fomentar la digitalización de los servicios turísticos; y crear plataformas en línea para reservas, promoción y coordinación entre actores.

13. Seguridad jurídica para la inversión turística

Adecuar y actualizar el marco legal para atraer inversión nacional y extranjera en turismo, garantizando reglas claras, estabilidad jurídica y respeto a los derechos colectivos de las comunidades locales.

14. Sistema de monitoreo y estadísticas turísticas confiables

Fortalecer la recolección y análisis de datos sobre el turismo receptivo e interno, para mejorar la toma de decisiones, evaluar políticas públicas y facilitar el acceso a información a operadores e inversores.

5. SALUD

Diagnóstico

Bolivia enfrenta una contradicción estructural en materia de salud: a pesar de haber reconocido constitucionalmente el derecho a la salud como un bien público, gratuito y universal, su sistema sanitario sigue marcado por la exclusión, la fragmentación institucional, el gasto privado excesivo y una débil respuesta frente a las enfermedades que más afectan a la población. El modelo actual no garantiza el derecho a vivir sanamente: lo condiciona a la geografía, al bolsillo y a la suerte.

Las cifras son claras: el gasto público en salud, aunque ha aumentado en la última década, todavía representa apenas el 6,6% del PIB, cuando la meta mínima recomendada por la OMS es del 10%. Más del 45% del gasto total en salud lo realiza el propio hogar, lo cual es un signo alarmante de inequidad. Esto significa que, en la práctica, una enfermedad grave puede arruinar financieramente a una familia trabajadora.

El Sistema Único de Salud (SUS) -implementado desde 2019 como una conquista histórica del pueblo boliviano- es aún una promesa parcial. Sus servicios están fragmentados entre diferentes niveles del Estado, mal articulados con la seguridad social y desbordados por una demanda que no se corresponde con su infraestructura ni con sus recursos humanos. A esto se suman carencias estructurales: hospitales colapsados, ausencia de tecnología diagnóstica moderna, escasez de medicamentos, precariedad laboral del personal de salud y una gestión pública que sigue dependiendo más del voluntarismo que de la planificación cientifica.

Además, el sistema actual está basado en un modelo curativo, hospitalocéntrico y reactivo, que actúa cuando la enfermedad ya avanzó, en lugar de prevenirla en el territorio. No hay una política nacional seria de promoción de la salud, ni un sistema comunitario de atención primaria fuerte, ni una integración territorial de los determinantes sociales de la enfermedad. Esto genera una doble injusticia: se llega tarde y se llega caro.

La pandemia de COVID-19 puso en evidencia las grietas del sistema: improvisación, desigualdad de acceso, dependencia tecnológica del extranjero, débil articulación entre niveles y ausencia de soberanía sanitaria. Pero también mostró el compromiso del personal de salud, el rol de las redes comunitarias, la importancia de la prevención y la necesidad urgente de modernizar el sistema.

Frente a este diagnóstico, no basta con parches. Se requiere una transformación estructural del sistema de salud, que supere el enfoque asistencialista y construya un verdadero sistema público, universal, territorializado, gratuito, intercultural y basado en la ciencia. Un sistema que no sea un privilegio para quienes tienen dinero, sino un derecho real para todos y todas. Por eso, proponemos:

1. Universalizar el acceso efectivo y gratuito a la salud pública de calidad

• Consolidaremos y expandiremos el Sistema Único de Salud (SUS) como eje central de la política sanitaria nacional, garantizando su cobertura integral, financiamiento estable y articulación plena con la seguridad social.
• Se promulgará una Ley del Sistema Nacional de Salud Universal, que consagre el acceso gratuito a la atención, medicamentos esenciales, exámenes diagnósticos, tratamientos de alta complejidad y rehabilitación.
• El Estado garantizará una canasta única de prestaciones médicas, homogénea en todo el territorio nacional, con prioridad en enfermedades prevalentes, salud materno-infantil, salud mental y enfermedades crónicas no transmisibles.

2. Fortalecer el primer nivel de atención con enfoque preventivo y territorial

• El primer nivel de atención (centros de salud comunitarios) será el eje estratégico del sistema, con cobertura universal, dotación tecnológica moderna, y personal capacitado en medicina familiar, salud pública y atención comunitaria.
• Se implementará el Programa Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, articulado con gobiernos municipales, redes barriales, sindicatos, unidades educativas y medios comunitarios.
• Se priorizará una salud basada en la comunidad, con brigadas móviles, visitas domiciliarias, participación vecinal, educación popular en salud y redes de autocuidado organizadas.

3. Transición hacia un sistema inteligente, moderno y soberano en salud

• Crearemos el Sistema Nacional de Salud Digital, con historias clínicas electrónicas unificadas, telemedicina, interoperabilidad entre niveles de atención y monitoreo epidemiológico en tiempo real.
• Se aplicará inteligencia artificial en diagnóstico temprano, gestión de emergencias y planificación epidemiológica, con alianzas entre universidades, centros tecnológicos y el Ministerio de Salud.
• El Estado invertirá en biotecnología pública y producción nacional de medicamentos e insumos médicos, incluyendo vacunas, reactivos y equipos, a través de una Agencia Estatal de Tecnología Biomédica.

4. Fortalecimiento integral del personal de salud

• Aprobaremos una Nueva Ley del Trabajo en Salud, que garantice estabilidad laboral, escalafón médico y paramédico único, y formación continua obligatoria con financiamiento estatal.
• Se impulsará un Programa Nacional de Formación en Salud Pública y Atención Primaria, con incentivos para profesionales que trabajen en zonas rurales, comunidades indígenas y barrios periféricos.
• Se establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño Ético-Técnico en Salud, con participación de colegios profesionales, usuarios y organismos independientes.

5. Interculturalidad, saberes ancestrales y salud como derecho colectivo

• Se institucionalizará un Sistema Intercultural de Salud, que reconozca los saberes médicos ancestrales, promueva la complementariedad entre medicina tradicional y medicina cientifica, y asegure el respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios.
• Se impulsará la formación de promotores comunitarios interculturales de salud, con participación de autoridades indigenas, médicas tradicionales y redes de mujeres.
• Se creará una Red de Casas de Salud Comunitaria y Territorial, con enfoque ecológico, preventivo, culturalmente pertinente y centrado en el cuidado colectivo.

6. Planificación, financiamiento y rectoría pública con transparencia

• El Estado diseñará un Plan Decenal de Salud Plurinacional 2025-2035, con metas de cobertura, indicadores de impacto, evaluación ciudadana y financiamiento garantizado por ley.
• Se reformará la asignación presupuestaria para salud, con una meta progresiva de inversión pública del 10% del PIB para 2030, con criterios de equidad territorial y control social.
• Se creará una Agencia Nacional de Transparencia en Salud, que fiscalice compras públicas, monitoree calidad de servicios y publique informes anuales accesibles a toda la población.

La salud no es un privilegio. Es un derecho humano, un bien común, una obligación del Estado. No se trata solo de construir más hospitales, sino de cambiar el modelo, de garantizar que el cuidado comience en la comunidad, de prevenir antes que curar, de sanar con dignidad, con ciencia, con humanidad.

La Bolivia que soñamos no tendrá ciudadanos de primera y de segunda. Tendrá un sistema único de salud pública para todos y todas, sin exclusiones, sin intermediarios, sin negocios privados con la vida ajena. Porque cuidar al pueblo no es un gasto: es la inversión más justa, más sabia y urgente que puede hacer una nación.

7. Salud laboral y prevención en el trabajo

La salud de las y los trabajadores debe ser defendida no solo en la atención curativa, sino desde la prevención, el monitoreo y la justicia laboral. Proponemos:

• La creación del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Laboral, articulado con el Ministerio de Trabajo, para fiscalizar condiciones laborales, prevenir enfermedades ocupacionales y garantizar ambientes saludables.
• La actualización de las normas de salud ocupacional en todos los sectores (minería, industria, servicios, agro) y su inclusión dentro del currículum de formación técnica y profesional.
• Un programa nacional de rehabilitación y reinserción laboral para trabajadoras y trabajadores con enfermedades adquiridas en el trabajo, con apoyo psicológico, legal y técnico.

8. Calidad en la atención y humanización del sistema público de salud

Sabemos que la atención médica no puede medirse solo en estadísticas. Es urgente humanizar la atención, eliminar el maltrato y asegurar que cada persona se sienta respetada. Para ello:

• Proponemos la formación obligatoria en bioética, comunicación y derechos de los pacientes para todos los niveles del personal de salud, con énfasis en trato digno, sin racismo ni discriminación.
• Estableceremos un sistema de evaluación y control ciudadano de la calidad en los servicios de salud, con buzones digitales y físicos, mecanismos de denuncia accesibles y auditorias externas con participación social.
• Impulsaremos un modelo de atención centrado en la persona y su entorno, que reconozca la dimensión emocional, social y cultural de la salud, y evite la deshumanización del sistema.

9. Salud ambiental y determinantes ecológicos de la enfermedad

La salud no puede defenderse sin defender el agua, la tierra, el aire y los ecosistemas. Nuestra propuesta incorpora:

• La creación de una Agencia Nacional de Vigilancia en Salud Ambiental, con capacidad de monitorear contaminación, residuos, radiación, calidad del agua y uso de agrotóxicos.
• Promoveremos zonas libres de contaminación alrededor de centros educativos y de salud, especialmente en áreas rurales y periurbanas.
• Apoyaremos estudios epidemiológicos sobre la relación entre enfermedades crónicas (como cáncer o insuficiencia renal) y factores ambientales, para actuar desde la prevención.

10. Formación, investigación y carrera sanitaria con justicia social

La salud pública requiere personal comprometido, bien formado y distribuido (en el territorio. Por ello:

• Rediseñaremos la formación universitaria en salud pública, para adecuarla al modelo de atención del SUS, la prevención, la salud comunitaria y la medicina familiar.
• Implementaremos un sistema nacional de residencia médica y especialidades por concurso, orientado a cubrir vacíos en zonas rurales y sectores estratégicos.
• Crearemos un Fondo Plurinacional de Investigación en Salud Pública, para fomentar la producción de conocimiento científico autónomo, interdisciplinario y vinculado a la realidad nacional.
• Garantizaremos una carrera sanitaria pública, con condiciones laborales dignas, incentivos para el servicio en áreas rurales y estabilidad laboral basada en méritos.

6. EDUCACIÓN

Diagnóstico

La educación ha sido uno de los pilares históricos del proceso iniciado en 2006. La alfabetización masiva, el reconocimiento de saberes ancestrales, la universalización del acceso y el impulso a la educación técnica marcan conquistas importantes que ningún proyecto anterior pudo ofrecer. Sin embargo, luego de casi dos décadas, el sistema educativo nacional enfrenta nuevas exigencias. El escenario del siglo XXI ha transformado profundamente las formas de enseñar, aprender, crear y trabajar. En ese contexto, se vuelve urgente una nueva etapa educativa: no para borrar lo logrado, sino para consolidar con audacia, calidad y pertinencia.

En 2024, Bolivia destinó aproximadamente Bs 28.760 millones al sector educativo, lo que representa el 10,8% del Presupuesto General del Estado (PGE) consolidado. Sin embargo, a pesar de que la inversión es grande, varias investigaciones en el campo educativo colocan al pais en los niveles más bajos de habilidades estudiantiles básicas como la comprensión lectora y el pensamiento lógico matemático en los bachilleres. Esto evidencia que la atención en educación no se está traduciendo en resultados significativos.

Por un lado, persisten desigualdades estructurales que condicionan el derecho a una educación plena: en el área rural, la tasa de deserción escolar sigue duplicando a la urbana; los establecimientos en comunidades alejadas carecen de condiciones minimas de conectividad, materiales didácticos y personal estable. Las diferencias en rendimiento académico entre regiones, niveles socioeconómicos y origen étnico son evidentes, y reflejan una brecha de oportunidades que contradice los principios del Estado Plurinacional. Además, miles de jóvenes egresan sin perspectivas laborales, con títulos que no dialogan con la matriz económica del país, ni con los desafios de la transformación industrial, tecnológica o ecológica. Así, el potencial creativo y cientifico de nuestras juventudes es subutilizado por un sistema que no promueve suficientemente la investigación, la innovación ni el desarrollo de capacidades digitales, técnicas y crítica

Por otro lado, el modelo impulsado por la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, sigue siendo un referente pedagógico alternativo a las lógicas mercantilistas, pero su aplicación ha sido dispar, muchas veces burocratizada o limitada por falta de formación docente, infraestructura y voluntad política real. En la práctica, miles de estudiantes bolivianos se forman en entornos escolares que aún replican métodos memorísticos, verticales, poco contextualizados y desarticulados del territorio y del futuro productivo del país. Eso sin tener en cuenta que, la pandemia de COVID-19, reveló crudamente las carencias del sistema frente al desafio de la educación digital. Más del 70% de los hogares rurales no tenían acceso regular a internet durante el confinamiento, y muchos estudiantes quedaron fuera del sistema por meses.

Finalmente, el magisterio boliviano, columna vertebral de todo proyecto educativo, necesita ser dignificado con políticas integrales. Porque una gran cantidad de docentes deterioran la calidad educativa, así como impiden un desarrollo integral del potencial creativo y curioso en los estudiantes de primaria y secundaria. La formación continua, la mejora de condiciones laborales, el fortalecimiento del rol pedagógico y la recuperación del prestigio docente no pueden seguir siendo promesas postergadas. Cualquier transformación educativa real comienza por los y las educadoras, lo que incluye a los propios padres, pues muchos carecen de la orientación y los instrumentos necesarios para ser referentes y promotores efectivos del aprendizaje de sus hijos

Por todas estas razones, proponemos una nueva etapa educativa en Bolivia, centrada en el derecho a aprender con calidad, en la recuperación de la escuela como espacio de emancipación, en la soberanía de saberes y en la adecuación profunda de la educación a un país diverso que quiere crecer con justicia, ciencia y dignidad. Por ello, proponemos:

1. Despertar el talento humano: Estudiantes como protagonistas y constructores de conocimiento

Implementar un modelo educativo centrado en el estudiante como sujeto activo y protagonista en la construcción del conocimiento, fortaleciendo de este modo, la motivación intrínseca y la autoestima de los estudiantes mediante estrategias pedagógicas que fomenten la autonomía y las relaciones positivas.

Así mismo, emprender una reforma integral de las políticas educativas para actualizar los currículos, capacitar a los docentes y garantizar recursos tecnológicos y materiales adecuados, rompiendo con los esquemas tradicionales y apostando por una educación liberadora.

2. Capacitar a maestros transformadores: Pilares de la revolución educativa

Implementar programas de capacitación docente en metodologías activas, evaluación formativa y uso de tecnologías, con énfasis en las necesidades de las zonas rurales y vulnerables, forjando una nueva generación de educadores comprometidos con el cambio. Con ello, se pretende ofrecer un apoyo multidisciplinario y sistemas de supervisión para detectar y atender problemáticas que afecten la práctica docente, velando por su bienestar integral y mejorando sustancialmente las condiciones laborales y salariales que tienen para atraer y retener a los mejores docentes. Así, la formación posgradual debe proyectarse para la cualificación y especialización del personal docente y administrativo, en función de su especialidad y se constituye en la base y requisito fundamental para los procesos de ascenso de categoría e institucionalización.

3. Adoptar metodologías activas para el aprendizaje significativo y la liberación

Implementar metodologías activas y contextualizadas que promuevan el aprendizaje significativo en competencias fundamentales como la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático, emancipando a los estudiantes de los esquemas tradicionales. Para ello, proponemos programas de detección temprana y apoyo personalizado para superar dificultades en estas áreas, garantizando una educación equitativa y de calidad. Así mismo, recursos específicos para materiales didácticos innovadores y tecnología educativa, especialmente en las zonas rurales y vulnerables, democratizando el acceso a herramientas transformadoras como el internet y la inteligencia artificial. ## 4. Implementar programas para la educación superior al servicio del pueblo

Implementar programas de nivelación y tutorías personalizadas para reforzar habilidades académicas y emocionales, facilitando el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Se proponen talleres y servicios de apoyo psicológico que fortalezcan habilidades socioemocionales como la resiliencia y el manejo del estrés, empoderando a los jóvenes para enfrentar los desafíos. Esto sin olvidar diseñar políticas educativas inclusivas que consideren las desigualdades previas y prioricen la calidad y equidad en la educación superior, democratizando el conocimiento.

5. Integrar la Educación en Valores y Ética Ciudadana para Formar Ciudadanos Comprometidos

Integrar la educación en valores y ética ciudadana de manera transversal en todos los niveles educativos, forjando una conciencia crítica y un compromiso con la justicia social que nos ayude a salir de la lógica dañina de la corrupción. Para ello, hay que realizar programas que desarrollen la inteligencia emocional y promuevan la resolución pacífica de conflictos, construyendo una cultura de diálogo y convivencia armónica. Además, se hace indispensable el impulso de campañas nacionales que involucren a familias, escuelas y comunidades en la promoción de valores éticos y democráticos, fortaleciendo el tejido social.

6. Crear escuelas esenciales de la familia: Aliados del aprendizaje

Crear programas de educación parental (Escuelas Esenciales de la Familia) que fortalezcan habilidades para apoyar el aprendizaje y desarrollo socioemocional de los hijos, empoderando a las familias como agentes de cambio. Porque es importante implementar talleres y espacios de acompañamiento familiar que promuevan la comunicación efectiva y la gestión emocional, consolidando el hogar como un entorno propicio para el aprendizaje. Solo así se podrán establecer políticas públicas que integren a la familia en el sistema educativo, proporcionando recursos y apoyo para su participación activa, incorporando a madres y padres en consejos educativos locales para fomentar su rol protagónico.

7. Fortalecer las alianzas entre universidades, sectores productivos y comunidades

Fortalecer las alianzas estratégicas entre universidades, sectores productivos y comunidades para potenciar la investigación aplicada y su sistematización, asegurando la continuidad del trabajo académico con impacto local a través de convocatorias de proyectos sociales, ecológicos, agroambientales, TIC’s e inteligencia artificial. Porque lo que se pretende es incrementar el número de investigadores con un enfoque comunitario y ético, orientando los recursos universitarios hacia las prioridades socioeconómicas del país, para que la investigación genere conocimiento relevante y contribuya activamente al desarrollo sostenible, la innovación y la transformación social de Bolivia.

8. Equipar y fortalecer los bachilleratos técnicos humanísticos: puentes al futuro

Equipar y fortalecer al 100% los bachilleratos técnicos humanísticos a nivel nacional, brindando a los estudiantes una formación integral que les permita desarrollar habilidades técnicas (títulos a nivel técnico superior) y humanísticas. Porque es necesario garantizar que todos los bachilleres sean trilingües (castellano, idioma originario y extranjero), ampliando sus horizontes y oportunidades, así como diseñar políticas educativas que vinculen el currículo con el desarrollo sostenible y la innovación, fomentando la formación de talentos humanos comprometidos con la transformación de Bolivia.

9. Fortalecer la educación alternativa: futuro para todos

Fortalecer la educación alternativa como una vía fundamental para garantizar el acceso, permanencia y éxito educativo de poblaciones tradicionalmente excluidas, como jóvenes y adultos que no culminaron la educación formal, comunidades originarias y sectores rurales. En este entendido, se crearán programas flexibles, contextualizados y culturalmente pertinentes, que integren saberes locales, tecnologías digitales y metodologías participativas que promocionen el desarrollo de competencias laborales, la ciudadanía activa y la autoestima colectiva.

7. JUSTICIA, INSTITUCIONALIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Diagnóstico

Bolivia atraviesa una crisis profunda de credibilidad institucional. La justicia, lejos de ser el pilar del Estado de derecho, ha sido percibida por amplios sectores sociales como una herramienta de persecución, impunidad o extorsión, dependiendo del color del gobierno o el nivel de poder económico. Esta percepción no es producto solo de la narrativa opositora o mediática: es el resultado de años de acumulación de prácticas que deslegitiman al sistema judicial frente al pueblo boliviano.

El Órgano Judicial y el Ministerio Público operan bajo esquemas de selección de autoridades con baja legitimidad, captura política de sus cúpulas y ausencia de mecanismos efectivos de control ciudadano. La independencia judicial se encuentra severamente erosionada, y esto se traduce en decisiones arbitrarias, lentitud procesal, corrupción institucionalizada, falta de acceso para los sectores populares y una alarmante distorsión del principio de inocencia, especialmente con el uso abusivo de la detención preventiva.

Por un lado, es necesaria una Reforma Integral del Sistema de Justicia Boliviano, que garantice independencia, eficiencia, acceso equitativo, transparencia y respeto a los derechos humanos, alineada con estándares internacionales y las necesidades del pueblo boliviano. Según encuestas recientes (CID Gallup, Latino barómetro), más del 70% de la población boliviana desconfía del sistema judicial. Así, se percibe a los administradores de la justicia como corruptos, politizados e ineficientes. Esto crea una crisis de independencia judicial y de credibilidad la cual debe ser trabajada estructuralmente. Acciones como la elección por voto popular de altas autoridades judiciales ha derivado en una justicia subordinada al poder político y no se ha alcanzado la democratización real y social esperada al plantearse en el pasado esta modalidad de selección.

Tampoco se puede hablar de justicia sin abordar la raíz del problema: la corrupción estructural que debilita al Estado desde sus entrañas. En lugar de ser excepción, la corrupción se ha vuelto un patrón tolerado, a veces incluso normalizado, en múltiples niveles de la administración pública. Los mecanismos de control interno son insuficientes, y las instancias de auditoría y fiscalización -como la Contraloría o la Asamblea Legislativa- muchas veces actúan con sesgo político o sin capacidad técnica real. La falta de transparencia en licitaciones, contratos, gastos reservados y redes clientelares ha generado una cultura de impunidad que bloquea cualquier intento de transformación profunda. Por todo ello, proponemos toda una reingeniería constitucional basada en:

1. Garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial

• Reforma del mecanismo de selección de altas autoridades judiciales: Impulsar una reforma constitucional que suprima la elección por voto popular de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. En su lugar, establecer un sistema mixto de selección meritocrática, con control ciudadano y participación efectiva de universidades, colegios de abogados y organismos internacionales, en consonancia con precedentes jurisprudenciales del propio Tribunal Constitucional respecto a vocales y jueces.
• Limitación normativa de las atribuciones del Tribunal Constitucional: Regular los alcances de las decisiones del TCP, especialmente en lo referido a la restricción de derechos fundamentales derivada de normas con rango de ley. Cuando se trate de conflictos entre órganos del Estado, deberá ser obligatorio que el pleno del TCP resuelva mediante resolución colegiada, con fundamentos constitucionales y jurisprudenciales claros.
• Plazos definidos para cubrir vacancias en altas magistraturas: Establecer, mediante ley, la obligatoriedad de que el Órgano Legislativo y el Órgano Electoral convoquen a procesos de selección y designación de magistrados en un plazo máximo de 90 días ante cualquier vacancia, garantizando continuidad institucional y previsibilidad jurídica.
• Blindaje institucional contra interferencia política: Asegurar la autonomía plena del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, dotándolos de presupuestos independientes, estabilidad institucional y mecanismos efectivos de resguardo frente a presiones o injerencias externas.
• Creación de la Defensoría Judicial Ciudadana: Instituir un ente autónomo dedicado a recibir, investigar y canalizar denuncias de presiones políticas, amenazas o interferencias indebidas en procesos judiciales, con facultades para emitir recomendaciones vinculantes y activar acciones correctivas.

2. Combatir frontalmente la corrupción judicial

• Fiscalía Especializada en Corrupción Judicial: Crear una unidad fiscal con competencia exclusiva para investigar casos de corrupción dentro del Órgano Judicial, dotada de autonomía operativa, fiscales especializados y mecanismos de protección personal para evitar represalias.
• Auditoría digital del sistema judicial: Implementar tecnologías de inteligencia artificial para realizar auditorias automatizadas de procesos judiciales, con capacidad de identificar patrones anómalos, contradicciones sistemáticas o retrasos injustificados en fallos.
• Sistema de rendición pública de cuentas judiciales: Establecer la obligación de jueces y fiscales de presentar informes semestrales sobre su desempeño, incluyendo número de causas atendidas, tiempos procesales, resoluciones emitidas y justificación de sus decisiones. Estos informes deberán ser públicos y evaluados por instancias externas.
• Protección efectiva a denunciantes de corrupción (whistleblowers): Garantizar mecanismos legales y tecnológicos para la denuncia anónima y segura de actos de corrupción judicial, con protección integral a quienes colaboren en la lucha contra estas redes de impunidad.

3. Asegurar un acceso equitativo y oportuno a la justicia

• Ampliación territorial de la justicia: Extender la red de casas de justicia en regiones rurales y comunidades indígenas, con jueces itinerantes, intérpretes en lenguas originarias y atención jurídica gratuita, reduciendo la desigualdad geográfica en el acceso al sistema.
• Implementación de justicia digital: Modernizar el sistema judicial con expedientes electrónicos, audiencias virtuales y plataformas de asistencia legal remota, priorizando su uso en zonas rurales y sectores vulnerables.
• Defensorías comunitarias gratuitas: Crear y fortalecer defensorias legales en todo el país, gestionadas por el Estado en articulación con universidades y organizaciones sociales, para brindar orientación jurídica, mediación y defensa de derechos fundamentales.
• Perspectiva de género y derechos humanos en decisiones judiciales: Incluir de forma obligatoria la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en todas las actuaciones jurisdiccionales, acompañada de programas permanentes de capacitación y evaluación.
• Control digital y jerárquico de plazos procesales: Diseñar un sistema informático que obligue a cada juez o fiscal a ingresar los avances de sus procesos, generando una base de datos pública para autoridades jerárquicas que permita monitorear, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de plazos y obligaciones procesales.
• Evaluación interinstitucional inmediata del sistema judicial: Activar un proceso extraordinario de evaluación integral del Órgano Judicial, a través de una comisión interinstitucional, con el fin de identificar fallas estructurales y promover una depuración institucional con base en criterios objetivos y verificables.

4. Fortalecer la formación profesional y ética de operadores de justicia

• Creación de una Escuela Nacional de la Magistratura con carácter autónomo, orientada a la formación integral de jueces y fiscales, con un currículo moderno y estándares internacionales en materia de técnica jurídica, ética pública y enfoque humanista.
• Establecimiento de un sistema de evaluación periódica de desempeño y conducta ética para todos los operadores de justicia, con indicadores objetivos y consecuencias administrativas reales, incluidas sanciones, suspensión o cese en caso de incumplimiento.
• Implementación de un programa nacional de formación continua obligatoria, con módulos especializados en justicia penal, enfoque de género, lucha contra la corrupción, justicia indigena originaria campesina, derechos de la niñez y acceso a la justicia.
• Reforma y aplicación efectiva del Código de Ética Judicial, bajo la supervisión de una comisión ética independiente, con capacidad vinculante y facultades de fiscalización sobre los actos y decisiones de jueces y fiscales.

5. Reconocer e integrar la justicia indigena originaria campesina (JIOC) de manera efectiva

• Aprobación de un reglamento nacional de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indigena originaria campesina, que delimite claramente sus competencias, establezca canales de articulación y mecanismos de respeto mutuo.
• Capacitación intercultural obligatoria para jueces, fiscales y policías sobre principios, normas y procedimientos propios de la JIOC, con el objetivo de erradicar la discriminación institucional y el desconocimiento normativo.
• Reconocimiento oficial de las autoridades originarias como operadores jurisdiccionales, garantizando su autonomía, seguridad y ejercicio sin criminalización ni subordinación a instancias del sistema ordinario.
• Creación del Tribunal Plurinacional de Coordinación Judicial, con representación paritaria de ambos sistemas, encargado de resolver conflictos de competencia, armonizar criterios jurisprudenciales y fortalecer la justicia plural.

6. Reforma estructural del sistema penal y penitenciario

• Modificación del tratamiento de las medidas cautelares en el proceso penal, estableciendo que no constituyen un fin en sí mismas y que, en delitos patrimoniales o de daño económico cuantificable, se priorice el objetivo resarcitorio sobre el punitivo.
• Incorporación, dentro del marco normativo de la Ley 348, de un estándar probatorio compatible con los principios del Pacto de San José de Costa Rica, asegurando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
• Diseño e implementación de políticas penitenciarias orientadas a la aplicación de amnistías e indultos para reducir el hacinamiento carcelario, especialmente en casos de personas detenidas preventivamente sin sentencia ejecutoriada.
• Establecimiento de audiencias penitenciarias periódicas mediante visitas carcelarias judiciales, con enfoque humanitario y de derechos humanos, para evaluar la situación procesal de mujeres embarazadas, adolescentes, adultos mayores y demás grupos vulnerables privados de libertad.

7. Crear el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) como órgano autónomo de reestructuración judicial

El sistema judicial boliviano atraviesa una crisis estructural de legitimidad, independencia y eficacia. Se plantea la creación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano autónomo, técnico y no político, que impulse una reestructuración integral de la justicia, fuera del control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

• El CNJ tendrá autonomía funcional, administrativa, normativa y financiera.
• No dependerá de ningún poder del Estado ni responderá a designaciones políticas.
• Estará compuesto por 7 a 9 miembros con alta formación jurídica, sin militancia política ni vínculos partidarios recientes, elegidos por concurso público con participación de universidades, colegios profesionales y sociedad civil.

Sus competencias incluirán:

• Diseñar y ejecutar una reestructuración nacional del sistema judicial, evaluando y reorganizando estructuras, operadores y procedimientos.
• Administrar la carrera judicial: designaciones, ascensos, formación y régimen disciplinario.
• Formular propuestas de reforma constitucional y legal, especialmente en justicia ordinaria e indigena.
• Supervisar el acceso a la justicia, tiempos procesales, trato y calidad del servicio judicial.

Sus decisiones estarán guiadas por criterios técnicos y éticos, con rendición de cuentas ante la ciudadanía y auditoría externa permanente. Además, el CNJ operará bajo un régimen de austeridad, con pagos por sesión efectiva y sin beneficios burocráticos, evitando su burocratización y fomentando una vocación de servicio. Por ello, se establecerá un Observatorio Ciudadano de Justicia como ente de control social y vigilancia del trabajo del CNJ. Porque esta propuesta busca despolitizar profundamente el sistema judicial y recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma técnica, ética y transparente.

8. Crear una Unidad de Transparencia Judicial con participación ciudadana y auditorias externas

Para fortalecer la integridad en el sistema judicial, se propone crear una Unidad de Transparencia Judicial (UTJ), integrada por representantes del poder judicial, sociedad civil, colegios profesionales y expertos independientes.

• Monitoreará el desempeño ético y administrativo de jueces, fiscales y otros operadores judiciales.
• Establecerá indicadores públicos de transparencia y rendición de cuentas.
• Coordinará auditorias externas periódicas.
• Publicará informes con recomendaciones vinculantes.

Esta unidad promoverá una justicia imparcial, protegida de intereses ocultos y fortalecerá la confianza ciudadana en el sistema judicial.

9. Exigir la declaración pública de bienes y conflictos de interés de operadores de justicia

Para prevenir el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, se obligará a jueces, fiscales, defensores públicos y altos funcionarios judiciales a presentar y actualizar públicamente:

• Declaraciones patrimoniales, cuentas bancarias, vehículos y bienes relevantes.
• Participación en sociedades u organizaciones con potencial conflicto de interés.
• Declaraciones juradas anuales accesibles en una plataforma digital pública.

El incumplimiento será sancionado administrativa y penalmente, como mecanismo de control anticorrupción.

10. Digitalizar el sistema judicial para garantizar el seguimiento público de casos

Se implementará una plataforma digital nacional para el seguimiento de casos, resoluciones y etapas procesales, con trazabilidad y acceso público (salvo excepciones legales).

• Permitirá consultar expedientes, fallos y audiencias en tiempo real.
• Incluirá alertas que previenen la manipulación y demoras indebidas.
• Estará conectada con fiscallas, defensorias, registros y notarias.
• Reducirá el uso de papel y consolidará el expediente judicial electrónico.

Esta herramienta garantizará celeridad, transparencia y control ciudadano sobre la administración de justicia.

11. Reforma procesal, descongestionamiento y digitalización de la justicia

Se impulsará una transformación profunda del sistema judicial para garantizar mayor celeridad, transparencia y acceso efectivo a la justicia. Esta reforma contempla:

• Simplificación integral de los procedimientos judiciales, eliminando formalismos innecesarios, unificando normativas y priorizando la oralidad y celeridad.
• Creación de un programa nacional para la liquidación de causas con mora judicial extrema (más de 10 años), con equipos técnicos especializados y auditoria ciudadana.
• Fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje), mediante centros comunitarios, obligatoriedad en ciertas materias y campañas educativas.
• Digitalización completa del sistema judicial, con expediente electrónico, automatización de trámites, acceso remoto a audiencias, interoperabilidad institucional y atención asistida para sectores excluidos.

Esta propuesta apunta a descongestionar los tribunales, reducir la impunidad estructural y democratizar el acceso a la justicia.

12. Profesionalización, meritocracia y especialización judicial

Se propone reconfigurar la formación y selección de operadores judiciales bajo principios de excelencia, ética y compromiso con los derechos fundamentales. Las medidas incluyen:

• Creación de una Escuela Nacional de la Magistratura autónoma, con planes de estudio exigentes y participación de universidades, centros de derechos humanos y sociedad civil.
• Institución de una verdadera carrera judicial basada en concursos de méritos, evaluaciones periódicas, capacitación continua, incentivos al buen desempeño y un régimen disciplinario claro.
• Fomento de la especialización judicial en áreas clave como justicia de género, justicia indigena y derechos humanos, mediante formación especifica y transformación de juzgados ordinarios en juzgados especializados.

Estas acciones garantizarán una justicia imparcial, profesional e inclusiva, al servicio del pueblo y no de intereses corporativos o políticos.

13. Hacia una justicia plural, intercultural y descolonizadora

Se propone consolidar un verdadero pluralismo jurídico mediante el fortalecimiento institucional, normativo y operativo de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), reconociéndola como un sistema legítimo de resolución de conflictos y promoviendo su articulación armónica con la justicia ordinaria, bajo principios de igualdad, respeto mutuo y derechos humanos.

1. Reconocimiento pleno y fortalecimiento operativo de la JIOC

• Se garantizará el ejercicio autónomo de la jurisdicción indígena conforme a sus normas, procedimientos, cosmovisión y estructuras comunitarias, sin intromisión de autoridades ordinarias en asuntos de su competencia.
• Se reconocerá legalmente a las autoridades tradicionales como jueces naturales dentro de sus territorios, protegiendo sus formas propias de investigación, deliberación y sanción, siempre que no contravengan los derechos fundamentales.
• Se establecerá un registro nacional de fallos comunitarios con validez jurídica y ejecutoria, articulado con tribunales ordinarios y defensorias del pueblo, sin subordinar a las autoridades originarias al sistema estatal.
• Se incorporará estructuralmente la JIOC en los planes nacionales de acceso a la justicia, con asignación de recursos específicos, apoyo técnico y cobertura institucional en territorios donde el sistema ordinario no llega.

2. Formación y acompañamiento con enfoque intercultural

• Se impulsarán programas de formación dirigidos a autoridades originarias en derechos humanos, derecho constitucional e instrumentos internacionales, asegurando que se preserven su independencia, legitimidad comunitaria y cosmovisión.
• La capacitación será impartida por instituciones interculturales en coordinación con organizaciones indígenas, e incluirá contenidos sobre procedimientos administrativos, coordinación interjurisdiccional y registro de fallos.
• Se promoverán intercambios de saberes entre operadores de justicia ordinaria y autoridades indígenas, fomentando el respeto recíproco y la construcción de una cultura jurídica plural.

3. Mecanismos de coordinación entre sistemas jurídicos

• Se elaborarán protocolos institucionales de coordinación entre tribunales ordinarios y autoridades comunitarias para casos de competencia concurrente o conflictos interjurisdiccionales, con procedimientos de derivación, consulta previa y resolución respetuosa de controversias.
• Se crearán salas mixtas o comisiones conjuntas de justicia intercultural, integradas por jueces estatales especializados y sabios indígenas reconocidos, para tratar casos complejos que afecten a ambas jurisdicciones, proponiendo soluciones concertadas, respetuosas de ambas normativas y con enfoque de derechos.
• Se implementará una formación intercultural obligatoria para jueces, fiscales, abogados y defensores públicos sobre sistemas normativos indígenas, pluralismo jurídico, diversidad lingüística y cosmovisión originaria, en alianza con universidades e instituciones indígenas.

4. Marco legal garantista y no discriminatorio

• Se adecuarán las normativas vigentes para evitar la criminalización arbitraria de prácticas ancestrales legitimas, reconociendo su valor cultural, social y comunitario.
• Se garantizará el debido proceso comunitario bajo principios de dignidad, defensa, proporcionalidad y no tortura.
• Se exigirá el uso de peritajes antropológicos y lingüísticos en procesos judiciales que involucren prácticas indigenas, asegurando pertinencia cultural en la interpretación y aplicación del derecho.

Esta propuesta busca materializar el principio constitucional de la justicia plural, construir una convivencia armónica entre sistemas jurídicos, y avanzar hacia una justicia verdaderamente intercultural, descolonizadora y con pertinencia territorial.

8. TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Diagnóstico

Durante las últimas dos décadas, Bolivia ha sostenido su crecimiento económico y sus programas sociales sobre la base de un modelo extractivista que tuvo en los hidrocarburos y la minería sus pilares fundamentales. Este modelo permitió logros sociales históricos: reducción de la pobreza, ampliación de derechos, infraestructura nacional y soberanía económica relativa. Sin embargo, hoy ese mismo modelo muestra signos claros de agotamiento estructural.

Las reservas probadas de gas han caído drásticamente. La producción ha disminuido, los contratos con Brasil y Argentina se han debilitado, y la matriz energética nacional depende cada vez más de importaciones, especialmente de diésel. La subvención a los combustibles fósiles se ha vuelto insostenible tanto económica como ambientalmente. Mientras tanto, el proceso de industrialización del litio, los biocombustibles y la energía eléctrica aún no ha logrado consolidar cadenas de valor internas ni sustituir la dependencia externa.

El cambio climático, además, se ha convertido en un factor de riesgo estructural para Bolivia. Sequías prolongadas, incendios forestales devastadores, pérdida de biodiversidad, retroceso de glaciares y alteración de los ciclos productivos amenazan la seguridad alimentaria, hídrica y energética del país. El deterioro de la Amazonía, la Chiquitania y otros ecosistemas estratégicos no es solo una tragedia ecológica: es un riesgo directo para el futuro nacional.

Al mismo tiempo, existe una creciente presión social, especialmente de los sectores juveniles, indigenas, académicos y rurales, que exigen un modelo de desarrollo más sostenible, menos dependiente de la lógica extractiva, respetuoso de los derechos de la Madre Tierra y centrado en la justicia climática.

En este contexto, la transición energética y ecológica no puede seguir siendo un discurso retórico ni un proyecto subordinado. Debe convertirse en una política de Estado, con planificación a largo plazo, soberanía tecnológica, justicia territorial y participación ciudadana. Con este fin, proponemos:

1. Plan Nacional de Transición Energética Justa y Soberana

• Elaboraremos e implementaremos el Plan Nacional de Transición Energética 2025-2050, con metas claras de sustitución de hidrocarburos, diversificación de la matriz, ahorro energético, industrialización verde y generación descentralizada.
• Este plan priorizará fuentes limpias como solar, eólica, geotérmica, biomasa y energía hidroeléctrica de bajo impacto, con inversión pública y alianzas técnico-productivas con universidades y comunidades.
• Se establecerá un Fondo de Transición Energética alimentado por la reducción de subsidios fósiles, cooperación internacional y renta estratégica de nuevos sectores, destinado a financiar tecnologías limpias, investigación, reconversión industrial y programas sociales.

2. Revolución del Litio y la energía estratégica

• Se dará un salto cualitativo en la industrialización del litio con valor agregado. No venderemos carbonato: produciremos baterías, componentes y tecnología con sello boliviano.
• Se desarrollarán parques industriales estratégicos en Potosí y Oruro, bajo control estatal y con participación público-comunitaria.
• Se promoverá una Alianza Internacional del Litio del Sur Global, con Argentina, Chile y otros países del G77, para garantizar precios justos, soberanía tecnológica y un mercado regional integrado.

3. Industrialización de los biocombustibles y sustitución del diésel

• Se invertirá en una red nacional de plantas de biodiésel y etanol, priorizando alianzas con productores agrícolas, empresas públicas y cooperativas.
• La sustitución del diésel importado será una política de seguridad energética, con beneficios fiscales para transportistas que migren a combustibles renovables o motores eléctricos.
• Se creará un Programa de Reconversión Vehicular Sostenible, con incentivos para transporte público, maquinaria agrícola e industria pesada.

4. Descarbonización progresiva del sistema eléctrico y eficiencia energética

• Se establecerán normas obligatorias de eficiencia energética para electrodomésticos, edificaciones públicas, luminarias y transporte urbano.
• Se impulsará el uso de paneles solares domiciliarios y sistemas híbridos en zonas rurales, con subsidios cruzados y bonos verdes para familias de bajos ingresos.
• Las empresas eléctricas públicas serán parte de un proceso de modernización y digitalización, incorporando tecnologías inteligentes, almacenamiento y balance de redes.

5. Protección de ecosistemas estratégicos y justicia ambiental territorial

• Aprobación de una Ley de Protección Integral de la Amazonía y la Chiquitania, que prohíba la expansión extractiva en áreas sensibles, garantice presupuestos ecológicos descentralizados y fortalezca la gobernanza indígena territorial.

• Creación de un Sistema Nacional de Restauración Ecológica, con reforestación masiva, corredores biológicos y empleos verdes, en alianza con gobiernos subnacionales, universidades y pueblos originarios.

• Implementación de un Mecanismo de Justicia Climática Intergeneracional, con un Consejo Nacional de Jóvenes por el Clima que tenga voz vinculante en las politicas ambientales del Estado.

6. Creación del Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental Comunitario (SINMAC)

Para fortalecer la vigilancia ambiental y empoderar a las comunidades locales en la defensa de sus territorios, se propone la implementación del SINMAC, una red de monitoreo comunitario, intercultural y participativo, coordinada con instancias técnicas y académicas, que permita el seguimiento continuo de los impactos ambientales en regiones críticas del país. Acciones clave:

• Capacitar a comunarios e instituciones locales en el uso de tecnologías accesibles para el monitoreo ambiental (GPS, drones, sensores de calidad de agua, etc.).
• Establecer alianzas con universidades y centros de investigación para validar científicamente los datos obtenidos.
• Crear una plataforma digital nacional de acceso público con mapas y alertas ambientales (deforestación, contaminación hídrica, incendios, etc.).
• Reconocer legalmente el rol de los “guardianes ambientales comunitarios” en TIOCs y áreas protegidas, otorgándoles legitimidad ante el Estado.
• Utilizar la información generada para activar respuestas institucionales rápidas y fundamentar denuncias ante la justicia ambiental.

7. Reforma Estructural del Régimen Legal Ambiental y Creación del Defensor de la Madre Tierra

La dispersión normativa, la obsolescencia de leyes y la debilidad en su cumplimiento constituyen un obstáculo estructural. Se propone una reforma integral del marco jurídico ambiental y la creación de una nueva figura institucional autónoma: el Defensor de la Madre Tierra, con funciones preventivas, fiscalizadoras y sancionatorias. Acciones clave:

• Codificación del Derecho Ambiental Boliviano: simplificación y armonización de leyes, decretos y reglamentos vigentes en una Ley Marco Ambiental.
• Incorporación del principio de responsabilidad ambiental intergeneracional y del “daño ecológico colectivo” como tipo penal.
• Creación del Defensor de la Madre Tierra: autoridad autónoma con capacidad para iniciar acciones legales, emitir alertas tempranas y representar a los ecosistemas como sujetos de derechos.
• Establecimiento de Tribunales Ambientales regionales con participación indígena, para la resolución de conflictos socioambientales.
• Tipificación y sanción del “ecocidio” como delito contra la humanidad en casos de daño ambiental irreparable y masivo.

8. Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica Multisectorial

Diseñar e implementar una política nacional que articule integralmente los distintos sectores que demandan y afectan el agua (agua potable, saneamiento, riego, minería, industria y energía), sobre la base del Plan Plurinacional de Recursos Hidricos (PPRH 2021-2025), incorporando mecanismos de gobernanza hídrica con participación social, control público y enfoque de cuenca. Esta política debe

priorizar la sostenibilidad del recurso, la justicia territorial en el acceso, la conservación de ecosistemas hídricos y la resiliencia ante el cambio climático.

9. Economía circular y transformación del modelo productivo

• Establecimiento de un Marco Legal de Economía Circular, con incentivos para el reciclaje, la reutilización, el ecodiseño y la producción limpia.
• Creación de parques tecnológicos para residuos industriales, electrónicos y orgánicos, que permitan generar empleo, insumos secundarios y reducir la presión sobre los ecosistemas.
• Se aplicará un impuesto verde progresivo a actividades altamente contaminantes que no adopten estándares de sostenibilidad, con reinversión directa en comunidades afectadas.

La transición energética no será inmediata ni gratuita. Pero es ineludible. No hay soberanía sin energía. No hay futuro sin naturaleza. No hay justicia sin justicia ambiental. Bolivia puede y debe ser líder en el Sur Global de un modelo alternativo: productivo sin ser depredador, moderno sin ser colonial, soberano sin ser extractivista.

No buscamos “desarrollismo ecológico” al servicio del capital verde. Buscamos otra forma de vivir, producir y gobernar, donde los recursos estratégicos sean base de justicia, las energías limpias un derecho, y la Madre Tierra una fuente de vida, no una mercancía.

Andrónico Rodríguez no viene a administrar el viejo modelo. Viene a conducir la transición hacia un país que viva bien sin destruir su casa común.

9. POLÍTICA EXTERIOR E INSERCIÓN EN EL MUNDO MULTIPOLAR

Diagnóstico

Bolivia ha vivido una larga historia de tensiones entre su vocación internacionalista y su marginalización geopolítica. A pesar de contar con una ubicación estratégica en el centro de Sudamérica, con recursos naturales de importancia mundial, identidad plurinacional única y una memoria histórica de luchas anticoloniales, el país ha oscilado entre la sumisión diplomática, el aislamiento político y la retórica sin estrategia.

Durante el proceso de cambio iniciado en 2006, Bolivia dio pasos importantes en su proyección internacional: impulsó el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en foros globales, fortaleció la integración con países del ALBA, posicionó la diplomacia de los pueblos indígenas y cuestionó el modelo de desarrollo impuesto por las potencias y los organismos multilaterales. Sin embargo, en la última etapa, la política exterior sufrió una pérdida de rumbo: retrocesos institucionales, contradicciones discursivas, vacíos de liderazgo, diplomacia improvisada y descoordinación con las necesidades reales del país.

Hoy el mundo atraviesa una crisis de hegemonias, con el ascenso de potencias emergentes, tensiones comerciales globales, militarización del espacio geopolítico, disputa por recursos estratégicos y transición hacia nuevas energías. En ese contexto, Bolivia no puede seguir siendo un actor periférico. Necesita una política exterior soberana, profesional, descentralizada y conectada a su proyecto

histórico. Una diplomacia que deje de girar en torno a la coyuntura política interna y se convierta en un instrumento de desarrollo productivo, defensa de recursos, integración regional e incidencia global.

Además, la situación de los bolivianos en el exterior -particularmente en países como Argentina, España, Brasil, Chile y Estados Unidos- sigue marcada por la precariedad, la falta de protección consular real, la ausencia de políticas migratorias inclusivas y la invisibilidad en la toma de decisiones del Estado. La ciudadanía global boliviana existe, pero el Estado aún no la reconoce plenamente.

Frente a todo esto, proponemos una política exterior que deje de ser una lista de visitas protocolares y se convierta en una estrategia geopolítica de inserción transformadora, anclada en la dignidad, la cooperación Sur-Sur, la defensa de nuestros recursos y la vocación latinoamericana del Estado Plurinacional. Por ende, proponemos:

1. Soberanía internacional con visión estratégica de largo plazo

• Implementaremos una Política Exterior de Estado 2025-2050, construida participativamente con expertos, universidades, movimientos sociales, servicio exterior y ciudadanía migrante, con ejes de soberanía, integración, justicia global y cooperación estructural.
• Reestructuraremos el Servicio Diplomático Boliviano, bajo criterios de profesionalización meritocrática, paridad de género, formación continua, evaluación de desempeño y descentralización territorial.
• Se revalorará la Escuela Diplomática como centro de pensamiento estratégico latinoamericano, con formación en geopolítica, multilateralismo, justicia climática, cooperación Sur-Sur, descolonización y derechos colectivos.

2. Reactivación de la integración regional desde el sur

• Bolivia será actor central en la reconfiguración de la integración regional, impulsando espacios como CELAC, UNASUR, MERCOSUR y ALBA con visión postneoliberal, multilateral y solidaria.
• Impulsaremos el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración como proyecto geopolítico regional, energético, logístico y productivo, con participación pública y comunitaria.
• Fortaleceremos la complementariedad energética y alimentaria sudamericana, promoviendo una red regional de interconexión eléctrica, intercambio de tecnologías limpias, políticas comunes de seguridad alimentaria y regulación de mercados estratégicos.
• Propondremos la creación de un Banco de los Pueblos del Sur, que financie proyectos soberanos sin condicionalidades neoliberales.

3. Geopolítica de los recursos naturales con soberanía tecnológica

• Bolivia promoverá una Alianza de Estados con Recursos Estratégicos (litio, agua dulce, biodiversidad, energía) para defender su uso soberano, establecer mecanismos de gobernanza regional y crear capacidades científicas conjuntas.
• Se impulsará una política internacional para declarar los recursos naturales estratégicos como bienes comunes de los pueblos, no como mercancías del mercado financiero global.
• Defenderemos ante instancias internacionales el derecho de los pueblos a regular sus recursos sin imposiciones de tratados bilaterales de inversión o mecanismos arbitrales coloniales.

4. Diplomacia climática, cultural y de los pueblos

• Bolivia asumirá un rol activo en los espacios multilaterales climáticos (COPs, ONU, G77+China), posicionando el Vivir Bien como paradigma alternativo al desarrollo, con propuestas de justicia climática, derechos de la Madre Tierra y responsabilidades diferenciadas.
• Crearemos una Red Mundial de Estados Plurinacionales y Multiculturales, que compartan experiencias sobre derechos colectivos, democracia intercultural, sistemas jurídicos originarios y descolonización del Estado.
• Impulsaremos una diplomacia cultural activa, con promoción de las lenguas originarias, el arte, la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y las formas comunitarias de vida como patrimonio de la humanidad.

5. Protección de la ciudadanía boliviana en el exterior y migración con derechos

• Aprobaremos la Ley Integral de Ciudadanía Global Boliviana, que reconozca derechos plenos a las y los bolivianos residentes en el exterior, incluyendo representación legislativa, participación digital en procesos nacionales, acceso a servicios consulares ampliados y doble nacionalidad efectiva.
• Se establecerán Consejos Consultivos de Migrantes en las principales ciudades del mundo donde haya población boliviana, con poder de propuesta vinculante en política exterior, educación intercultural, remesas productivas y derechos laborales.
• Se desarrollará un Plan Nacional de Retorno Voluntario y Productivo, para facilitar el regreso de quienes deseen volver al país con condiciones laborales, habitacionales y crediticias dignas.

6. Nueva doctrina de defensa nacional con enfoque geopolítico, ecológico, productivo y soberano

• Reorientaremos la doctrina de defensa nacional hacia la protección de recursos estratégicos, el control de fronteras ante crimen transnacional, la prevención de desastres climáticos y la defensa de la soberanía cibernética.
• La defensa no será solo militar: será territorial, hídrica, climática y digital, articulando fuerzas armadas con ciencia, protección civil, pueblos indígenas y plataformas de ciberseguridad soberana.
• Se impulsará una Geopolítica Popular del Estado Plurinacional, que democratice la visión de la defensa, con participación de la sociedad en la vigilancia y planificación estratégica del territorio.

Nuestra política exterior no será solo una herramienta del gobierno. Será un mandato del pueblo. Una diplomacia soberana no se arrodilla, no se aísla, no improvisa: piensa, cuida, integra y transforma. Porque Bolivia no está condenada a ser patio trasero ni mina de paso. Bolivia será puente de integración, voz ética del sur y corazón de un nuevo mundo multipolar, justo y digno.

10. DEFENSA, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD FRONTERIZA

DEFENSA

Diagnóstico

La defensa nacional de Bolivia atraviesa un momento crítico marcado por la desarticulación doctrinal, el rezago tecnológico y la pérdida de cohesión institucional. Las Fuerzas Armadas siguen ancladas a un modelo tradicional de defensa territorial, desfasado frente a las amenazas del siglo XXI: ciberataques, crimen organizado transnacional, conflictos climáticos, guerra hibrida y disputas geopolíticas en torno a recursos naturales. La dependencia tecnológica externa, la falta de una industria militar propia y la escasa articulación con políticas de desarrollo agravan la vulnerabilidad estratégica del pais.

Asimismo, la creciente fragmentación social y regional, el riesgo pais derivado de la crisis económica estructural, y el aislamiento frente a alianzas internacionales multipolares, debilitan la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva y construir una defensa disuasiva. Se requiere una transformación integral del sistema de defensa que supere el reduccionismo militarista y lo vincule al desarrollo territorial, la innovación tecnológica y la cohesión nacional, bajo una doctrina moderna y soberana. Por ello, proponemos:

• Redefinición doctrinal de las Fuerzas Armadas bajo un enfoque multidimensional de defensa nacional
• Reemplazar el paradigma exclusivamente militar por una concepción integral de defensa que incorpore seguridad alimentaria, hídrica, energética, cibernética y climática.
• Creación de un Sistema Nacional de Defensa Multidimensional.
• Integrar a las FFAA. con instituciones civiles, cientificas y productivas para responder de forma coordinada a amenazas hibridas y emergentes.
• Industrialización militar y desarrollo de capacidades tecnológicas propias
• Impulsar la creación de un Complejo Tecnológico Militar que combine inversión pública, cooperación con paises aliados (BRICS, Irán, India, etc.) y participación empresarial mixta.
• Modernizar los sistemas de vigilancia fronteriza e inteligencia táctica para enfrentar amenazas transnacionales (narcotráfico, contrabando, minería ilegal).
• Consolidación de un sistema de alianzas internacionales sin subordinación ideológica.
• Participar activamente en operaciones de paz, simulacros conjuntos y misiones de asistencia humanitaria bajo organismos multilaterales como ONU y Unasur renovada.
• Modernización del equipamiento militar con enfoque disuasivo, defensivo y sustentable.

INFRAESTRUCTURA

1. Infraestructura vial

Existe un déficit de infraestructura vial de transporte y comunicaciones, lo que se constituye como un factor histórico que afecta a la integración territorial y limita la productividad, competitividad y desarrollo del pais; afectando también los procesos de integración regional. Por eso proponemos:

• Desarrollar y ampliar la vertebración interna a través de un sistema de integración multimodal de transporte, que promueva y garantice la movilidad sostenible. Infraestructura que debe estar orientada e integrada a los corredores bioceánicos que se tienen previsto implementar, contribuyendo de esta manera al desarrollo socio económico del pais.
• Desarrollar y articular las infraestructuras de transporte en sus distintas modalidades en coordinación con las entidades públicas y privadas.
• Mejorar la prestación de servicios en transporte público y privado de personas y bienes en condiciones de equidad, calidad seguridad y sostenibilidad.
• Desarrollar la integración y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte para mejorar la logística bajo condiciones de eficiencia operativa y económica en la producción y el comercio.
• Diseñar y ejecutar políticas, normas, programas y proyectos en la prestación de servicios de calidad, en Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, para alcanzar el acceso universal a los mismos.
• Desarrollar y Promover el uso de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y Comunicación, de manera eficiente en la producción nacional, para incrementar la productividad.

2. Infraestructura ferroviaria

El país cuenta con dos redes ferroviarias, la occidental y la oriental, el sistema ferroviario se encuentra estancado siendo operadas por empresas privadas extranjeras como consecuencia de la capitalización, uno de los mayores problemas es no haber logrado la interconexión de la red oriental con la red occidental. Esta situación afecta negativamente a la economía, el comercio, la innovación, el bienestar social y la integración territorial. Hay que hacer énfasis en el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, un proyecto que unirá la costa del Atlántico con la costa del Pacífico por medio de una vía férrea de 3700 kilómetros de longitud, en la que Bolivia tiene una participación protagónica junto a Brasil y Perú. De hecho, China prevé una inversión inicial $us 3.500 millones en la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración Por otra parte, proponemos:

• Realizar la interconexión de la dos Redes mediante la alternativa del eje Cochabamba-Yapacani (Villa Tunari) 380 km . De los cuales ya se realizó la licitación para la construcción de un tramo de una longitud de 18,30 kilómetros, como parte de un proyecto mayor que busca conectar Montero - Santa Rosa - Río Yapacani, alcanzando un total de 89,737 kilómetros.
• Este corredor reducirá significativamente las actuales distancias y costos logísticos, beneficiando no sólo a grandes exportadores y/o importadores, también a pequeñas y medianas empresas.
• Potenciar el papel estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay, dentro de los proyectos regionales alineados con la Franja y la Ruta.
• La construcción y habilitación de vías multimodales de conectividad vial, ferroviaria, fluvial y aérea promoverán el desarrollo de ambos países.
• El proyecto del corredor ferroviario (Brasil, Bolivia y Perú) es de 3700 km , lo que garantiza menores distancia y menores tiempos para el traslado de mercaderías
• Se proyecta que el tren Bioceánico transporte para la exportación 10 millones de toneladas en carga de soya, aceites, minerales, productos de hierro, entre otros.
• El proyecto de interconexión de la Red Oriental con la Red Occidental contará además con estudios ambientales y sociales correspondientes. Se harán alianzas público-público y públicoprivado.
• Se crearán nuevas cadenas logística, abriendo oportunidades en sectores como manufactura, agroindustria y minería. Unos de los beneficios más importantes será la generación de empleo, desde la construcción hasta la operación de trenes, se generarán empleos directos e indirectos.
• El turismo nacional se dinamizará por una mayor conectividad de regiones turísticas que se encuentran limitadas por falta de accesibilidad, recibiendo inversiones en nuevos y potenciales circuitos y destinos turísticos.
• El proyecto de este corredor estará integrado a la Hidrovía Paraná-Paraguay, ya que permite transportar eficientemente productos entre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, desde y hacia el océano Atlántico, ya que es un canal de comunicación entre toda la región.

SEGURIDAD FRONTERIZA

Bolivia pierde cada año más de US $ 1.000 millones por contrabando, debilitando la producción nacional y las recaudaciones fiscales. Muchos comerciantes recurren al contrabando por los altos costos, trabas burocráticas y corrupción en aduanas. Por ello, los grupos organizados de contrabando operan como estructuras criminales, lavando activos y utilizando redes logísticas impunes.

Ante esto, es necesario:

• Transformar el sistema aduanero en un instrumento ágil, digital y justo para el comercio legal.
• Reducir incentivos económicos al contrabando.
• Combatir eficazmente a las mafias del contrabando desde una perspectiva penal, económica y patrimonial.
• Recuperar recursos para el Estado y proteger la industria nacional.

Con tal fin, proponemos:

1. Aduana digital, ágil y accesible para el comerciante

• Legalizar es más barato: reducción de aranceles para micro importadores y comerciantes minoristas si se registran oficialmente.
• Plataforma digital única para trámites aduaneros, interoperable con Impuestos, UIF y Migración.
• Régimen simplificado de importación para zonas de frontera, ferias populares y sectores específicos (ropa, electrodomésticos, alimentos).
• Digitalización total del despacho aduanero y reducción de plazos de internación legal al mínimo (24 a 72 hrs ).
• Ventanilla única móvil para asistencia a comerciantes en zonas alejadas o mercados.

2. Política institucional contra el contrabando organizado

• Reforma del Código Penal: incorporación del delito de “contrabando agravado y organizado” con penas más altas y enfoque económico.
• Extinción de dominio sobre camiones, inmuebles, galpones y cuentas bancarias usados en contrabando, sin necesidad de condena penal previa.
• UIF con facultades plenas para rastrear flujos de dinero relacionados con contrabando y lavado de activos.
• Coordinación aduanera con la FELCN y el Ministerio Público para investigaciones conjuntas.

3. Coordinación binacional y control inteligente de fronteras

Sistema de monitoreo con drones, escáneres y radares en puntos críticos fronterizos (Pisiga, Bermejo, Yacuiba, Desaguadero).

• Acuerdos binacionales con Chile, Perú y Argentina para operativos conjuntos y compartición de inteligencia aduanera.
• Zonas Económicas Fronterizas Controladas (ZEFC): facilitar importación legal y formalizar el comercio en zonas vulnerables.

4. Política de incentivos para el comercio legal

• Otorgar certificados de crédito fiscal y beneficios tributarios a comerciantes que declaren legalmente sus importaciones durante 3 años continuos.
• Créditos productivos especiales para importadores legales registrados en el nuevo padrón aduanero.
• Convenios con federaciones de comerciantes, gremiales y transportistas para impulsar la cultura de la legalidad.

11. JUVENTUD Y PERSPECTIVAS DE CAMBIO SOCIAL PARA EL DESARROLLO

Diagnóstico

Bolivia vive actualmente un periodo donde la estructura población es favorable para su crecimiento económico debido a que la proporción de personas en edad de trabajar y realizar una actividad económica rentable y activa de entre lo 15 y 64 años es la población predominante o mayos del total de la población del país.

Bolivia por tanto se encuentra en un momento clave para convertir a su juventud en el motor del desarrollo, esta característica comienza desde 2014 y termina entre los años 2022 a 2024 y durara hasta alrededor de 2025 a 2060 dependiendo de las tasas de fecundidad y migración, en términos relativos los jóvenes en Bolivia (población menos a 30 años) es el 60% de la población total proyectada de Bolivia.

En este contexto, poblacional y de oportunidad de desarrollo abre las puestas a un mayor ahorro e inversión así como la apertura de un crecimiento económico acelerado con la posibilidad del fomento de la innovación y emprendimiento. Con este fin, proponemos

1. Fomento y apoyo a la formación y profesionalización de las juventudes de manera estratégica y productiva

• Diseño e implementación del Programa Nacional de Capacitación Juvenil para la Nueva Economía, enfocado en habilidades digitales, empresariales y tecnológicas aplicadas al fortalecimiento de MIPYMES.
• Creación de Centros de Formación Rápida y Dual (presenciales y virtuales) en habilidades clave como comercio electrónico, marketing digital, automatización empresarial, gestión de datos, atención al cliente digital, ciberseguridad y administración de tecnologías emergentes.
• Creación del Sistema de Certificación de Competencias Digitales y Tecnológicas para Jóvenes, otorgando validez oficial a las habilidades adquiridas y facilitando su empleabilidad en sectores estratégicos.
• Promoción de la Inclusión Territorial y Social, priorizando el acceso gratuito o subvencionado a la capacitación para jóvenes rurales, indígenas, mujeres y personas con discapacidad, garantizando igualdad de oportunidades.
• Programa de Primer Empleo Digital: impulso a contratos de aprendizaje y prácticas laborales remuneradas para jóvenes capacitados, integrados en MIPYMES que implementen procesos de transformación digital.

2. Inclusión económica productiva de la juventud en términos de las nuevas tecnologías y espacios de desarrollo

• Diseño e implementación del Programa Nacional de Capacitación Juvenil para la Nueva Economía, enfocado en habilidades digitales, empresariales y tecnológicas aplicadas al fortalecimiento de MIPYMES.
• Inserción laboral digna: contratos formales mediante la Ley de Primer Empleo público y privado
• Protagonismo político y participación en determinación formal de un 25% en cargos de decisión publico o privado
• Régimen tributario simplificado a jóvenes con dirección a PyMES
• Desarrollo de Alianzas Público-Privadas con universidades, institutos técnicos, plataformas de capacitación digital y empresas tecnológicas para ampliar cobertura y actualizar permanentemente los contenidos formativos.
• Incorporación de modalidades de formación bootcamp (cursos intensivos de corta duración) para competencias en Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (loT), programación, diseño UX/UI y uso de CRM/ERP para pymes.
• Vinculación directa de los programas de capacitación con proyectos estatales de apoyo a MIPYMES, asegurando que jóvenes formados sean integrados en procesos de asesoramiento, digitalización y fortalecimiento productivo de pequeñas empresas.

3. Aprovechamiento de la ventana poblacional

• las políticas públicas productivas, económicas y Sociales deben ser orientadas al Aprovechamiento del beneficio del bono demográfico para acelerar La productividad y desarrollo.
• la juventud será al Igual que el género la Medida transversal de la toma de decisiones para el desarrollo.