Alianza Unidad

1. Prólogo

En el año del bicentenario, los bolivianos enfrentamos una profunda crisis económica, institucional y social, producto de décadas de despilfarro, centralismo, corrupción y un modelo agotado. El país ha perdido oportunidades históricas de desarrollo, mientras la pobreza, la informalidad, la inseguridad y la incertidumbre crecen. Frente a este panorama, la Alianza UNIDAD presenta una propuesta clara, estructurada y valiente: un nuevo rumbo para Bolivia, construido sobre la base de la estabilidad económica, el emprendimiento, la justicia social, la democracia y la unidad nacional.

Este programa no es un listado de promesas, sino una hoja de ruta detallada que parte de cinco soluciones clave para salir de la crisis y transformarse en un Estado moderno, justo y competitivo. Propone una estabilización macroeconómica responsable, el restablecimiento de la confianza institucional y la apertura a un nuevo modelo de desarrollo centrado en el emprendimiento y la innovación. Al mismo tiempo, coloca en el centro de sus políticas la igualdad de oportunidades, especialmente para los jóvenes, las mujeres, la niñez, las regiones y los sectores más vulnerables del país.

La esencia del programa es clara: Bolivia debe dejar atrás el extractivismo rentista, reconstruir sus instituciones y liberar su potencial productivo y humano. Para ello, plantea una transformación educativa profunda, una revolución del emprendimiento, una política fiscal seria y transparente, el fortalecimiento de la salud pública, la descentralización efectiva, y la digitalización del Estado. Con un enfoque integral y realista, se proponen medidas concretas para recuperar los dólares, ordenar las finanzas públicas, revitalizar las exportaciones, integrar las regiones, abrir la economía al mundo y garantizar derechos fundamentales a toda la población.

La propuesta de la Alianza UNIDAD se construye desde la convicción de que solo unidos, con trabajo, honestidad y visión de futuro, podremos reconstruir Bolivia. Este programa es una invitación a transformar la frustración en esperanza, y la esperanza en acción. Es hora de liberarnos del atraso, recuperar la confianza y construir un país donde el mérito, el esfuerzo y la dignidad sean el nuevo modelo de progreso.

Todos nos hacemos las mismas preguntas. Todos nos preguntamos: ¿Cómo es posible que un país que hace apenas una década era tan rico, esté hoy en una de sus peores crisis de su historia? ¿Cómo es posible que, habiendo tenido lo que la gente necesita y busca, no se haya traducido en progreso para Bolivia y sus familias? ¿Cómo es posible que pudiendo crecer y desarrollarnos, hoy estemos retrocediendo y sin esperanza?

Nos hicieron creer que la riqueza con la que se toparon los gobernantes hace casi veinte años, iba a convertirnos en un país pujante y que estábamos destinados a ser una gran Nación. Pero perdimos una gran oportunidad.

Una vez más, la gente que nos gobernó en las dos últimas dos décadas, pensó que el crecimiento iba a venir solamente porque nos convertimos en un país con una gran riqueza natural. Pero esta riqueza había que convertirla en progreso, y eso no se hizo.

La bonanza de los hidrocarburos, claramente marcada entre los años 2006 al 2015, hizo que en esos diez años el gobierno de Morales y su ministro Arce, administraran recursos nunca antes vistos en nuestro país, cerca a noventa mil millones de dólares, hasta cinco veces más recursos que los anteriores diez años de gobierno.

El pasado año, el Presidente Luis Arce admitió que “el gas se había agotado y no había de dónde sacar plata”; asimismo, uno de sus ministros declaró que el ex presidente Morales y algún ex ministro de la época, mintieron acerca de declaraciones pasadas sobre la existencia de un “océano de gas”. Esto sólo confirmó que sin gas no hay más milagros y que se acabó el modelo mentiroso y fracasado.

No hay éxito, menos milagro, sin trabajo, no hay logros sin esfuerzo, no hay resultados sin un empeño constante, bien direccionado y organizado.

La gestión que administró la época de bonanza y que ahora está pagando los platos rotos de su ineficiencia, no cumplió con el primer mandato de la ciencia de la economía: no asignó de manera correcta los recursos, que ellos creían iban a ser eternos, para el bien mancomunado de la ciudadanía.

Al contrario, la bonanza que administraron fue encontrada por los gobernantes de aquel día sin haber hecho mayor esfuerzo y sin tener objetivos claros; tal vez sí ideología, que la sobrepusieron sobre la economía y el bien de todos.

No hay milagros, los extraordinarios recursos que Evo Morales y Luis Arce mal administraron, fueron fruto de planes, proyectos y gestiones de técnicos y políticos que cuarenta años atrás avizoraron una oportunidad para el país; Morales y su equipo la tomaron y la exprimieron hasta que se acabó, sin hacerla sostenible.

Nos mintieron, nos hablaron de industrialización, de excedentes para políticas sociales, creían que el dinero nunca iba a faltar y ahora enfrentan una realidad diferente y deben acudir a vivir del fiado, con los recursos de los jubilados, dinero que también la acabarían algún día, si no hacemos algo.

Estas decisiones erradas nos llevaron a los problemas que ahora nos hacen tocar fondo. La escasez de dólares, de combustibles y un aumento de los precios y escasez gradual de alimentos, incrementan la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.

Se acabó el tiempo de esperar que las cosas se den por sí solas. Es hora de poner manos a la obra y construir una gran Bolivia.

NADIE LO HARÁ POR NOSOTROS.

Tenemos todo en el aire, en el suelo y en el subsuelo, pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados:

• la corrupción, que nos roba lo que es de todos;
• la falta de desarrollo educativo, que nos limita y condiciona;
• la ausencia de una ambición tecnológica, que nos atrasa y nos empobrece;
• un modelo económico equivocado, que ya no puede dar más de sí;
• y las divisiones políticas y territoriales, que impiden que nuestra fuerza sea la unión.

Estos candados, estas cerraduras, nos esclavizan. La falta de progreso es la esclavitud moderna. DEBEMOS LIBERAR BOLIVIA. Ese debe ser nuestro reto compartido. Cumpliremos doscientos años de nuestra Independencia y debemos volver a liberarnos, esta vez para tener estabilidad, para tener justicia, para tener progreso.

Nos estamos convirtiendo en Venezuela en cámara lenta, pero todavía tenemos una oportunidad. No esperemos a vivir lo que millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela sufren hoy.

Nos han hecho creer que no hay alternativa, que el camino que recorremos es el único posible. Una mentira inventada por el modelo socialista para que los bolivianos nos resignemos y dejemos de luchar por un país más justo.

Por eso debemos tener algo en claro: no basta con derrotar al MAS, hay que acabar con el modelo que nos gobierna hace veinte años y emprender un nuevo rumbo, con libertad, justicia, solidaridad, oportunidades económicas, defensa de la propiedad privada, seguridad jurídica para las inversiones y apertura al mundo.

Ha llegado el momento de hacerlo. Ha llegado nuestro momento.

¡BASTA!

2. Sabemos cómo hacerlo

Hoy tenemos un nuevo reto: Estabilidad para Bolivia, garantizar su progreso, ordenarla para detener los abusos que hoy abundan y liberar su fuerza; acrecentar nuestro orgullo a través de la unión de todas las regiones, de todos los bolivianos, de todas las bolivianas. En definitiva, GANAR EL FUTURO.

Tenemos un reto y un plan con soluciones concretas para los problemas de Bolivia, PORQUE SABEMOS CÓMO HACERLO.

Este plan es el resumen de un proceso de diálogo, de compartir ideas y construir Soluciones en todo Bolivia. Nadie tiene verdades completas, por eso fue importante que hayamos sido muchos y diversos.

Los bolivianos estamos frustrados, enojados, preocupados y presos de una gran incertidumbre. Pero entre todos vimos que sí hay una salida, que hay una esperanza. Aún en los momentos más oscuros, nos pueden haber robado todo, menos la esperanza.

Este Programa es un resumen de soluciones otorgadas por sobrevivientes, porque todos los bolivianos lo somos.

• Son sobrevivientes las madres que hoy son jefas de familia y no les alcanza el dinero.
• Son sobrevivientes los jóvenes que quieren emprender y encuentran toda clase de trabas, pero que igual pelean por crecer.
• Son sobrevivientes los miles de bolivianos que hacen filas para cargar diésel para poder ir a trabajar.
• Son sobrevivientes los comerciantes que sufren la falta de dólares y la caída en sus ventas y que, a pesar de eso, abren sus puertas todos los días.
• Son sobrevivientes los abuelos que esperan horas para ser atendidos en un centro de salud, los niños que no reciben la educación que merecen.

Todos somos sobrevivientes. Y los sobrevivientes tenemos algo en común, una cualidad que es muy importante y que va a ser la que nos permita llevar adelante el cambio que nuestro país necesita: NO NOS RENDIMOS, dejaremos de sobrevivir, ahora se trata de vivir.

Se vive mejor bajo otras reglas, con un modelo de libertad, justicia y trabajo, como lo hace la mayor parte del mundo desarrollado. No estamos condenados a vivir para siempre en un estatismo centralista y populista que es el escenario de la corrupción y el abuso.

Conocemos ese modelo alternativo, el modelo de la empresa, del emprendimiento, del mercado. En este modelo, existen controles y transparencia, y el mérito y el esfuerzo son indispensables para el crecimiento. En este modelo, el conocimiento y el trabajo son fundamentales para el éxito y la creación de riqueza.

Este modelo tiene muchos componentes, pero su base es el sueño de emprender y no depender solamente del Estado.

Los bolivianos anhelan ser emprendedores porque saben que eso les puede dar empleo; porque saben que eso les puede dar ingresos; porque saben que el emprendimiento se basa en la creatividad de los jóvenes y la experiencia de los mayores.

Estamos convencidos de que la semilla del emprendimiento ya está plantada en Bolivia. Los bolivianos somos grandes emprendedores porque somos sobrevivientes.

Solo se necesita que reguemos esta semilla, que le pongamos abono con apoyo del Estado, de las universidades y las familias, para que crezca y se reproduzca en UN MILLÓN de nuevos emprendimientos.

El turismo también será fundamental para nuestro despegue. Necesitamos una revolución del turismo que en dos años llegue a atraer DOS MILLONES de visitantes extranjeros y a generar ingresos por 3.000 millones de dólares.

Para eso se necesita apoyo del Estado y de un conjunto de certezas. La primera de estas certezas es: Tolerancia cero a los bloqueos y avasallamientos que complican el normal desarrollo de nuestras vidas. No podemos dejar que algunos grupos o algunos personajes sientan que son dueños de nuestro derecho de transitar libremente.

Sentimos orgullo por nuestra gente, nuestra cultura y nuestros sitios históricos. En base a este orgullo y a una marca país potente debemos convertir a Bolivia en uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Debemos convertirnos en el verdadero “corazón de América”.

El mayor patrimonio de Bolivia son sus bosques, sus ríos y otras fuentes de agua, sus selvas, su enorme y sorprendente biodiversidad, pero sobre todo, su gente. No podemos permitir que sigan destruyendo lo más valioso que tenemos, porque sin eso nada podemos esperar del futuro.

SABEMOS COMO HACERLO, y vamos a transformar al “país del puño cerrado” en un país de la mano abierta con cinco soluciones claras y concretas para la crisis inmediata.

Pero no nos quedaremos ahí, este programa dará respuesta a los desafíos del futuro y al cambio en el patrón de desarrollo integral, que se traducirán en una agenda de cambios de los principales sectores sociales y económicos, acordes a los retos del siglo XXI.

3. Soluciones para un nuevo país

Solución 1. Tenemos que estabilizar la economía y resolver el problema de la falta de dólares

El precio del dólar y la falta de dólares han afectado la vida cotidiana de todos.

Lo hemos visto todos en estos meses: Sin dólares, no contamos con recursos para importar bienes o maquinarias y, entonces, suben los alimentos, la ropa, los servicios, los medicamentos. La falta de dólares trunca los sueños de muchos compatriotas, que con mucho esfuerzo estudian en otros países, pero ahora ya no pueden hacerlo. La falta de dólares impide que quienes necesitan usar tarjetas en el exterior puedan disponer de su propio dinero.

No podemos demorar más en resolver el problema de la escasez de dólares. Si tardamos mucho, no podremos cambiar las expectativas de la población, que hoy piensa que la divisa siempre va a subir y actúa en consecuencia.

Así que tenemos que devolver los dólares rápidamente, eliminar gradualmente el mercado paralelo del dólar y establecer un solo tipo de cambio que asegure que los dólares y la confianza vuelvan a Bolivia.

Cuando todos sepan que hay divisas suficientes (y que siempre las habrá) dejarán de guardarlas en su colchón o en el exterior y todo volverá a la normalidad. Y cuando eso ocurra, también tendremos combustibles y todos los insumos y productos que el país necesita.

Necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento de manera inmediata. Cuando uno está en problemas, lo más inteligente que puede hacer es pedir ayuda. Y en este momento, los bolivianos necesitamos tanta ayuda como podamos conseguir. Ayuda de todos los países y de todos los organismos internacionales que quieran y puedan darnos una mano. Toda la ayuda que llegue será bienvenida y bien utilizada.

Para eso tenemos que convertirnos en algo que hoy no somos: un país serio, creíble, confiable, predecible, con ley y orden; con un plan claro y concreto a corto, mediano y largo plazo.

El modelo frustrado del MAS, dejó las Reservas Internacionales Netas (RIN) en niveles extremadamente bajos, comprometiendo la estabilidad económica del país bajo un régimen de tipo de cambio fijo.

Por otro lado, la depreciación de la moneda está elevando la inflación, especialmente en bienes importados, a través del traspaso del tipo de cambio a los precios.

Coadyuvado por las políticas del gobierno, la inversión privada es escaza, lo que deriva en un colapso de las exportaciones y crisis de balanza de pagos, causada principalmente por la contracción en las exportaciones, especialmente en hidrocarburos y en productos auríferos, llevando al tope la inestabilidad económica, por eso somos firmes al decir que:

1. La forma adecuada de detener la crisis es mediante un Programa de Ajuste Integral, que paralelamente corrija los desastres fiscales, monetarios, cambiarios y productivos a los que nos llevaron. Principalmente el gasto público innecesario, por lo cual identificaremos las empresas públicas y entidades descentralizadas inútiles e inviables, cerrando así el grifo del derroche.
2. Debemos restaurar el equilibrio macroeconómico, el ajuste deberá encontrar las soluciones más rápidas y a menor costo posible. Pero este equilibrio no lo lograremos solos y sin dólares; por lo tanto, debemos reponer años de antagonismo y agresividad con los Organismos Multilaterales y países que puedan cooperarnos.
3. Este trabajo iniciará antes de la posesión presidencial, revisando los créditos aprobados y no desembolsados y/o utilizados, que aproximadamente llegan a los 3.500 millones de dólares. Será una tarea difícil, pero se logró antes y lo haremos ahora, cambiaremos el rumbo de estos préstamos para el Fondo de Estabilización que comience a devolver los dólares a las empresas y ciudadanos.
4. Liberaremos todos los obstáculos que tengan los exportadores y la empresa privada, ellos serán los principales actores del nuevo país.
5. No tocaremos los Bonos sociales, estos se crearon pensando en un financiamiento que se originarían de los hidrocarburos y los excedentes de las empresas públicas; lo que ya no es sostenible. Por eso su sostenibilidad dependerá también del ahorro del gasto público y la reasignación de recursos.
6. Identificaremos y apoyaremos desde el gobierno a los sectores clave con potencial de proveer dólares de la forma más rápida, como: a) la agroindustria; b) el sector cárnico, c) el sector forestal; y d) el turismo.
7. Contamos con el 25% de los recursos de litio del mundo, pero el MAS convirtió esta ventaja histórica en una estafa a Bolivia. Nosotros vamos a darle al país el rol que se merece en el mundo. Debemos desarrollar el litio de manera estratégica e inteligente, y atraer las inversiones necesarias para empezar a producir litio y también sus derivados con valor agregado.
8. También debemos recuperar nuestro rol protagónico como exportadores de gas, haciendo la tarea que no se hizo en estos años y posibilitando las inversiones necesarias en exploración, para dejar de depender de las importaciones de combustibles.

Esta propuesta se concentra en alternativas que sean legal y técnicamente adecuadas, así como políticamente viables y organizacionalmente posibles para resolver la crisis. Son medidas que se podrán lograr rápidamente, que tendrán un objetivo inclaudicable de recuperación económica y promuevan su aceptación y legitimidad en la población

La implementación de un programa de ajuste integral, convertir al emprendedor como el actor más importante de la economía, la readecuación de los créditos ya aprobados y el contacto con los cooperantes son la única salida, primero para lograr la estabilidad, y luego el desarrollo económico y social del país. El retraso de implementar estas políticas, derivarán en el agravamiento de la situación económica, con efectos duraderos en la población vulnerable.

El futuro no se espera sentado y de brazos cruzados: SE CONSTRUYE.

SOLUCIÓN DOS. Autonomías económicas

La relación entre el Estado y las regiones no puede reducirse a una mera transferencia de plata. El MAS planificó el desarrollo desde el centro y solo lo coordinó con sus adherentes, delegó competencias a gobernaciones y alcaldías, pero no recursos. Por eso fracasó.

La riqueza de Bolivia se produce en los departamentos; por eso debe ser manejada tanto por los departamentos como por el gobierno central en representación del país. En otras palabras:

1. Las regiones deben cogestionar, junto con el Estado, sus propios recursos naturales.
2. Los nuevos ingresos por recursos naturales serán distribuidos 50% - 50% con las entidades subnacionales, comenzando así, gradualmente, el nuevo Pacto Fiscal, olvidado adrede por el masismo.
3. Conformaremos los Consejos Departamentales de Desarrollo, que estén formados por delegados departamentales y nacionales, las regiones planificarán y ejecutarán su desarrollo. Logrando así un verdadero y sostenible modelo de autonomías
4. Convertiremos a las ciudades intermedias en núcleos de varios ejes productivos, áreas especiales económicas que sean polos de emprendimientos industriales de exportación.

SOLUCIÓN TRES. Cuidar el dinero de los bolivianos

La crisis boliviana se debe a que el Estado gastó más de lo que tenía. Nuestros mayores problemas se originan en el déficit fiscal. A su vez, el déficit fiscal se debe a la obesidad del Estado y a la anemia productiva del país.

Un año antes del MAS, el gasto del Estado era de un poco más de 4.000 millones de dólares. En 2024 es de más de 31.000 millones de dólares, es decir, ocho veces más. Y mucho de ese dinero no se invirtió en nuevos hospitales, escuelas o caminos, se despilfarró en cosas innecesarias o se robó.

El MAS de Evo y Arce ha saqueado a Bolivia más de 120.000 millones de dólares en los últimos veinte años: ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que ahora que necesitamos dólares, no los tenemos. Este es el populismo: cuando hay recursos, dólares, se despilfarran y cuando los necesitamos, los dólares no están. Esto debe acabar.

El Estado en su conjunto, así como cada repartición y cada empresa estatal deben cumplir la siguiente ley, que es la misma de la mayoría de las familias: SOLO SE GASTA LO QUE SE TIENE.

Además, nuestro Estado debe servir a la gente y para eso:

1. Cortaremos al menos el 20% del gasto corriente estatal e identificaremos a las entidades descentralizadas que sólo duplican funciones, causan mayor déficit fiscal y/o que fueron creadas por motivos políticos o ideológicos. Las cerraremos y trasladaremos sus competencias a los ministerios del área correspondiente.
2. En el caso de las empresas públicas, la prueba a las que las someteremos será sencilla: si no pueden generar utilidades, pagar los préstamos adquiridos del BCB, se cierran, no podemos darnos el lujo de “pensionar” a unos empleados que están ahí por razones políticas. Se CIERRAN, no se privatizan, porque no tienen viabilidad y el próximo gobierno no estará ocupado de privatizar nada.
3. Al mismo tiempo, mantendremos y fortaleceremos las grandes empresas estatales (YPFB, ENTEL, BOA, ENDE, YLB, VINTO, Huanuni) y las empresas que tengan utilidad social justificada (EBA o Teleférico). NO las privatizaremos. NO las “capitalizaremos”. Buscaremos inversionistas, siempre pensando que el control debe estar en manos del Estado. Eso sí, las transformaremos para que tengan institucionalidad, manejo empresarial y sean dirigidas por personal con mérito.
4. Todo el ahorro que se consiga, debe ser utilizado inteligente y estratégicamente; y dirigidos primero a recuperar nuestra economía, y luego a otorgar excelentes y equitativos servicios en las áreas más importantes, que son la salud y la educación; así como buscar mercados para nuestras exportaciones y promover el emprendimiento de los bolivianos.
5. El Estado tiene que ser honesto. Por eso debemos dar un mensaje clarísimo a la ciudadanía: en Bolivia no habrá impunidad. Impulsaremos una ley de recuperación de los bienes que sean fruto de la corrupción. Porque hay que decirlo bien claro: lo que hoy nos falta es porque alguien se lo robó. El Estado debe recuperar lo que en estos veinte años el MAS les ha robado a los bolivianos.
6. Y a partir de la nueva gestión, el Estado debe ser moderno y honesto. EL QUE META LA MANO A LA LATA, SE VA A LA CÁRCEL. Y para que cada gasto que realice sea verificable y deje constancia. Es imperioso construir un gobierno transparente, con la información abierta a los ciudadanos, que sea capaz de responder con datos a cada consulta de la población sobre ingresos y gastos, superaremos el tiempo del oscurantismo.

SOLUCIÓN CUATRO. Una Bolivia abierta

Debemos trabajar fuertemente para que los exportadores que tienen dólares sientan la confianza de traerlos al país. Estamos seguros de que cuando vean que el cambio va en serio, lo harán. Al mismo tiempo, debemos darles las mejores condiciones para que exporten más y así llenen de divisas la economía. NECESITAMOS UNA BOLIVIA ABIERTA.

Una Bolivia con ideas nuevas y modernas que ya están funcionando en el mundo, sin miedo a probar, arriesgar y lograr, por eso proponemos:

1. Una Bolivia de cielos abiertos que permitan que muchas aerolíneas vengan al país, haciendo más fácil y más barato viajar.
2. Seguiremos el ejemplo de aeropuertos clave como Lima, Bogotá y São Paulo en centros de conexión regionales, impulsando la construcción del Hub Viru Viru y la ampliación del Aeropuerto de Cochabamba.
3. Maximizaremos los beneficios de cielos abiertos, con un marco regulatorio sólido, seguridad jurídica y la adopción de medidas de Cielos Abiertos, innovadoras como la séptima libertad del aire y el arrendamiento de aeronaves (wet lease).
4. Transformaremos Boa para que sea capaz de competir en igualdad de condiciones con las aerolíneas internacionales y privadas, tendremos una empresa sostenible, no politizada.
5. Una Bolivia con ventajas e incentivos para la inversión extranjera y nacional. Generando seguridad jurídica y destruyendo todo obstáculo burocrático para la implementación de esta inversión.
6. Impulsaremos la oferta productiva mediante ajustes que mejoren el entorno empresarial y eliminen barreras a la inversión. Estas medidas son necesarias para aumentar la productividad y diversificar la economía, reduciendo la dependencia de sectores volátiles como los hidrocarburos.
7. Atraeremos la Inversión Extranjera Directa que será ahora la política crucial, no solo para diversificar la economía, sino también para mejorar la competitividad externa del país y reducir la vulnerabilidad que vivimos ahora. Por tanto, nuestras políticas públicas se enfocarán en fortalecer el marco institucional y regulatorio, que permita al sector privado extranjero y nacional, asumir el papel protagónico en la generación de dólares y la resolución de la crisis.

SOLUCIÓN CINCO. Un país en el que el mérito importe

Durante estas décadas hemos visto que se nombraba a familiares y amigos de los políticos de turno en los cargos más importantes. ESTO DEBE ACABARSE.

El país debe recuperar la noción del mérito y el valor del esfuerzo. La más importante de esas herramientas es la conciencia de que para que un equipo de trabajo funcione, hay que contratar a los mejores. Un líder es un constructor de sueños y un conductor de equipos. Nadie puede saberlo todo, por eso hay que rodearse de los que más saben en cada área.

Además, debemos estar listos para el futuro y esto no se logra si no lo hacemos por medio de la educación. Nuestros jóvenes tienen el talento de competir con los grandes emprendedores de todo el mundo. Tenemos que darles las herramientas, mantenerlos actualizados y en constante formación; y devolver al país al camino del mérito, por eso debemos superar el sistema educativo mediocre.

1. Necesitamos una revolución que le dé futuro a nuestros jóvenes, insertando en la currícula, educación financiera, capacitación para los emprendimientos, cursos de programación e inglés. Bolivia tiene que proponerse ser la cuna de unicornios tecnológicos mundiales.
2. El inglés no es un idioma más. Hoy es clave para conseguir oportunidades de estudio y de trabajo en un mundo cada vez más conectado por la tecnología. Por eso, tenemos que apuntar a ser un país que domine ampliamente el inglés, algo fundamental para impulsar el turismo y encontrar nuevas formas de emprendimiento.
3. Una educación que ofrezca a los estudiantes experiencias de enseñanza-aprendizaje satisfactorias y motivadoras, que les permitan: adquirir destrezas sólidas en lectura, escritura y matemáticas; desarrollar pensamiento crítico ante la información y los problemas; dominar competencias digitales para buscar, analizar y aplicar datos en entornos tecnológicos. Al mismo tiempo, arraigar en ellos principios fundamentales para actuar como ciudadanos plenos, soberanos y conscientes, inspirados en la riqueza pluricultural de nuestro país y conectados con una perspectiva global.
4. Acceso a internet de calidad en las escuelas. Evaluar la situación actual y trabajar junto a los gobiernos municipales y Entel, para fortalecer el acceso a internet, dotar a las escuelas de laboratorios de computación y capacitar a los docentes en su uso.
5. Para lo anterior, requerimos/solicitamos/demandamos: movilizar a toda la sociedad -padres, madres y maestros- en torno al aprendizaje. Es fundamental concentrar esfuerzos en la educación inicial y primaria, sin dejar de lado secundaria, y asumir la corresponsabilidad por los resultados de aprendizaje.

Mucho se puede hacer desde la escuela, pero también es vital que los padres y madres de familia asuman su papel en los hogares modelando comportamientos y ayudando a sus hijos e hijas a aprender. Trabajaremos por un Acuerdo por una educación de calidad y con participación plural, que tenga como objetivo final, tener en el futuro a los mejores profesionales que administren el país.

4. Los primeros 100 días

1. Estabilidad macroeconómica. Restableceremos rápidamente la estabilidad macroeconómica mediante un ajuste integral y gradual que corrija el déficit fiscal, controle la inflación, estabilice el tipo de cambio y fortalezca la credibilidad de las instituciones económicas. Evitaremos medidas improvisadas que agraven la crisis y sentaremos las bases para un crecimiento sostenido con protección social a los sectores más vulnerables.
2. Política fiscal responsable. Reduciremos el déficit fiscal mediante una racionalización del gasto público, priorizando inversiones de alto impacto económico y social, focalizando subsidios y transferencias, y logrando la eficiencia de administración en las empresas estatales que sean rentables. Avanzaremos hacia una reforma tributaria integral que simplifique el sistema, amplíe la base impositiva, promueva la formalidad y elimine distorsiones que afectan la productividad y la inversión.
3. Política monetaria antiinflacionaria. Restituiremos la independencia del Banco Central de Bolivia, limitando su financiamiento al Tesoro General de la Nación exclusivamente a situaciones de emergencia conforme a la Ley 1670. Se establecerá un régimen monetario centrado en metas de inflación, evitando la emisión inorgánica y recuperando la credibilidad de la moneda nacional.
4. Política cambiaria flexible y transparente. Migraremos hacia un régimen de tipo de cambio flexible administrado, con subastas regulares que reflejen las condiciones del mercado y restablezcan el mecanismo del bolsín. Se eliminarán los tipos de cambio múltiples, el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y se devolverán a la banca los encajes y activos apropiados. La política cambiaria estará coordinada con una estrategia antiinflacionaria y de fortalecimiento del mercado de divisas.
5. Fortalecimiento del sistema financiero. Promoveremos la estabilidad y eficiencia del sistema financiero mediante la eliminación de controles distorsivos, como el IUE adicional a bancos, los cupos de crédito y los techos a las tasas de interés. Se restablecerán reglas prudenciales basadas en riesgo y se incentivará la inversión institucional en condiciones de mercado. Asimismo, se fortalecerá la supervisión financiera y se promoverá la recuperación de la confianza pública en los depósitos y ahorros.
6. Reforma energética y normalización del abastecimiento de combustibles. Eliminaremos, de manera focalizada y gradual, el subsidio a los combustibles mediante una estrategia secuencial con compensación directa a los sectores más vulnerables. Facilitaremos la importación de combustibles por parte del sector privado y suspenderemos temporalmente los tributos aplicables para garantizar el abastecimiento continuo y aliviar la presión sobre las reservas internacionales.
7. Programa de financiamiento externo. En base a la experiencia de nuestros equipos, gestionaremos acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales para inyectar recursos frescos a la economía, recuperar reservas internacionales y respaldar el ajuste macroeconómico. Este programa facilitará además la llegada de inversión extranjera directa y la repatriación de capitales bolivianos.
8. Reimpulso al sector productivo y exportador. Impulsaremos el crecimiento del sector transable a través del fortalecimiento de la agroindustria, la industria forestal, el turismo y la ganadería. Esto incluirá medidas como seguridad jurídica, mejora en infraestructura y servicios, modernización normativa, conectividad digital y liberalización total de exportaciones.
9. Los bonos sociales no se tocan. Los bonos sociales vigentes benefician directamente a los grupos más vulnerables del país: el bono Juancito Pinto apoya la permanencia escolar de los niños; el bono Juana Azurduy garantiza el acceso a la salud para madres gestantes y recién nacidos; la Renta Dignidad protege a los adultos mayores, y el bono para personas con discapacidad brinda apoyo a quienes más lo necesitan. Estos beneficios son un patrimonio de todos los bolivianos y cumplen una función social irremplazable. Por eso, reafirmamos con claridad: LOS BONOS SOCIALES NO SE TOCAN. Lo que sí se debe hacer es corregir lo que se hizo mal hasta ahora, explorar nuevas fuentes de financiamiento y asegurar que los recursos destinados a estos programas, sean sostenibles y no se malversen.

Reformas judiciales iniciales

1. Nuestra bancada en la Asamblea Legislativa, presentará el primer día de gobierno, un proyecto de ley de cambio constitucional para la eliminación de la reelección presidencial en todas sus formas y que eliminará las elecciones judiciales directas.
2. Un proyecto de ley que permita un referéndum para preguntar a la gente sobre la eliminación del Tribunal Constitucional Plurinacional.
3. Se enviará el proyecto de ley del PGE 2026 en el que se eliminará la posibilidad de endeudamiento y financiamiento a las empresas públicas y entidades deficitarias e inútiles.
4. Proyecto de ley que elimine todos los procesos judiciales politizados, que permitirá liberar a todos los presos políticos y la persecución política.

5. Otras cinco acciones audaces

En este momento no solo debemos hacer las cosas diferentes, sino radicalmente diferentes: DEBEMOS SER AUDACES.

Por eso mi propuesta de soluciones se complementa con algunas medidas que no solo le darán viabilidad al cambio, sino también sostenibilidad.

1. No tendríamos esta crisis si es que el Banco Central fuera autónomo y cumpliera su rol. Sin embargo, lo convirtieron en una extensión del Ejecutivo y por eso terminamos como terminamos: sin dólares y con un boliviano cada vez más débil. Hoy no existe un Banco Central: lo han transformado en la caja chica del MAS para malgastar los recursos de los bolivianos. Refundaremos el BCB en los inmediato y volveremos a tener un Banco Central institucional y autónomo. Esto es indispensable para estabilizar la economía.
2. También proponemos una Comisión de Auditoría del Gasto Público. Esta Comisión debe estar integrada por gente notable que sea garante de que el dinero del Estado, que es de todos los bolivianos, no sea despilfarrado y menos robado. Y que cada centavo que se invierta tenga impacto en la vida de la gente, a través de la creación de nuevos indicadores de eficiencia estatal.
3. Como tercera acción proponemos la creación de otro ente independiente: una Agencia de Compras del Estado que centralice las compras gubernamentales para evitar la discrecionalidad y la burocracia. Esta Agencia será una pieza clave en la lucha contra la corrupción.
4. La cuarta acción será transversal a todo lo bueno y lo nuevo que hagamos: digitalizar el Estado, “despapelizarlo” para darle más transparencia, para quitarle burocracia y darle eficiencia, para que sea más amigable con el medio ambiente y, sobre todo, para que le haga la vida más simple a los bolivianos. Con un sistema de expedientes electrónicos podemos tener control de cada movimiento laboral y cada decisión de cualquier funcionario público, y darle un golpe muy importante a la corrupción.
5. Para cuidar los recursos naturales del despilfarro, propondremos un proyecto de ley que evite que los excedentes se malgasten en regalos populistas, y que imponga que se usen exclusivamente en educación y salud. El litio es una gran oportunidad para poder financiar una revolución de la educación y la salud, dos áreas cruciales para la transformación del país. No podemos perderla.

6. Desarrollo Humano: Buscar la igualdad social

Programa de Educación

1. Educación digna para todos. Con el compromiso de padres, estudiantes, maestros y autoridades locales, renovaremos la educación pública, desde la primera infancia hasta el bachillerato, centrada en el aprendizaje, la dignidad y el respeto. Dotaremos a las escuelas de las condiciones necesarias: docentes preparados, materiales didácticos, infraestructura funcional y espacios seguros, para que ningún niño o niña quede excluido del sistema educativo.
2. Educación inicial para comenzar bien. Desde los primeros meses de vida, cada niño y niña contará con acceso garantizado a la educación inicial. Ampliaremos la cobertura de este nivel y ofreceremos formación especializada en estimulación temprana, psicomotricidad y desarrollo infantil. El Bono Juancito Pinto se extenderá a las familias que inscriban a sus hijos desde el nivel inicial, fortaleciendo su crecimiento integral desde los primeros años. Educación inicial, para sentar las bases del aprendizaje.
3. Educación primaria que enseñe a pensar y resolver. Reforzaremos las competencias fundamentales de lectura, escritura y matemáticas, el objetivo es mejorar y ampliar el programa “Bolivia Lee”. Se impulsará una jornada escolar extendida, con actividades artísticas, tecnológicas y ecológicas. Donde existan espacios subutilizados, habilitaremos centros de apoyo pedagógico para asegurar que ningún estudiante quede rezagado. Lectura y escritura; matemáticas y pensamiento crítico, los cimientos de la educación.
4. Educación secundaria para conectar con el futuro. Transformaremos nuestras unidades educativas en espacios innovadores, mediante la creación de Escuelas Experimentales que integren ciencia, arte, tecnología y vocaciones productivas locales. Combatiremos el abandono escolar con tutorías, transporte gratuito y becas para estudiantes vulnerables. Ningún joven se quedará atrás. Educación que se conecta con la vida, el trabajo y la dignidad
5. Currícula que integre al emprendimiento. Incorporaremos en la currícula la materia de emprendedurismo basada en competencias claves que desarrollen habilidades de emprendedor.
6. Medición de la calidad educativa. Incorporaremos al país a las evaluaciones internacionales de las pruebas PISA, con difusión nacional. Estos estudios internacionales evalúan el rendimiento de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Se reestructurará el Observatorio Pluricultural de la Calidad Educativa (OPCE) para acompañar la realización de las pruebas de medición de la calidad educativa.
7. Difundiremos los resultados actuales del OPCE en cada departamento del país, asegurando su socialización amplia y comprensible para todos los actores del sistema educativo. En ese marco, se promoverá el diseño de propuestas concretas y efectivas en función de la realidad territorial. Proponemos reactivar y fortalecer los Consejos Educativos Departamentales, encargándoles el análisis sistemático de los datos y la formulación de recomendaciones para mejorar la gestión educativa. Asimismo, abriremos al público las bases de datos del OPCE, garantizando su disponibilidad para investigadores, centros académicos y gestores públicos, con el objetivo de generar diagnósticos complementarios que fortalezcan la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
8. Educación técnica con empleabilidad real. Crearemos una Red Nacional de Institutos Técnicos Públicos y Privados adaptados a la realidad productiva de cada región. Promoveremos carreras cortas y útiles, vinculadas al trabajo digno. Los jóvenes podrán acceder a becas en áreas clave como tecnología, ciencias e ingeniería. Se establecerán programas de primer empleo y emprendimiento con subsidios, capacitación y apoyo técnico para que cada joven tenga oportunidades reales.
9. Coworks para el empleo independiente. Más de la mitad de nuestros jóvenes trabajan por cuenta propia. Por eso, construiremos centros de trabajo colaborativo en zonas urbanas e intermedias, con acceso a internet, asesoría legal, servicios contables y formación para emprendedores. Queremos que los jóvenes creen, innoven y generen oportunidades desde sus comunidades.
10. Convertir los establecimientos educativos en espacios seguros y protectores para niñas y niños es una prioridad ineludible. Impulsaremos una política nacional de buen trato en toda la educación primaria y secundaria, orientada a prevenir y erradicar todo tipo de violencia, y a evitar la reproducción de sus patrones en el entorno escolar. Las madres y los padres deben tener la plena confianza de que sus hijos están protegidos y que su bienestar emocional es parte integral del proceso educativo. Para ello, se implementarán protocolos claros y obligatorios frente al acoso escolar, con una ruta de actuación que incluya la detección temprana del bullying, intervenciones oportunas y respuestas institucionales inmediatas y firmes. Cada unidad educativa-pública o privada-tendrá la responsabilidad de actuar con diligencia y garantizar que ningún caso quede impune ni sin seguimiento. Nuestro compromiso es claro: garantizar que cada escuela sea un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia, donde niñas y niños puedan aprender, desarrollarse y crecer sin miedo.
11. Potenciaremos el uso del Sistema de Información Educativa (SIE), creado en la reforma de 1994 y mantenido por los gobiernos posteriores, transformándolo en una herramienta estratégica para la gestión y mejora del sistema educativo. Diseñaremos un sistema de seguimiento con mecanismos de alerta temprana que permita identificar y reducir el abandono escolar en la educación secundaria, asegurar trayectorias educativas continuas y promover la equidad y la inclusión. Para ello, será clave ampliar la cobertura del SIE a todas las unidades educativas del país y mejorar la calidad de los datos recolectados. Maximizaremos su uso en los procesos de monitoreo, planificación y evaluación, de modo que sirva como base técnica para tomar decisiones oportunas, focalizar recursos y apoyar a las regiones y escuelas que más lo necesitan.
12. El aula es el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y mejorar la eficacia pedagógica en ese espacio es clave para elevar los niveles de aprendizaje. Para ello, se optimizará el uso del tiempo escolar, se promoverá un ambiente educativo favorable y se fortalecerán las competencias didácticas de maestras y maestros. Estos esfuerzos estarán acompañados de un protocolo de estándares mínimos de infraestructura que garantice condiciones adecuadas para el aprendizaje. Con especial énfasis en los primeros tres años de primaria -etapa crítica para el desarrollo de habilidades fundamentales- se implementará un sistema de acompañamiento pedagógico que será pilotado en unidades educativas voluntarias. Asimismo, se fomentará de manera sistemática el intercambio de buenas prácticas docentes, no solo entre profesores del país, sino también con pares de sistemas educativos de países vecinos con contextos similares. Esta cultura de colaboración y mejora continua debe consolidarse como una política educativa permanente.
13. El centralismo y la excesiva burocratización han debilitado la capacidad operativa y técnica de las unidades departamentales y distritales de educación. Es imprescindible fortalecer y empoderar estas instancias intermedias para que ejerzan un rol activo en el acompañamiento pedagógico y, a su vez, respalden a los directores escolares en su función de liderazgo educativo. Se desburocratizará su labor, orientándola hacia el apoyo efectivo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permitirá que los directores de unidad educativa dejen de ser meros administradores del cumplimiento normativo y asuman plenamente su rol como líderes pedagógicos: estableciendo altas expectativas, promoviendo la mejora continua de los aprendizajes, facilitando el trabajo colaborativo entre docentes y guiando con conocimiento técnico a sus equipos. Reconfigurar el perfil del director es clave para movilizar a la comunidad educativa hacia una cultura institucional comprometida con la calidad.
14. Educación superior con impacto y responsabilidad. Las universidades estarán al servicio del desarrollo del país. Publicarán sus resultados de ingreso y rendimiento. Sus carreras deberán contar con acreditaciones válidas y responder a la demanda productiva del país. Impulsaremos parques tecno-ecológicos donde universidades, empresas y gobiernos trabajen juntos para resolver los problemas reales de cada región.
15. Investigación con impacto local. Incentivaremos la investigación científica y tecnológica en todos los niveles educativos. Se organizarán concursos de investigación aplicada que permitan resolver desafíos estructurales del país, con proyectos impulsados desde las aulas escolares hasta los laboratorios universitarios.
16. Talento que vuelve a casa. Ofreceremos incentivos a los profesionales bolivianos que viven en el exterior y deseen regresar para invertir, enseñar o emprender. El país necesita a sus hijos preparados, y nosotros les abriremos las puertas.
17. Docentes del siglo XXI. Formaremos a nuestros maestros con nuevas pedagogías, tecnología educativa, inteligencia artificial y enseñanza personalizada. Se implementará una evaluación anual con incentivos a la excelencia y programas de mejora continua. Premiaremos el mérito y la dedicación.
18. Escuelas con dignidad. En coordinación con los gobiernos municipales, aseguraremos que toda infraestructura escolar cuente con baños limpios, agua potable, laboratorios, conectividad y espacios adecuados para aprender. Construiremos bibliotecas y espacios de estudio en alianza con gobiernos locales. La educación será digna desde el entorno físico hasta la experiencia pedagógica.
19. Educación digital para todos. Promoveremos la alfabetización digital en estudiantes, docentes y familias, con énfasis en el idioma inglés. Dotaremos a las escuelas de conectividad y equipamiento funcional, y actualizaremos plataformas digitales públicas con contenidos útiles y accesibles.
20. Educación ecológica y sostenible. Desde la escuela básica, se enseñará el respeto al medioambiente con acciones concretas: huertos escolares, reciclaje, arborización y monitoreo ambiental. Formaremos ciudadanos conscientes y comprometidos con el planeta.
21. Educación para todos y con todos. Garantizaremos el acceso universal desde los 0 hasta los 18 años, incluyendo a niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Se firmarán pactos educativos regionales con participación de familias, docentes, empresas y medios de comunicación. Impulsaremos un programa nacional contra el acoso y la discriminación, para que nuestras escuelas sean espacios seguros, inclusivos y fraternos.

Acciones en Salud

1. Atención Rápida y sin Filas. Implementaremos un sistema digital de citas médicas en los establecimientos de salud públicos, eliminando colas y tiempos de espera mediante tecnología e inteligencia artificial. Estableceremos el Observatorio Nacional de Calidad en Salud para evaluar constantemente la calidad de la atención médica y el cumplimiento de metas.
2. Medicamentos al Alcance de Todos. Eliminaremos impuestos y barreras en la importación de medicamentos esenciales. Crearemos un Plan Nacional de Medicamentos Esenciales con producción nacional de medicamentos genéricos para reducir costos significativamente. Institucionalizaremos y despolitizaremos la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED), incluyendo personal técnico en base a la meritocracia.
3. Profesionales de Salud con Mérito. Institucionalizaremos la Carrera Sanitaria Pública, garantizando selección por mérito y competencia. Priorizaremos la formación de médicos especialistas según necesidades reales del país. Implementaremos programas de incentivos específicos para la atención en áreas rurales y vulnerables.
4. Infraestructura de Salud Moderna y Equipada. Auditaremos y modernizaremos hospitales existentes y construiremos nuevos hospitales inteligentes, distribuidos en diferentes regiones urbanas y rurales. Crearemos el Fondo Nacional de Salud para infraestructura moderna y acceso universal a equipamiento médico de última tecnología. Estableceremos alianzas público-privadas para asegurar la calidad y continuidad en la prestación de servicios médicos.
5. Salud Digital Interconectada. Digitalizaremos integralmente el sector salud creando una Historia Clínica Única Nacional. Estableceremos una Red Nacional de Hospitales Inteligentes, integrando al Estado, pacientes y profesionales mediante tecnologías digitales.
6. Salud Universal. Fortaleceremos en alianza con los gobiernos autónomos municipales, el primer nivel de atención con infraestructura adicional, personal capacitado y equipamiento para prevención y promoción de salud. Impulsaremos una verdadera cobertura gratuita de atención en salud, especialmente para personas sin seguridad social.
7. Fortalecimiento del Primer Nivel. Estableceremos en alianza con los gobiernos autónomos municipales, las guarderías infantiles, unidades nutricionales, centros para adolescentes, y centros del adulto mayor integrados a los centros comunitarios ciudadanos. Mejoraremos la detección temprana y tratamiento oportuno en problemas nutricionales, enfermedades infantiles, salud mental adolescente y atención geriátrica.
8. Red Nacional contra las enfermedades catastróficas. Crearemos un Fondo Específico para tratamiento de las enfermedades catastróficas con prioridad en infraestructura oncológica en Cochabamba, El Alto, Tarija y La Paz. Garantizaremos institucionalización del personal especializado en oncología y acceso universal a medicamentos específicos.
9. Integración de la Medicina Tradicional. Promoveremos la complementariedad entre medicina tradicional y convencional, especialmente en el primer nivel, respetando tradiciones culturales y garantizando la seguridad del paciente.
10. Gestión plural estructurada para un sistema de salud eficiente. Propondremos un nuevo modelo de gestión basado en el pluralismo estructurado, que articule múltiples prestadores -públicos, privados y sin fines de lucro- para ampliar la cobertura y eficiencia del sistema de salud. Este modelo permitirá la externalización de servicios no clínicos (como limpieza, lavandería, alimentación, imagenología y laboratorio) en hospitales de segundo y tercer nivel, optimizando el uso del gasto corriente. Para garantizar calidad y sostenibilidad, construiremos el costo de prestaciones en función de las patologías prevalentes y los niveles resolutivos más adecuados para cada una. Promoveremos la descentralización de servicios y un acceso justo y rápido en todos los niveles del sistema.
11. Redes integradas, en alianza con los niveles subnacionales fortaleceremos el primer nivel de atención y recuperación del rol rector de los SEDES. Implementaremos modelos metropolitanos de prestación médica en las tres regiones del eje central (La Paz,

Cochabamba y Santa Cruz) y fortaleceremos redes departamentales con gerencias en hospitales de tercer nivel. Todos los centros de salud de primer nivel tendrán mayor capacidad resolutiva. Asimismo, promoveremos modelos mancomunados de financiamiento y gestión en ciudades intermedias, y una red nacional de múltiples prestadores con un sistema de acreditación para aprovechar toda la capacidad instalada del país. Devolver el rol rector a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES).

La agenda de las mujeres ¹

1. Autonomía económica con justicia laboral. Promoveremos la autonomía económica de las mujeres mediante políticas integrales de empleo digno, acceso equitativo a financiamiento, fortalecimiento de habilidades tecnológicas y formación emprendedora. Se implementarán mecanismos de crédito adecuados para microempresas lideradas por mujeres y se asegurará la protección laboral, incluyendo igualdad salarial y acceso a seguridad social en el trabajo formal e informal.
2. Sistema Nacional de Cuidados. Crearemos un Sistema Nacional de Cuidados con financiamiento suficiente, que valore y redistribuya el trabajo no remunerado de las mujeres entre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Se ampliará la licencia de paternidad, se cuantificará el valor del trabajo doméstico y se desarrollará infraestructura de servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales.
3. Lucha integral contra la violencia de género. Impulsaremos una estrategia nacional articulada para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia basada en género. Se fortalecerá la ruta crítica de atención, se ampliarán los servicios de protección con unidades especializadas, se institucionalizará un Órgano Rector interinstitucional y se creará un Observatorio de Violencia de Género. Promoveremos mecanismos de reparación integral y acompañamiento a víctimas.
4. Acceso a derechos sexuales y reproductivos. Garantizaremos una política nacional integral de derechos sexuales y reproductivos con enfoque intercultural, interseccional y de derechos. Se ampliará la cobertura del SUS en salud sexual y reproductiva, se aplicará el Plan Nacional de Educación Integral en Sexualidad (EIS), y se asegurará el acceso a anticoncepción, aborto legal y servicios de salud materna de calidad.
5. Justicia con enfoque de género. Promoveremos una reforma estructural del sistema de justicia para erradicar la impunidad en casos de violencia de género. Se capacitarán jueces, fiscales y operadores del sistema judicial; se fortalecerán las instituciones responsables de la atención y protección de mujeres; y se garantizará la dotación de recursos para el cumplimiento efectivo de la Ley 348 y normas afines.
6. Paridad e igualdad en la vida política. Haremos cumplir el principio de paridad y alternancia en todos los niveles del Estado y promoveremos la participación libre de violencia de las mujeres en la vida política. Se implementarán medidas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política y se fortalecerán los liderazgos femeninos desde la base social hasta los espacios de decisión nacional.
7. Justicia ambiental con equidad de género. Transformaremos el modelo extractivista por uno agroecológico, sostenible y con enfoque de género. Se garantizará la participación de las mujeres en decisiones sobre el uso de recursos naturales, se protegerá a defensoras ambientales, y se revisarán normas que permiten la degradación ambiental. Se establecerán fondos para mitigación y adaptación climática con perspectiva de género.
8. Democracia paritaria e intercultural. Consolidaremos una democracia paritaria e intercultural mediante el cumplimiento de la legislación vigente sobre paridad en la conformación de binomios, gabinetes y listas electorales. Se garantizará la inclusión plena de mujeres de pueblos indígenas, originarios, campesinos, afro-bolivianos y urbanos populares en el ejercicio del poder público.
9. Estado despatriarcalizado e inclusivo. Reformaremos la institucionalidad estatal para garantizar una estructura despatriarcalizada e interseccional que articule políticas de igualdad de género, con financiamiento suficiente y capacidades técnicas en todos los niveles de gobierno. Se crearán mecanismos de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en derechos de las mujeres.

Propuesta para la niñez y adolescencia²

1. Estableceremos un Sistema Nacional de Protección Social con enfoque prioritario en niñez y adolescencia, que articule de manera eficaz los servicios sociales, educativos y de salud, superando la actual fragmentación institucional. Este sistema permitirá identificar y atender de forma oportuna a las familias en situación de vulnerabilidad, priorizando intervenciones focalizadas, sostenibles y basadas en derechos que reduzcan la pobreza infantil y rompan el ciclo intergeneracional de exclusión.
2. Impulsaremos una Estrategia Nacional contra la Pobreza Infantil, basada en evidencia desagregada que refleje la situación real de niñas, niños y adolescentes en sus diversos contextos territoriales, sociales y culturales. Esta estrategia será respaldada por un compromiso político de alto nivel, con presupuesto garantizado, colaboración de ONG’s expertas en el tema, metas verificables y un sistema técnico de seguimiento y evaluación de impacto a corto, mediano y largo plazo.
3. Aprobaremos un marco legal que blinde un presupuesto destinado a la infancia y adolescencia, protegiéndolo de cualquier recorte incluso en contextos de ajuste fiscal. Las entidades públicas, especialmente los gobiernos subnacionales, deberán destinar un porcentaje mínimo obligatorio a programas y servicios orientados a garantizar derechos fundamentales como salud, educación, protección y alimentación.
4. Transformaremos el sistema de protección contra la violencia infantil, asegurando su cobertura nacional y fortaleciendo sus capacidades institucionales. En coordinación con los gobiernos locales, se implementarán servicios especializados e integrados, se profesionalizará al personal interviniente y se promoverá la interoperabilidad digital entre defensorías, servicios de salud, educación, fiscalías y órganos judiciales, con protocolos estandarizados para reducir la revictimización y mejorar la eficiencia en la respuesta estatal.
5. Pondremos en marcha un Plan Nacional de Prevención y Respuesta Integral frente a la Violencia contra la Niñez, con enfoque multisectorial y territorial, que articule los sectores de salud, educación, justicia y protección social. Este plan abordará tanto la atención a víctimas como las causas estructurales de la violencia, contará con financiamiento asegurado, metas claras y mecanismos de coordinación y evaluación entre todos los niveles de gobierno.
6. Nuestra política educativa para la niñez y adolescencia priorizará el fortalecimiento del nivel preescolar y la expansión de la educación secundaria en áreas rurales, garantizando el cumplimiento efectivo de los 200 días escolares por año. Se desarrollarán modelos educativos flexibles para adolescentes fuera del sistema escolar, con metodologías adaptadas a su realidad y necesidades.
7. Implementaremos una reforma curricular integral que incorpore el desarrollo de habilidades digitales desde los niveles iniciales, incluyendo programación, robótica, internet de las cosas e inteligencia artificial. Esta transformación irá acompañada de la formación continua de docentes en competencias tecnológicas, equipamiento digital adecuado y acceso equitativo a infraestructura conectada.
8. Crearemos un sistema nacional, independiente y permanente de evaluación del aprendizaje, con capacidad de medición periódica por nivel territorial. Sus resultados se usarán para orientar políticas educativas, prácticas pedagógicas y programas de formación docente, garantizando una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes.
9. Reforzaremos la atención primaria en salud con enfoque preventivo, priorizando acciones de vacunación, salud materno-infantil, nutrición, salud mental y prevención del embarazo adolescente. Se impulsarán entornos comunitarios saludables y se desarrollará un sistema digital de vigilancia epidemiológica que permita actuar con oportunidad ante emergencias sanitarias o brotes.
10. Implementaremos una política nacional para el desarrollo integral de la primera infancia, con acceso equitativo a salud, nutrición, cuidado y estimulación temprana. En coordinación con los gobiernos locales, se priorizarán las poblaciones rurales, indígenas y con discapacidad, asegurando recursos suficientes, reducción de brechas territoriales y un sistema robusto de seguimiento del desarrollo infantil temprano.
11. Crearemos un sistema nacional interoperable de monitoreo e información sobre niñez y adolescencia, con datos en tiempo real y desagregados por edad, género y territorio. Este sistema guiará la toma de decisiones públicas basadas en evidencia y permitirá diseñar, ajustar y evaluar políticas, programas y presupuestos relacionados con la infancia, con participación activa de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes.

Seguridad de Largo Plazo (Pensiones)

1. Sistema mixto y libre elección. Promoveremos un sistema mixto de pensiones que garantice la libertad de elección para los trabajadores. Aquellos que deseen permanecer en la Gestora Pública de Pensiones (GPP) podrán hacerlo, mientras que quienes prefieran volver al modelo de las AFPs privadas podrán optar por esa vía. Esta transición se realizará en un marco de respeto a los derechos adquiridos, a la sostenibilidad del sistema en su conjunto y al análisis previo de la normativa que viabilice dicha transición.
2. Auditoría y recuperación institucional. Realizaremos una auditoría integral de la GPP para transparentar su gestión desde el inicio de operaciones. Se investigarán los préstamos realizados al Tesoro General del Estado y las negociaciones de papeles financieros en el exterior. Se impulsará el juicio y sanción de quienes hayan actuado en contra del interés de los jubilados. Asimismo, se restablecerá la institucionalidad del sistema mediante el nombramiento por méritos del personal jerárquico y la designación formal de la Autoridad de Pensiones y Seguros por la Asamblea Legislativa.
3. Representación y control ciudadano. Incorporaremos de manera inmediata a representantes de los jubilados en el Directorio de la GPP, garantizando la participación directa de quienes son los verdaderos titulares de los fondos. Además, se promoverá la independencia plena de la GPP frente al Ministerio de Economía y Finanzas, asegurando una administración profesional, autónoma y sin injerencias políticas.
4. Reforma para la sostenibilidad y la rentabilidad. Crearemos una comisión técnica de alto nivel con participación de todos los actores del sistema para diseñar una reforma estructural del sistema de pensiones. Esta reforma buscará asegurar pensiones dignas conforme a los aportes realizados, y mejorar la rentabilidad de los fondos a través de una gestión responsable y diversificada.
5. Garantizaremos la sostenibilidad financiera del sistema previsional mediante una revisión profunda de las reglas de inversión, ampliando la diversificación del portafolio, permitiendo inversiones en el exterior bajo normas de prudencia financiera y promoviendo el uso de instrumentos en UFV para proteger el valor real de los ahorros jubilatorios. Se eliminarán techos y cuotas que obligan a inversiones de bajo rendimiento, evitando así subsidios cruzados regresivos.
6. Protección social focalizada y sostenible. Fortaleceremos la Renta Dignidad y los bonos sociales mediante criterios de focalización que garanticen su llegada a quienes realmente lo necesitan. Propondremos la creación de un Registro Social de Hogares moderno e integrado, y se buscarán fuentes de financiamiento alternativas para reemplazar progresivamente la dependencia del IDH, asegurando la sostenibilidad del sistema no contributivo.
7. Universalización y uso del crédito fiscal para la seguridad de largo plazo. Propondremos un nuevo esquema de aportes previsionales basado en el crédito fiscal generado por los consumidores, mediante la creación de una cuenta individual de crédito fiscal acumulado. Este mecanismo permitirá que trabajadores informales, jóvenes y personas no asalariadas utilicen las facturas de sus compras para contribuir al seguro social de largo plazo, o recibir dichos montos en efectivo mensualmente. Así, se ampliará significativamente la cobertura previsional, incorporando a sectores actualmente excluidos por su condición laboral. Además, esta medida incentivará la solicitud de facturas, fortaleciendo la recaudación del IVA y reduciendo la informalidad, ya que brindará un beneficio tangible a quienes hoy no pueden aprovechar el crédito fiscal por no ser contribuyentes formales.

Seguridad Ciudadana

1. Seguridad ciudadana como política de Estado. La seguridad dejará de ser un instrumento político para convertirse en una verdadera política de Estado, con continuidad institucional, coordinación entre niveles de gobierno y respaldo ciudadano. Implementaremos un plan nacional integral de seguridad ciudadana, articulando con la policía nacional y las instancias pertinentes de la justicia, programas de prevención, control del delito, lucha contra el narcotráfico, y recuperación de la justicia. Será una prioridad estratégica del Estado y no una herramienta de poder coyuntural del gobierno de turno.
2. Reforma y descentralización de la Policía Boliviana. Impulsaremos una reingeniería profunda de la Policía Nacional, garantizando su despartidización, profesionalización y descentralización funcional en tres niveles: nacional, departamental y municipal. Se mejorará la formación, distribución de personal, equipamiento, condiciones salariales y se creará una unidad especializada en inteligencia y tecnologías. La policía será liberada de tareas innecesarias, enfocándose en su labor pública esencial y con controles estrictos a la corrupción.
3. Estrategia integral antidroga. Diseñaremos una política antidroga que abarque toda la cadena, desde una frontal erradicación de cultivos excedentarios hasta la rehabilitación de consumidores. Se fortalecerá la FELCN, se creará un sistema de justicia antidroga, que combatirá el lavado de dinero y se reforzará la fiscalía y la judicatura especializada. La lucha contra el narcotráfico se librará con firmeza, institucionalidad y coordinación internacional.
4. Control de fronteras con descentralización efectiva. Reforzaremos la presencia del Estado en todas las fronteras del país con patrullaje permanente, equipamiento adecuado y cooperación con los gobiernos departamentales. Se establecerán pactos de concurrencia para garantizar la soberanía territorial y enfrentar el crimen transnacional, el contrabando y el narcotráfico desde los puntos de ingreso al país.
5. La prevención del alcoholismo y protección de la familia. Promoveremos acciones de prevención del alcoholismo que es uno de los principales factores de inseguridad y violencia familiar. Impulsaremos campañas educativas, programas comunitarios de prevención y rehabilitación, así como actividades alternativas para jóvenes como el deporte, la cultura y la formación digital. Se fortalecerán los centros de protección para mujeres y niños víctimas de violencia, y se reforzarán, en coordinación con los gobiernos municipales, las unidades policiales especializadas en la defensa de la familia y la niñez.
6. Política penitenciaria con enfoque en reinserción. Modernizaremos el sistema penitenciario construyendo cárceles humanas y seguras, que clasifiquen a los reclusos según su peligrosidad. Eliminaremos gradualmente el hacinamiento carcelario. Implementaremos programas de rehabilitación, se restituirá la autoridad del Estado en las prisiones y se profesionalizará su administración. Se eliminará la presencia de menores en centros penitenciarios y se priorizarán penas alternativas para delitos menores. Se realizará una auditoría judicial para agilizar causas, reducir la población carcelaria y mejorar la justicia.

Deportes: Motor de unidad, salud y desarrollo

1. Estrategia Nacional del Deporte con Asignación Equitativa de Recursos. Diseñaremos e implementaremos una Estrategia Nacional del Deporte que establezca criterios técnicos y objetivos para la asignación equitativa de recursos a todas las disciplinas deportivas y regiones, considerando su impacto social, nivel de participación, desarrollo potencial y logros históricos. Esta estrategia promoverá tanto deportes tradicionales como emergentes, equilibrando el enfoque competitivo con el recreativo y formativo.
2. Apoyo Integral a Deportistas de Alto Rendimiento. Consolidaremos un sistema de apoyo estatal sostenible y transparente para los deportistas de élite que representan al país en eventos internacionales. Este apoyo debe incluir becas, cobertura médica especializada, acceso a entrenadores certificados, acompañamiento psicológico, planificación nutricional y programas de reinserción profesional post carrera deportiva.
3. Escuelas Deportivas y Centros de Alto Rendimiento. Crearemos y fortaleceremos una red nacional de Escuelas Deportivas y Centros de Alto Rendimiento (CAR) especializados en disciplinas estratégicamente seleccionadas, con infraestructura moderna, tecnología de punta y personal técnico altamente capacitado. Estos centros deben funcionar como semilleros de talentos, articulando con el sistema educativo y las federaciones deportivas.
4. Regulación de Escuelas Deportivas Privadas. Estableceremos un marco normativo claro y efectivo que regule el funcionamiento de escuelas deportivas privadas, garantizando que su propósito principal sea el desarrollo formativo y no la explotación comercial del deporte.
5. Digitalización Histórica de Marcas Deportivas. Lanzaremos un programa nacional de digitalización, conservación y publicación de registros deportivos históricos de los últimos 50 años, organizados por disciplina. Esta base de datos digital servirá como repositorio nacional de base para la investigación, planificación y valorización del patrimonio deportivo del país.
6. Registro Nacional de Deportistas por Disciplina. Implementaremos un Registro Nacional de Deportistas, clasificado por disciplinas, niveles de competencia (formativo, amateur, profesional, élite) y regiones. Este sistema permitirá planificar políticas públicas más precisas, facilitar el seguimiento de talentos y brindar beneficios específicos según el perfil del deportista.
7. Reingeniería del Comité Olímpico Boliviano. Promoveremos una reestructuración profunda del Comité Olímpico Boliviano (COB) con enfoque en gobernanza, transparencia, eficiencia, logros y rendición de cuentas. La reingeniería debe incluir la modernización de su estructura organizacional, profesionalización de su personal, evaluación de desempeño institucional y alineamiento con estándares internacionales del Comité Olímpico Internacional.
8. Nueva Ley del Deporte. Impulsaremos una nueva Ley del Deporte moderna, inclusiva y aplicable, que refleje las realidades actuales del deporte nacional, fomente la participación en todos los niveles, reconozca al deporte como derecho social, y establezca mecanismos de financiamiento, fiscalización y articulación interinstitucional.
9. Fondo Nacional Concursable para el Desarrollo Deportivo. Crearemos un Fondo Nacional Concursable para proyectos deportivos, dirigido a clubes, asociaciones, federaciones y gobiernos subnacionales, con el objetivo de financiar actividades formativas, campeonatos, adquisición de equipamiento, promoción de deportistas, intercambios internacionales y procesos de capacitación técnica. Este fondo debe gestionarse con criterios técnicos, evaluación de impacto y control social.
10. Regionalización Equitativa del Calendario Deportivo Nacional. Desarrollar un sistema de regionalización equitativa para la organización de competencias oficiales, garantizando que todas las regiones del país tengan oportunidades de ser sedes de eventos deportivos nacionales e internacionales. Esto fomentará el desarrollo local, descentralizará la actividad deportiva y promoverá la integración territorial mediante el deporte.

7. Desarrollo Productivo: Revolución del emprendimiento.

Desarrollo de un ecosistema emprendedor.

1. Implementaremos una red nacional de centros de innovación tecnológica equipados con laboratorios de prototipado, talleres de formación especializada y asesoría empresarial gratuita. Estos espacios estarán distribuidos estratégicamente en las nueve capitales departamentales y El Alto, y atenderán anualmente a más de 50,000 emprendedores con programas adaptados a las necesidades de cada región.
2. Lanzaremos el programa “Emprende desde el Aula” que integrará competencias empresariales en el currículo escolar desde quinto de primaria hasta el último año de secundaria. Realizaremos concursos intercolegiales de proyectos innovadores con capital semilla para los mejores planes de negocio, involucrando a más de 5,000 unidades educativas en todo el país.
3. Implementaremos el Centro Nacional de Turismo Emprendedor, una institución especializada en formar guías turísticos profesionales y desarrollar emprendimientos sostenibles en la industria de viajes. El centro capacitará anualmente a 2,000 nuevos profesionales con certificación internacional y creará rutas turísticas gestionadas por emprendedores locales.
4. Reformaremos el sistema de formalización empresarial reduciendo trámites, costos y tiempos de registro. Implementaremos el programa “De Informal a Formal” que ofrecerá beneficios fiscales por tres años, acceso a créditos blandos y capacitación gerencial para los emprendedores que decidan regularizar sus negocios.
5. Desarrollaremos una plataforma digital unificada de servicios para emprendedores que integrará procesos de registro, capacitación en línea, acceso a financiamiento y conexión con mercados. Esta herramienta, con atención personalizada, estará disponible en español y lenguas originarias.
6. Simplificaremos los trámites administrativos, e implementaremos incentivos fiscales para la generación de empleo, la facilitación de importaciones de bienes de capital para el sector industrial, el fortalecimiento de los controles contra el comercio ilícito, y la creación de condiciones favorables para la inversión productiva. Paralelamente, automatizaremos y simplificaremos los sistemas tributarios y los procedimientos de apertura y cierre de empresas, con el objetivo de mejorar el clima de negocios en Bolivia.
7. Fomento al desarrollo empresarial. En coordinación con los gobiernos subnacionales, implementaremos espacios especializados para impulsar la innovación, el talento local y el emprendimiento, mediante la creación de hubs tecnológicos, programas de incubación y aceleración de negocios, capacitación en competencias técnicas, y formación avanzada en ciencia y tecnología, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados nacionales e internacionales.
8. Creación de la entidad nacional de Emprendimiento e Innovación. Estableceremos una agencia pública autónoma que articule el ecosistema emprendedor del país. Su misión será fortalecer el emprendimiento productivo e innovador, articulando actores públicos, privados y académicos.
9. Esta instancia reunirá las competencias de todas aquellas reparticiones que se encuentran dispersas en diferentes ministerios con el objeto de apoyar al sector empresarial existente, emergente y los nuevos emprendimientos que puedan surgir; ahorrando el tiempo y dinero de los emprendedores, así como el gasto público del estado.
10. Este servicio pretende simplificar trámites en un sólo ente, transferir tecnología por medio de alianzas estratégicas nacionales e internacionales, ofrecer logística eficiente para las importaciones y exportaciones, asesoramiento a nuevos emprendimientos, establecer normas de competitividad que induzcan a una competencia empresarial sana bajo normas claras, establecer parámetros de calidad de los servicios y productos ofertados en el mercado nacional, promocionar el comercio interno facilitando las importaciones y la leal competencia de los productos nacionales, asimismo promocionar las exportaciones por medio de apertura de mercados internacionales y el apoyo logístico en puertos de embarque.
11. Un elemento importante que incluye esta institución es la defensa del usuario y consumidor lo que daría como resultado calidad de los servicios y productos ofertados generando una sana competencia.
12. Innovación y startups escalables. Impulsaremos la creación y escalamiento de empresas tecnológicas en sectores estratégicos como agroindustria, energías limpias, educación, salud y turismo inteligente, promoviendo el desarrollo de productos con alto valor agregado.
13. Vocación productiva con valor agregado. Apoyaremos emprendimientos que aprovechen el conocimiento, los recursos naturales y culturales de las diferentes regiones del país (café, cacao, quinua, camélidos, turismo, entre otros), convirtiéndolos en bienes y servicios exportables bajo estándares de calidad y marca país.
14. Acceso a financiamiento. Con los recursos que liberaremos de las empresas deficitarias y apoyo de organismos multilaterales, facilitaremos el acceso a capital mediante fondos semilla, financiamiento de microcréditos y esquemas de participación público-privada. Esta entidad podrá adquirir participación minoritaria en startups como mecanismo de sostenibilidad institucional.
15. Digitalización y presencia nacional. Esta entidad contará con sede física en La Paz y presencia digital en todo el país. Se lanzarán eventos itinerantes, convocatorias abiertas y una plataforma nacional de servicios digitales para emprendedores.
16. Formación y articulación institucional. Implementaremos programas de capacitación técnica, mentoría y acompañamiento a emprendedores en coordinación con universidades, municipios, cámaras empresariales y ONG’s. Se priorizará la descentralización territorial.
17. Emprendimiento juvenil y femenino. Promoveremos la inclusión de jóvenes y mujeres en el ecosistema emprendedor, generando empleo de calidad e impulsando su participación activa en la economía.
18. Marco institucional y sostenibilidad. Crearemos esta entidad mediante ley nacional en los primeros 100 días de gobierno. La gobernanza será público-privada y su financiamiento inicial provendrá de recursos liberados de empresas públicas deficitarias y la cooperación internacional, con sostenibilidad a través de participación en “equity” y prestación de servicios.
19. Polos Tecnológicos para la Economía Digital. Crearemos hubs de innovación en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, con exoneraciones fiscales temporales para startups de software y biotecnología. Estos centros fomentarán alianzas con empresas globales (como Google o IBM) para capacitar talento local en inteligencia artificial, blockchain y energías limpias.

Turismo y Cultura

1. Revolucionaremos el turismo en combinación con el emprendimiento. Los jóvenes tendrán un papel fundamental en esto. Promoveremos como opción al primer empleo, el emprendimiento turístico en gastronomía, hotelería, entretenimiento, cultura, servicios a los otros emprendedores, marketing y otros.
2. Promoción internacional. Desarrollaremos una campaña de promoción con propósito y precisión, dirigida a viajeros conscientes, aventureros, estudiantes y artistas. Activaremos consulados, embajadas y a la diáspora boliviana como embajadores clave del destino.
3. Conectividad y accesibilidad. Mejoraremos la infraestructura fronteriza y los servicios en puntos de ingreso. Negociaremos acuerdos de cielos abiertos, ampliaremos rutas aéreas y facilitaremos el turismo por carretera. Digitalizaremos el proceso de visado y ampliaremos la duración de estadía permitida para turistas.
4. Monitoreo e información. Fortaleceremos las estadísticas turísticas del INE y desarrollaremos Cuentas Satélite de Turismo. Mediremos duración de estadías, impacto del turismo nacional, informalidad y gasto por nacionalidad. Esta información será base para decisiones de política pública.
5. Turismo nacional y la diáspora. Reconoceremos el rol estratégico de los bolivianos en el exterior como puente con el mundo. Diseñaremos productos turísticos adaptados a sus intereses e impulsaremos el turismo interno como motor de cohesión territorial y sostenibilidad económica.
6. Institucionalidad del turismo. Promoveremos la creación del Ministerio de Turismo y Cultura para otorgar al sector el peso estratégico necesario. Esta entidad liderará la articulación nacional e internacional de políticas para hacer del turismo un motor de desarrollo sostenible en Bolivia.
7. Sistema de visas orientado al desarrollo. Reformaremos el sistema de visado boliviano para que responda a una lógica pragmática y estratégica de desarrollo económico y promoción del turismo, y no a criterios ideológicos y políticos. Se priorizará la reciprocidad, simplificación y digitalización de procesos.
8. Facilidades para visitantes. Reduciremos la burocracia para visitantes, eliminando la obligación de gestionar prórrogas presenciales innecesarias. Estableceremos un sistema de e-visas efectivo, evitando trámites complejos.
9. Rediseño diplomático estratégico. Reorganizaremos la presencia diplomática boliviana en el mundo con enfoque turístico. Fortaleceremos la presencia en regiones actualmente aisladas (África, Asia, Oceanía, Centroamérica), abriendo consulados estratégicos en países emisores de turistas potenciales, con personal capacitado e institucionalizado.
10. Reciprocidad inteligente. Revisaremos y ampliaremos los acuerdos bilaterales de exención de visas, asegurando una política coherente con los intereses turísticos y económicos del país. Bolivia no exigirá visas a países que permitan libre ingreso a ciudadanos bolivianos.
11. Costo de visas competitivo. Reduciremos el costo de las visas de turismo, actualmente superior al promedio regional, para alinearlo con estándares internacionales. Eliminaremos penalizaciones desproporcionadas que ahuyentan visitantes.
12. Transparencia y uso de recursos. Haremos público el destino de los ingresos recaudados por emisión de visas y multas migratorias, asegurando que parte de esos recursos se destinen a la promoción internacional del turismo boliviano.
13. Inspiración internacional. Tomaremos como referencia las reformas exitosas de países como Tailandia, Costa Rica, Uruguay y Macao, que impulsaron el turismo mediante políticas migratorias abiertas, eficientes y adaptadas a las nuevas dinámicas globales.
14. Conectividad interna. Ampliaremos vuelos domésticos para vincular destinos clave (Salar de Uyuni, Rurrenabaque, Misiones Jesuíticas) y estableceremos rutas directas con Cusco (Perú), reactivando el hermanamiento y el relacionamiento comercial binacional.
15. Campañas globales. Destinaremos recursos estatales y alianzas público-privadas para promocionar Bolivia en ferias internacionales, “Road shows” y redes sociales. Capacitaremos a embajadas y consulados como embajadores turísticos, que será una de sus tareas más importantes.
16. Seguridad especializada. Fortaleceremos la Policía Turística, capacitando unidades de la Policía Nacional en seguridad y atención integral multilingüe, con enfoque en corredores prioritarios (Lago Titicaca, Yungas, Misiones Jesuíticas).
17. Ecoturismo regulado. Promoveremos el turismo de aventura (senderismo, ciclismo) y observación (biodiversidad), con certificaciones ambientales y participación de las comunidades indígenas en la gestión.

Cielos abiertos

1. Consolidación del mercado aéreo boliviano mediante Cielos Abiertos. Implementaremos una política renovada de cielos abiertos, basada en experiencias regionales exitosas, para impulsar la consolidación de un mercado aéreo competitivo y eficiente en Bolivia, facilitando la participación equitativa de operadores privados nacionales e internacionales.
2. Marco regulatorio sólido para el sector aeronáutico. Estableceremos un marco jurídico y regulatorio claro y predecible, que garantice seguridad jurídica y reduzca la conflictividad social, promoviendo la inversión y la operación continua de aerolíneas internacionales en el país.
3. Innovación en derechos de tránsito aéreo: Séptima libertad. Incorporaremos la séptima libertad del aire, que permite a aerolíneas extranjeras realizar operaciones de cabotaje dentro del territorio nacional, para promover la competencia, reducir costos y mejorar la conectividad interna e internacional.
4. Flexibilidad operativa mediante contratos de arrendamiento (wet lease). Permitiremos contratos de arrendamiento integral de aeronaves (wet lease) para que las aerolíneas ajusten eficientemente su flota según las temporadas y condiciones del mercado, incentivando así una oferta más variada y adecuada a la demanda.
5. Apoyo competitivo a aerolíneas menores. Facilitaremos mecanismos de financiamiento para mejorar el poder adquisitivo de repuestos y suministros esenciales para aerolíneas pequeñas, mitigando sus limitaciones operativas y aumentando su sostenibilidad y competitividad en el mercado.
6. Modernización de la infraestructura aeroportuaria. En coordinación con las aerolíneas, diseñaremos planes estratégicos de expansión y mejora de la infraestructura aeroportuaria basados en la demanda real y futura, evitando inversiones anticipadas sin respaldo operativo. Daremos usos alternativos, como centros de formación, a los aeropuertos construidos en la era del MAS y que hasta ahora son elefantes blancos.
7. Diálogo participativo con actores del sector. Promoveremos un espacio de concertación permanente con aerolíneas, operadores turísticos, gobiernos regionales y locales, y la sociedad civil para la definición, implementación y evaluación continua de la política de Cielos Abiertos, asegurando así resultados óptimos para todos los actores involucrados.

Agricultura y Pecuaria

1. Implementaremos agricultura de precisión. Uso de drones, sensores de suelo y sistemas de riego eficiente para cultivos clave (soya, maíz, trigo). Incentivaremos la biotecnología, creando un fondo estatal para investigación en semillas resistentes y fertilizantes orgánicos, en alianza con universidades y centros internacionales.
2. Nueva Ley de Exportaciones. Eliminaremos toda traba burocrática para exportar soya, carne y otros productos. Apoyaremos a 500 empresas agroindustriales para obtener sellos y certificaciones de calidad.
3. En el sector pecuario, expansión de mercados, acceso a China y Asia. Gestionaremos la habilitación de frigoríficos bolivianos, en regiones estratégicas, para exportar carne bovina. Mejoraremos la genética mediante un banco de semen y embriones de ganado con apoyo de Brasil y Argentina.
4. Mejoraremos la productividad de la tierra y la mano de obra en tierras altas en base a crédito supervisado. Para ello impulsaremos financiamientos y asistencia técnica.
5. La tecnología agropecuaria de tractores de pequeña y mediana potencia, de cosechadoras y de silos será supervisada y fomentada, con apoyo de GAD’s. La agricultura extensiva tendrá reglas de conducta en relación a la prohibición de quema de bosque y sanciones penales y pecuniarias muy fuertes en caso de incumplimiento.
6. Levantaremos la restricción de producción de soya mejorada con biotecnología, y del uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos, previa autorización de los organismos reguladores, para su cultivo, para dotar de competitividad frente a la competencia regional de Paraguay, Brasil y Argentina.
7. Fortaleceremos las vocaciones productivas regionales y los cultivos alternativos, como la exportación de banano, plátano, palmito y piña, en el Chapare; y la exportación de quinua orgánica y productos de camélidos, para mantener el sello y denominación de origen que permite exportar producto de calidad.
8. Asimismo, impulsaremos la exportación de café de alta calidad en grano y molido, certificado. Promoveremos la producción de uva, para la producción de vinos de altura, para exportación certificada. Incentivaremos las cadenas productivas del café, la uva, la soya, la carne vacuna y la carne de pollo. Promoveremos los cultivos en suelo salino en el área de Chipaya y a lo largo de la cuenca del Río Desaguadero. Apoyaremos la producción de semilla certificada.
9. Promoveremos la crianza de ganado camélido: llamas, alpacas y vicuñas, para la producción de lana y carne, en base a la experiencia de Turco, también con ganado ovino de raza. Promueve la generación de granjas piscícolas, con asistencia técnica y crédito en todo el país. Fortaleceremos e institucionalizaremos la infraestructura construida y subutilizada para la producción de productos derivados de camélidos.
10. Implementaremos clústeres agroalimentarios de alta productividad. Desarrollaremos sistemas integrados de producción agropecuaria que maximicen el rendimiento por hectárea, todo bajo principios de sostenibilidad ambiental y uso racional de los recursos naturales.
11. Bosques productivos y sostenibles. Implementaremos un modelo forestal competitivo que combine manejo sostenible de bosques nativos con reforestación industrial en áreas degradadas.
12. Riego inteligente. Masificaremos programas de riego eficiente que optimicen el uso del agua, integrando manejo de cuencas y adaptación climática para garantizar producción estable en todas las regiones.
13. Paquetes tecnológicos integrales. Garantizaremos, junto a los gobiernos locales, que los pequeños agricultores accedan simultáneamente a riego, semillas mejoradas con biotecnología, maquinaria, asistencia técnica, financiamiento y canales comerciales, mediante acuerdos con gobernaciones y municipios para la focalización territorial de servicios.

Industria Forestal

1. Plantaremos 10 millones de árboles por año, para compensar la deuda ambiental que el MAS nos dejó en estos 20 años. Reforestaremos con especies nativas y maderables (mara, tajibo y otros), en colaboración con comunidades indígenas y empresas certificadas; mediante la aplicación de un impuesto a la explotación de madera.
2. Prohibiremos el chaqueo y quema de árboles en cualquier forma. Ante un foco de calor, inmediatamente se levantará una investigación y se sancionará con pena de cárcel de 30 años a los responsables. Crearemos la Fiscalía Forestal, encargada de estas investigaciones.
3. Observatorio Ambiental. Creamos una plataforma digital pública para monitorear deforestación en tiempo real, con sanciones automáticas a infractores. Revisaremos y modificaremos la normativa que regula la protección y el uso sostenible de los bosques y tierras forestales.
4. Manufactura industrial forestal. Crearemos, con alianza público privada, zonas con incentivos estatales a la manufactura en Santa Cruz, Pando y Beni para producir muebles, tableros y papel.
5. Acuerdos comerciales. Se buscará un tratado con la UE para exportar madera certificada, aprovechando fondos climáticos internacionales.
6. Institucionalizaremos y despolitizaremos la Autoridad de Tierras y Bosques, realizando una revisión de todas las concesiones forestales realizadas en los últimos veinte años.
7. Controlaremos las exportaciones de madera. Castigaremos el contrabando de madera de especies apreciadas, así como la tala indiscriminada, con cárcel.
8. Instalaremos controles de exportación de madera boliviana certificada en puertos de Chile y Perú, así como la exportación de contrabando, de madera en tablones o en tronca en las fronteras con Brasil.

8. Recursos naturales: Hacia la transición energética

Hidrocarburos

1. Intervención y Reestructuración de YPFB. Promoveremos una intervención inmediata de YPFB y sus subsidiarias para garantizar una gestión técnica, administrativa y financiera eficiente. Revisaremos los contratos operativos en toda la cadena de Upstream y Downstream, eliminando aquellos que no cumplan con el principio de eficiencia económica. Sustituiremos el recurso humano no calificado por profesionales técnicos y capaces, priorizando áreas críticas como la exploración, producción, transporte y comercialización.
2. Modernización de Refinerías. Potenciaremos el uso de las refinerías Gualberto Villaroel, Guillermo Elder y Oro Negro, actualmente operando al 30% de su capacidad. Realizaremos inversiones tecnológicas para modernizar estas instalaciones, permitiendo la transformación eficiente de petróleo crudo en derivados para el mercado nacional.
3. Liberación del Mercado de Combustibles. Liberaremos aranceles y para aranceles para importadores privados de combustibles, permitiendo que sectores como la minería y la agroindustria cubran sus propias necesidades y reduzcan la carga del Estado.
4. Intensificación de la Exploración (Upstream). Elaboraremos un plan estratégico energético para incrementar las reservas de hidrocarburos, en alianza con el sector privado, actualmente en 4 TCF, que sólo cubren cinco años de demanda. Priorizaremos la prospección y exploración de nuevos yacimientos para asegurar la sostenibilidad del sector.
5. Incentivos a Refinerías Privadas. Fomentaremos junto a YPFB que se genere inversión privada en refinerías pequeñas ( 1.000 a 5.000 barriles) para cubrir demandas geográficas o sectoriales específicas, aprovechando la ventaja competitiva de la mano de obra local.
6. Política de Sustitución Energética. Transformaremos la matriz energética, actualmente basada en un 70% en termoeléctricas (gas), promoviendo energías alternativas como eólica, solar y nuclear para reducir la dependencia de hidrocarburos.
7. Reforma Legal. Superado el problema de la escasez, modificaremos la Ley de Hidrocarburos para adaptarla a las necesidades de un sector moderno, competitivo y con necesidad de inversión privada para ser sustentable, reponer las reservas, mejorar la producción de campos maduros; así como implementar nuevas tecnologías, buscar mercados cautivos, otorgue seguridad jurídica, eficiencia económica, tecnología, y aspectos y acuerdos ambientales y sociales.
8. Involucraremos, dentro el plan de la cogestión, al Gobierno Central, a los gobiernos de los departamentos productores y a los inversionistas a hacer alianzas para que se involucren dentro del proceso de la cadena productiva. Por lo cual, crearemos un fideicomiso de regalías, manejado por una entidad regional independiente compuesta por la gente más idónea de cada departamento productor.
9. La subvención de hidrocarburos, tienden a beneficiar indiscriminadamente tanto a quienes los necesitan como a quienes no, generando ineficiencias y una carga fiscal insostenible. Focalizaremos gradualmente este beneficio hacia los sectores y poblaciones más vulnerables o necesarios para elevar el nivel de desarrollo productivo. Eso no solo mejorará la equidad, sino que también permitirá liberar recursos para otras áreas prioritarias, mejorando la sostenibilidad fiscal a largo plazo, maximizando su impacto social y económico.

Minería

1. Fortaleceremos las Cooperativas Mineras, las condiciones de inversión (pequeña, mediana y gran minería). Adaptándolas a las necesidades de un sector moderno, formal y competitivo, implementando nuevas tecnologías, otorgando seguridad jurídica, eficiencia económica, tecnología, así como aspectos y acuerdos ambientales y sociales.
2. Invertiremos 50 millones de dólares en la preservación del Cerro Rico, patrimonio cultural de la humanidad, mediante acuerdos de transformación tecnológica.
3. Desarrollaremos el litio de manera estratégica e inteligente, y atraeremos las inversiones necesarias para empezar a producirlo, así como sus derivados con valor agregado. Realizaremos una auditoría integral del proyecto del litio ejecutado por el MAS y las inversiones perdidas.
4. Las regiones productoras cogestionarán el litio con el gobierno central, formando Consejos Técnicos del Litio (formado por expertos potosinos, orureños y del país, con el apoyo de consultores internacionales).
5. Propondremos una nueva Ley de Minería en la que las Regalías equivalentes a los departamentos productores de minerales sea de 11%, al igual que los hidrocarburos.
6. Recuperaremos y reorientaremos las compañías públicas que tengan utilidad social y potencial económico, como Huanuni y Vinto.
7. Recuperaremos COMIBOL, de los políticos y grupos corporativos que la controlan y la reorientaremos, convirtiéndola en una empresa competitiva y eficiente a cargo de un equipo gerencial y técnico de alto nivel. Asimismo, existirá mayor presencia del Estado y control territorial en áreas mineras de alta accesibilidad, garantizaremos seguridad jurídica y protección contra los avasallamientos de minas.
8. Realizaremos una auditoría integral a la AJAM, SENARECOM y SERGEOMIN y las haremos más eficientes, con personal designado en base a la meritocracia.
9. Mejorar las reglas. Tendremos una nueva Ley minera que incentive la inversión privada y se trabaje en cogestión con las gobernaciones para fomentar trabajos de exploración.
10. La ley se adecuará a la minería moderna, normará la distribución de regalías, compensará el daño ambiental e implementará un Fondo para las comunidades productoras; además de aplicar normativas y tecnologías para proteger a los trabajadores mineros. Asimismo, se diseñará y priorizará la normativa para el tratamiento de los pasivos de la minería, el uso de insumos y materiales contaminantes.
11. Por su importancia sectorial, se elaborarán leyes específicas para el Oro y el Litio, para poder incentivar a empresas extranjeras a venir a invertir en la exploración, explotación y refinación de los minerales. Adicionalmente, vamos a lograr que las empresas privadas transfieran conocimiento y tecnología para desarrollar capital humano nacional.
12. Desarrollaremos proyectos de metales críticos, tierras raras y otros con empresas reconocidas a nivel mundial y que tengan experiencia comprobada. Para esto, buscaremos y planificaremos la explotación de yacimientos de clase mundial con Empresas que tienen larga experiencia, recursos y prestigio internacional.
13. Desarrollaremos el talento humano nacional con el apoyo de la cooperación internacional y los programas de RSE de las empresas privadas mineras, mediante becas o pasantías que permitan a los jóvenes capacitarse en aspectos de manejo de proyectos mineros sostenibles.
14. Se realizará una auditoría integral del proyecto del Mutún para evaluar la gestión de los recursos e inversiones ejecutadas durante los últimos diez años, tanto en el ámbito financiero como en el físico. Con base en ese diagnóstico, se impulsará la transformación del proyecto en una empresa con capacidades técnicas sólidas, orientada a atraer inversiones, libre de injerencias políticas y basada en criterios de meritocracia.

Energía

1. Transición energética con base en energías renovables. Impulsaremos una transición energética firme y sostenible mediante el desarrollo progresivo de fuentes renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa. Toda nueva capacidad de generación eléctrica que se integre al sistema será de origen limpio y renovable. Para 2030, al menos el 45% de la electricidad producida en Bolivia tendrá fuentes renovables, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y liberando gas natural para su exportación. Invertiremos en parques solares (Altiplano), eólicos (Santa Cruz, Tarija) y micro hidroeléctricas comunitarias. La “Ley de Prosumidores” permitirá que hogares y empresas vendan excedentes de energía limpia a la red.
2. Reforma institucional y normativa del sector eléctrico. Reformaremos la Ley de Electricidad y sus reglamentos para incorporar tecnologías emergentes, generación distribuida, electromovilidad, almacenamiento de energía y regulación específica para fuentes no convencionales. Fortaleceremos la independencia y profesionalización del ente regulador, asegurando eficiencia, imparcialidad y fomento a la inversión, reemplazando la actual autoridad politizada y burocrática por una instancia técnica y autónoma.
3. Fomento a la eficiencia energética. Diseñaremos e implementaremos una política nacional de eficiencia energética en coordinación con el sector público, privado y académico, que promueva el uso racional de la energía en la producción, el transporte y el consumo final. Esta política incluirá incentivos, normativas técnicas, campañas de concienciación y el uso de tecnologías limpias.
4. Electromovilidad e infraestructura de carga. Lideraremos un cambio estructural en el transporte mediante la importación de vehículos eléctricos durante un periodo inicial, con arancel cero y reducción del ICE de importaciones. Desarrollaremos infraestructura de carga rápida en ciudades y carreteras, e impulsaremos la instalación domiciliaria de sistemas de carga eléctrica con apoyo de energía solar. Se promoverá el acceso a crédito, seguros asequibles y normativas diferenciadas para facilitar la transición hacia una movilidad urbana limpia.
5. Electrificación rural y comunidades generadoras. Fortaleceremos las capacidades de los gobiernos subnacionales en la electrificación rural mediante fuentes renovables, promoviendo modelos de asociación público-comunitaria-privada. Esto permitirá abastecer de energía limpia a comunidades rurales dispersas, mejorar su calidad de vida y generar ingresos locales mediante la producción de electricidad.
6. Atracción de inversiones y diversificación de modelos de negocio. Fomentaremos la inversión privada nacional e internacional en proyectos energéticos a través de seguridad jurídica, acceso a financiamiento, normas claras y tarifas competitivas. Apoyaremos modelos de negocios diversos, desde grandes plantas hasta instalaciones comunitarias, priorizando pequeños y medianos proyectos hidroeléctricos y solares por su menor impacto ambiental y alta escalabilidad.
7. Exportación de energía eléctrica. Promoveremos la exportación de excedentes de energía eléctrica, evaluando la viabilidad técnica y económica de nuevas interconexiones regionales. Se actualizará la política de intercambio y tránsito eléctrico conforme a los acuerdos multilaterales y oportunidades de integración energética en Sudamérica.

9. Desarrollo Sostenible: Por un legado más justo para las generaciones futuras

Ciudades sostenibles, inclusivas e inteligentes.

1. Programa de Desarrollo Metropolitano. Implementaremos un programa para mejorar la gobernanza en las tres áreas metropolitanas del país, promoviendo: Planificación urbana participativa con planes maestros que eviten el crecimiento desordenado. Evaluando y dotando, en concurrencia con los municipios de estas áreas, infraestructura sostenible, incluyendo transporte público eficiente, gestión integral de residuos, servicios básicos, problemas limítrofes, gestión de riesgos y ampliación de áreas verdes.
2. Programa de Fortalecimiento de Ciudades Intermedias. Convertiremos estas ciudades en polos de desarrollo regional, mediante; Inversión en conectividad y logística para vincular zonas rurales y urbanas; Fomentaremos la agroindustria, turismo y tecnología para descentralizar la economía; Mejoraremos los servicios básicos (salud, educación) en áreas periurbanas, reduciendo la migración hacia las grandes ciudades.
3. Fondo Nacional de Desarrollo Metropolitano. Estableceremos en el FNDR un fondo financiero para proyectos metropolitanos prioritarios, con recursos provenientes del TGN, cooperación internacional y recursos de contraparte del nivel subnacional para iniciativas de inclusión social y resiliencia climática.
4. Inclusión social y lucha contra la desigualdad urbana. Implementaremos políticas para reducir la segregación socioeconómica. Tendremos viviendas sociales en zonas bien ubicadas y con acceso a servicios. Promocionaremos espacios públicos seguros con enfoque de género y accesibilidad universal. Desarrollaremos programas de empleo juvenil y capacitación técnica vinculada a demandas productivas locales.
5. Transparencia en Agencia Estatal de Vivienda. Instruiremos una auditoria integral a la Agencia Estatal de Vivienda (AEV) que abarque los recursos utilizados, la cantidad y calidad de las viviendas entregadas, el estado y la ocupación de las viviendas, los contratos con las empresas constructoras, y el presupuesto ejecutado. Se analizará así, el estado de este programa y/o su continuidad, en base a indicadores de impacto social.
6. Ciudades sostenibles y resilientes al clima. Impulsaremos la movilidad limpia (electrificación del transporte público). Gestionaremos de manera integral el agua y los residuos, con plantas de tratamiento y reciclaje. Reforestamos el área urbana y corredores ecológicos para mitigar el cambio climático. Garantizaremos acceso universal a agua potable, energía y saneamiento.
7. Innovación y productividad en las ciudades. Impulsaremos parques tecnológicos y hubs de emprendimiento en ciudades intermedias. Realizaremos alianzas públicoprivadas para modernizar mercados mayoristas y centros logísticos.

Sostenibilidad Ambiental

1. Deforestación Cero 2030 y corredores biológicos. Impulsaremos la meta nacional de Deforestación Cero al 2030, apoyada en un sistema de vigilancia satelital con inteligencia artificial y brigadas comunitarias. Crearemos corredores biológicos entre al menos 15 áreas protegidas para conservar la conectividad ecológica y promover sistemas de cosecha de agua en zonas vulnerables como el Altiplano, para adaptarse a los impactos del cambio climático.
2. Plataforma Bolivia Verde para transparencia y participación. Lanzaremos una plataforma digital de datos abiertos con información sobre calidad ambiental, concesiones mineras, permisos forestales y denuncias ciudadanas. Incorporaremos trazabilidad de tierras con blockchain para reducir el tráfico ilegal y proteger los derechos de propiedad, especialmente en zonas rurales y bosques comunitarios.
3. Protección jurídica y uso sostenible de la tierra. Reafirmaremos que el cumplimiento de la Función Económico-Social (FES) se verifica a través del uso sostenible de la tierra en actividades agropecuarias, forestales, ecoturísticas y de conservación. Garantizar la seguridad jurídica del productor sostenible es clave para frenar la deforestación incentivada por interpretaciones erradas de la FES. El Estado respetará este principio para promover un agro productivo, responsable y ambientalmente compatible.
4. Gestión integral de la biodiversidad y Áreas Protegidas. Rediseñaremos institucionalmente el SERNAP para garantizar una gestión efectiva, técnica y descentralizada de las 155 áreas protegidas del país, que hoy cubren el 29% del territorio nacional. Se incrementarán recursos financieros, humanos y tecnológicos, y se implementará una estrategia de manejo participativo con pueblos indígenas y comunidades locales, protegiendo el patrimonio biogenético frente a amenazas como el tráfico ilegal, la deforestación, y los proyectos extractivos.
5. Biotecnología soberana y agricultura sostenible. Fortaleceremos la biotecnología nacional a través del Instituto Boliviano de Biología (IBB), que liderará el desarrollo de semillas nativas resistentes al cambio climático y la producción de bioinsumos para reducir el uso de agroquímicos. Garantizaremos el derecho del consumidor al exigir un etiquetado obligatorio para productos que contengan organismos genéticamente modificados.
6. Sistema Nacional de Información y Monitoreo Ambiental. Crearemos un sistema nacional de información ambiental moderno y tecnológicamente avanzado, que integre monitoreo satelital, inteligencia artificial y bases de datos hidrometeorológicos. Esta entidad técnico-científica de carácter público-privado será clave para la toma de decisiones sobre riesgos ambientales, deforestación, incendios y cambio climático, y servirá como sistema de alerta temprana frente a emergencias ecológicas.
7. Mercado de carbono y restauración forestal. Promoveremos la regeneración de bosques degradados mediante proyectos certificados de carbono forestal que generen créditos comercializables en mercados internacionales (Verra, Gold Standard). Las comunidades y pueblos indígenas serán actores centrales en la protección de estos bosques y beneficiarios directos de los ingresos por servicios ambientales.
8. Fondo Soberano Ambiental para financiamiento verde. Crearemos un Fondo Soberano Ambiental estructurado bajo principios internacionales (Green Bond Principles), financiado con bonos verdes, contribuciones climáticas voluntarias e impuestos al carbono. Este fondo respaldará inversiones en energías limpias, pagos por servicios ambientales, electrificación rural renovable y otras acciones prioritarias de sostenibilidad.
9. Minería responsable y transición ecológica. Transformaremos el sector minero en una actividad más limpia, transparente y responsable. Impulsaremos la certificación con tecnologías blockchain para garantizar trazabilidad en minerales (oro, litio), incrementaremos las regalías y exigiremos cumplimiento ambiental. Se formalizará progresivamente la minería cooperativa, dotándola de tecnologías limpias, acceso a crédito y capacitación, en línea con el Convenio de Minamata sobre el mercurio.
10. Justicia ambiental y lucha contra el ecocidio. Impondremos sanciones ejemplares, incluyendo penas de hasta 30 años de cárcel, para quienes provoquen incendios intencionales, destruyan ecosistemas o cometan delitos ambientales. Respetaremos los parques nacionales y los territorios indígenas, fortaleciendo su protección como pilares fundamentales de la soberanía ecológica del país.

Agenda Animalista para un Bolivia Ética y Compasiva

Reforma integral de la Ley 700. Fortaleceremos el marco legal contra el maltrato animal incluyendo la tenencia irresponsable como delito, ampliando su aplicación a todos los tipos de animales (trabajo, granja, espectáculos y silvestres en cautiverio), y estableciendo protocolos claros para denuncias, decomisos y adopciones, con abogados especializados en delitos contra animales.

1. Crearemos una instancia judicial para la Protección Animal. Implementaremos una entidad autónoma con capacidad legal para actuar contra el maltrato, emitir resoluciones administrativas y coordinar políticas públicas entre municipios, junto con una Plataforma Nacional de Registro Animal obligatoria para criadores y tutores.
2. Transformaremos las Unidades de Zoonosis. Convertiremos estos centros en espacios de esterilización, vacunación y educación, eliminando su función de exterminio, y garantizando auditorías periódicas por parte del Estado, organizaciones sociales y los gobiernos autónomos municipales que tienen esta competencia.
3. Crearemos los primeros hospitales veterinarios públicos. Instalaremos hospitales veterinarios gratuitos o de bajo costo en cada capital departamental, con unidades móviles para llegar a zonas rurales, enfocados en esterilización, urgencias y prevención de zoonosis.
4. Apoyo económico y logístico a refugios. Asignaremos bienes inmuebles incautados por DIRCABI a refugios legales y facilitaremos acceso prioritario a fondos internacionales, con transparencia y rendición de cuentas.
5. Prohibición de espectáculos crueles. Erradicaremos carreras, peleas y cualquier evento que cause sufrimiento animal, con protocolos estrictos de fiscalización antes, durante y después de actividades que involucren animales.
6. Educación en tenencia responsable. Incorporaremos en la malla curricular escolar contenidos sobre empatía y bienestar animal, junto con brigadas estudiantiles de protección y campañas masivas de concienciación.
7. Promoveremos el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes. Propondremos entre las reformas a la Constitución, que su protección sea obligación del Estado, aplicando el principio de interés superior del animal en todas las políticas públicas.
8. Fortalecimiento forense contra el maltrato. Crearemos una unidad veterinaria especializada en el IDIF para necropsias y peritajes gratuitos en casos de denuncias, coordinando con fiscalías ambientales para garantizar justicia accesible.
9. Maltrato animal como violencia vicaria. Se elaborará una normativa legal para sancionar la violencia contra los animales, considerándose agravante penal y factor en decisiones judiciales de custodia o protección a víctimas.

10. Desarrollo institucional: Fortaleciendo las estructuras del Estado

Corrupción y despilfarro

1. Recuperación de activos producto de la corrupción. Impulsaremos una ley específica para la recuperación de bienes obtenidos mediante actos de corrupción. El Estado adoptará medidas legales y técnicas para identificar, investigar y repatriar los recursos sustraídos durante los últimos veinte años de administración del MAS. Se revisarán con prioridad los procesos de contratación pública en entidades que concentraron altos niveles de inversión estatal, como YPFB, ENDE, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, a fin de transparentar el uso de los recursos públicos.
2. Gobierno abierto y digital. Construiremos un gobierno basado en la transparencia, la digitalización de la gestión pública y el acceso abierto a la información. Eliminaremos el secretismo institucional y pondremos en marcha un sistema digital que permita a cualquier ciudadano consultar, en tiempo real, datos actualizados sobre ingresos y egresos del Estado, ejecución presupuestaria, estados financieros y avance físico y financiero de los proyectos de inversión pública.
3. Regulación institucional eficiente. Transitaremos hacia un sistema de regulación institucionalizado, especializado y técnicamente independiente, orientado a racionalizar recursos públicos, simplificar procedimientos administrativos y reducir los costos de transacción. Esta nueva arquitectura regulatoria será un instrumento clave para combatir la excesiva burocracia, mejorar la eficiencia del gasto público, elevar la calidad de los servicios y cerrar espacios a la corrupción estructural.
4. Agencia de Compras del Estado. Crearemos una Agencia de Compras del Estado con competencias técnicas para centralizar los procesos de adquisición pública bajo estándares de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Esta entidad será un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, eliminando prácticas discrecionales, sobrecostos y redes clientelares en las compras del gobierno.
5. Comisión Nacional de Auditoría del Gasto Público. Conformaremos una Comisión Nacional de Auditoría del Gasto Público integrada por profesionales independientes y personalidades de reconocida trayectoria ética. Esta instancia tendrá la responsabilidad de vigilar el uso eficiente de los recursos públicos, con auditorías técnicas, financieras y de impacto. Seremos implacables con quienes incurran en corrupción: “el que mete la mano en la lata, se irá a la cárcel”.

Reforma de la Justicia

1. Reforma integral del sistema judicial basada en independencia y meritocracia. Propondremos una reforma constitucional profunda que transforme estructuralmente el sistema judicial boliviano, garantizando su independencia, transparencia y eficiencia. Esta reforma incluirá la despolitización de los procesos de designación de magistrados, jueces y fiscales, mediante la implementación de concursos públicos de méritos con criterios académicos, profesionales y éticos rigurosos, supervisados por órganos independientes y con veeduría ciudadana.
2. Supresión del Tribunal Constitucional Plurinacional y creación de una Sala Constitucional. Impulsaremos vía referéndum la consulta de la supresión del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya actuación ha contribuido a la politización y distorsión de la justicia constitucional. Propondremos una reforma constitucional que restituya esta función al Tribunal Supremo de Justicia, a través de la creación de una Sala Constitucional especializada, técnica y despolitizada, como ocurre en diversos países democráticos. Esta sala se encargará del control de constitucionalidad y del resguardo efectivo de los derechos fundamentales.
3. Carrera judicial ética y meritocrática. Estableceremos una carrera judicial estructurada, profesional y ética, que permita el ingreso desde niveles auxiliares (como oficiales de diligencia y secretarios) hasta las más altas magistraturas, bajo estrictos criterios meritocráticos. El acceso y ascenso se realizarán mediante concursos públicos automatizados, evaluaciones periódicas y supervisión independiente. La estabilidad en el cargo será determinada por el tiempo fijado en la normativa, condicionada al cumplimiento de estándares de conducta y desempeño evaluables objetivamente.
4. Unificación del sistema judicial. Propondremos la progresiva integración de la justicia ordinaria y la justicia indígena en un sistema judicial único y coherente, respetando el marco constitucional. Se crearán juzgados mixtos en áreas rurales y urbanas, con formación intercultural, que garanticen un acceso equitativo y no discriminatorio a la justicia. Las autoridades comunitarias indígenas ejercerán competencias excepcionales en resolución de conflictos internos, en armonía con los derechos fundamentales y la Constitución.
5. Auditoría y revisión de sentencias contrarias a la Constitución. Implementaremos un proceso de auditoría legal y constitucional de sentencias, resoluciones y leyes que hayan vulnerado el orden jurídico y los derechos fundamentales, en especial aquellas dictadas bajo presión política o en beneficio del régimen anterior. Se dará prioridad a los casos de persecución política, criminalización de la protesta y vulneración de derechos de grupos vulnerables. Esta revisión incluirá también decisiones del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia.
6. Desmantelamiento del aparato político de abuso de poder. Reestructuraremos y despolitizaremos profundamente las instituciones clave del sistema de control y fiscalización del Estado, incluyendo el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General. Se garantizará su independencia funcional, su profesionalización y su servicio exclusivo al interés público, desarticulando las redes de manipulación política instauradas durante el régimen del MAS.
7. Financiación suficiente para una justicia eficaz. Destinaremos el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema judicial, asegurando recursos adecuados para su modernización tecnológica, formación continua del personal, mejora de infraestructura, acceso a la justicia para poblaciones vulnerables y fortalecimiento de los mecanismos de control interno y rendición de cuentas.

Política Exterior para la Inserción Global

1. Propondremos una política exterior que reconcilie a Bolivia con el mundo y con los organismos internacionales, orientada por la defensa del interés nacional y alejada de alineamientos ideológicos o alianzas coyunturales que han perjudicado nuestra inserción global.
2. Seremos firmes defensores del derecho internacional y dejaremos atrás los alineamientos ideológicos que aislaron al país, restándole oportunidades económicas y diplomáticas. Recuperaremos la capacidad de interlocución política y cooperación internacional con una agenda común basada en los valores universales de la democracia, la paz y los derechos humanos.
3. En ese marco, la política exterior se orientará a contribuir a la superación de la crisis económica interna, a reforzar la gobernabilidad democrática, a promover la transformación productiva y a consolidar una revolución exportadora que conecte a Bolivia con el mundo.
4. Nuestra revolución exportadora estará basada en la apertura sostenida de mercados para productos y servicios bolivianos, en la construcción de una red de cooperación internacional moderna y diversificada. Buscaremos activamente vínculos con países del hemisferio occidental y con economías emergentes de Asia, India, África y Medio Oriente, ampliando las oportunidades de acceso para nuestros emprendedores y sectores productivos.
5. Participaremos en acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales amplios y diversos, porque una mayor integración internacional reduce la vulnerabilidad del país frente a shocks externos y genera nuevas oportunidades de crecimiento económico.
6. Desarrollaremos políticas de cooperación fronteriza orientadas a llevar desarrollo, infraestructura, protección ambiental y seguridad a los municipios de frontera, muchas veces olvidados por el Estado central.
7. Impulsaremos marcos de cooperación regional con países vecinos para combatir el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el deterioro ambiental compartido, a través de mecanismos binacionales eficaces y sostenibles.
8. Fortaleceremos la Cancillería como órgano estratégico del Estado, dotándola de una instancia público-privada especializada en la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y posicionamiento internacional de Bolivia. Esta instancia estará regida por un Directorio mixto, con representantes del sector público y del empresariado nacional.
9. Promocionaremos el desarrollo tecnológico, digital y productivo, apoyando especialmente a emprendedores bolivianos en su internacionalización. Nuestra política exterior facilitará el acceso a mercados internacionales y posicionará a Bolivia como un país innovador, competitivo y abierto al mundo.
10. Implementaremos una política exterior de protección integral a los bolivianos en el exterior, a través de acuerdos migratorios y consulares que mejoren sus condiciones de vida, seguridad, su acceso a la salud, educación y seguridad social en los países de acogida.
11. Profesionalizaremos el servicio exterior mediante la institucionalización de la carrera diplomática, eliminando el uso político de cargos diplomáticos como prebendas o acuerdos políticos. Estableceremos mecanismos de ingreso y promoción basados en méritos, formación e idoneidad, para contar con un cuerpo diplomático altamente capacitado y comprometido con los intereses del país.
12. Restableceremos plenamente las relaciones diplomáticas y de cooperación con Estados Unidos. Bolivia no puede continuar ajena al diálogo con la primera economía del mundo. Trabajaremos por una agenda bilateral amplia que incluya comercio, inversión, asistencia al desarrollo y el restablecimiento del acceso preferencial de nuestras exportaciones al mercado estadounidense.
13. En relación con los BRICS, Venezuela y Cuba, Bolivia adoptará una postura clara y coherente con los principios democráticos y los derechos humanos. No subordinaremos nuestra política exterior a alianzas con regímenes autoritarios que no respetan las libertades fundamentales ni las instituciones democráticas. Respetamos la soberanía de los pueblos, pero rechazamos la instrumentalización de los organismos internacionales por parte de gobiernos que perpetúan el autoritarismo. Bolivia trabajará con todos los bloques y regiones del mundo que compartan una visión democrática, plural y abierta al diálogo multilateral, siempre priorizando el interés nacional.

Descentralización

1. En 2026 impulsaremos un nuevo Pacto Fiscal que marque un punto de inflexión en el lento proceso autonómico boliviano, garantizando mayor equidad en la distribución de los recursos públicos. Propondremos que el 50% de los nuevos ingresos fiscales se transfiera a gobernaciones, gobiernos municipales y autonomías indígenas originarias campesinas, de modo que puedan ejercer plenamente sus competencias y atender con urgencia las brechas en salud, educación e infraestructura básica; exclusivamente para inversión pública.
2. Convertiremos el Pacto Fiscal en el principal instrumento de desarrollo local inteligente, orientado a la coordinación intergubernamental y a la eficiencia del gasto público. Este nuevo pacto se basará en acuerdos que definan claramente los roles, responsabilidades, recursos y plazos entre niveles de gobierno, partiendo de un análisis técnico del cumplimiento de competencias, la disponibilidad financiera y las necesidades específicas de cada entidad territorial.
3. Reformaremos profundamente el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), transformándolo en una institución autónoma, despolitizada y profesional, al servicio de todas las entidades territoriales. El SEA dejará de ser un apéndice del centralismo político: su director ejecutivo será designado por la Asamblea Legislativa, a partir de una terna meritocrática propuesta por la Comisión de Autonomías, garantizando imparcialidad en la resolución de controversias sobre competencias y financiamiento.
4. Garantizaremos el respeto pleno a la autodeterminación de los gobiernos subnacionales en la elaboración de sus Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas Municipales. Eliminaremos toda injerencia indebida del nivel central, en el proceso autonómico de los GAIOC’s (Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos), asegurando que la autonomía no sea solo declarativa, sino efectiva y respetada.
5. Resolveremos de forma definitiva los conflictos de límites entre municipios, priorizando mecanismos técnicos, diálogo ciudadano y el cumplimiento estricto de la ley. Nuestro objetivo es que, hasta el año 2030, estos conflictos no sigan afectando la convivencia vecinal ni obstaculizando la provisión de servicios públicos. Todos los bolivianos merecen claridad territorial y armonía institucional.
6. Co-planificaremos el desarrollo territorial junto a los gobiernos subnacionales, impulsando de forma decidida la consolidación de áreas metropolitanas y mancomunidades municipales como espacios institucionales de planificación y gestión compartida. Promoveremos la creación de entes gestores de salud y educación con participación descentralizada, que integren redes de atención, infraestructura, personal y financiamiento, elevando la calidad y eficiencia de los servicios públicos en beneficio directo de la población.

Eficiencia de la Inversión Pública y el Gasto Público.

1. Crearemos una Comisión Nacional de Auditoría del Gasto Público, conformada por personalidades independientes y de reconocida trayectoria ética. Esta comisión tendrá el mandato de supervisar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos, asegurando que cada boliviano invertido se traduzca en resultados concretos que mejoren la calidad de vida de la población y no sea desviado ni despilfarrado.
2. En coordinación con esta Comisión, implementaremos un sistema de indicadores de eficiencia del gasto público en todos los niveles del Estado. Reemplazaremos la lógica obsoleta que evalúa la gestión pública únicamente por la ejecución presupuestaria. No se trata de gastar por gastar: se trata de generar valor social y económico. Los recursos del Estado pertenecen a los bolivianos y deben utilizarse con el objetivo de elevar su bienestar de forma medible y sostenible.
3. Corregiremos las ineficiencias estructurales en el gasto público y reduciremos gradualmente el gasto corriente, priorizando la sostenibilidad fiscal sin recurrir a ajustes bruscos. La experiencia internacional demuestra que reducir gastos ineficientes tiene efectos más sostenibles que aumentar impuestos que recaen sobre los más vulnerables. Este proceso será cuidadosamente diseñado para mejorar la calidad del gasto, impulsar el crecimiento económico y proteger a los sectores sociales más sensibles.
4. Reestructuraremos las empresas públicas que aún puedan ser sostenibles, incrementando su eficiencia operativa, reduciendo costos y generando ingresos propios. Las empresas estatales dejarán de depender de subsidios permanentes del Tesoro General de la Nación y deberán cumplir estándares de gestión orientados a la rentabilidad económica y/o social, con gobernanza corporativa moderna y rendición de cuentas permanente.
5. Optimizaremos la inversión pública, priorizando proyectos con mayor rentabilidad social y económica. Bolivia presenta un bajo multiplicador fiscal comparado con otros países de la región, lo que nos obliga a reorientar los recursos hacia sectores estratégicos como educación, salud, infraestructura básica y servicios esenciales, donde el impacto social es más directo, equitativo y sostenible.
6. Dejaremos de financiar empresas estatales inviables y proyectos fracasados que solo generan presión sobre las finanzas públicas. Esta reorientación liberará espacio fiscal para redistribuir la inversión pública hacia sectores de alto impacto. La infraestructura en transporte, comunicaciones, agua y saneamiento, así como la inversión social en educación y salud, serán las nuevas prioridades, porque no solo impulsan la productividad a largo plazo, sino que mejoran el bienestar colectivo y fortalecen la integración económica del país.

Defensa del Estado

1. Eliminaremos la estructura actual de administración pública caracterizada por la burocratización, ineficiencia y altos costos operativos, agravados por el corporativismo, el nepotismo, la captura partidaria y la corrupción. Esta situación ha deteriorado especialmente el funcionamiento de las entidades encargadas de proteger al Estado y a la ciudadanía, debilitando su capacidad para prestar servicios oportunos, imparciales y eficaces.
2. En consecuencia, impulsaremos la institucionalización de los principales órganos de fiscalización y defensa del interés público: la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El primer paso será poner fin a los interinatos prolongados y asegurar la designación meritocrática y transparente de sus máximas autoridades.
3. Profesionalizaremos la función pública en estas entidades clave, aplicando los principios del Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027), mediante procesos de evaluación, selección y formación gestionados por instancias técnicas independientes o consultoras especializadas. El objetivo es reorganizar el aparato estatal bajo criterios de idoneidad, estabilidad y responsabilidad institucional.
4. Revisaremos y actualizaremos la Ley 1178, evaluando sus avances, limitaciones y rezagos. Reformaremos el sistema de planificación y evaluación de la gestión pública para que todas las entidades del Estado sean medidas por resultados concretos, con indicadores de desempeño que reflejen efectividad, eficiencia y rendición de cuentas.

Defensa del Territorio

1. Propondremos una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que garantice su plena despartidización y refuerce su sujeción al mandato constitucional. Esta norma establecerá mecanismos para impedir cualquier forma de actividad política o partidaria dentro de la institución militar, preservando su carácter institucional, profesional y neutral.
2. Realizaremos un diagnóstico integral sobre el estado actual de la infraestructura militar, el equipamiento, el armamento y los programas de formación. A partir de este análisis, construiremos un Plan Estratégico de Defensa Nacional, en coordinación con el Alto Mando Militar, que oriente las inversiones necesarias para recuperar capacidades operativas.
3. Crearemos unidades especializadas en el uso de tecnologías de la información, inteligencia geoespacial y vigilancia remota para reforzar la defensa nacional, con énfasis en la lucha contra amenazas como el contrabando, el narcotráfico y la ocupación ilegal de territorio.
4. Fortaleceremos la capacidad logística y operativa de las FFAA, mejorando las condiciones de dotación de alimentos, uniformes, medios de transporte y equipamiento de campaña necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones en todo el territorio nacional.
5. Reforzaremos la presencia militar en zonas estratégicas de frontera mediante la instalación de nuevos regimientos en áreas actualmente desguarnecidas, como Vituraya (frontera con Perú), Montevideo y Santa Rosa (Pando, frontera con Brasil) e Iténez (Beni, frontera con Brasil), fortaleciendo la soberanía territorial y la seguridad nacional.
6. En coordinación con la Comisión de Auditoría del Gasto Público, realizaremos auditorías técnicas y financieras en las unidades de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada). Se sancionará con firmeza a los responsables de actos de corrupción, mala administración o desvío de recursos, asegurando que estas instituciones de formación recuperen su misión académica, ética y profesional.

La necesidad de formalización

1. Lucha estructural contra la informalidad. Combatiremos la informalidad como uno de los principales obstáculos al desarrollo, la equidad y la sostenibilidad fiscal del país. Implementaremos una estrategia nacional que articule legalización progresiva, transición productiva y formalización definitiva, diferenciando entre informalidad legal, informalidad ilegal y actividades vinculadas a redes ilícitas como el contrabando, el oro ilegal o el narcotráfico.
2. Reforma del sistema tributario para promover la formalización. Simplificaremos la estructura tributaria, eliminando distorsiones que castigan a quienes ya tributan y desincentivan la inversión y formalización. Reformaremos impuestos como el IT (Impuesto a las Transacciones) y reduciremos la carga fiscal inicial para nuevos emprendimientos, incorporando un régimen especial progresivo para unidades productivas emergentes, con incentivos para la bancarización, la facturación y la formalidad laboral.
3. Programa de devolución tributaria e incentivos al cumplimiento. Implementaremos un sistema de devolución tributaria parcial por consumo formal con factura, enfocado en integrar al sector informal mediante beneficios directos al consumidor. Este programa incluirá mecanismos de trazabilidad, control de operaciones en efectivo y metas de formalización medibles, con el potencial de incorporar (doblar) hasta 2,2 millones de personas a la economía formal y generar hasta 6.5% del PIB en ventas adicionales.
4. Formalización productiva e integración territorial. Impulsaremos programas de reconversión productiva para comerciantes informales, con acceso a capacitación técnica, asistencia empresarial, garantías para crédito productivo y mercados seguros. Estimularemos el paso del sector terciario informal hacia actividades industriales, agroindustriales o de servicios productivos, priorizando las ciudades intermedias y zonas de alta informalidad rural, mediante políticas de inclusión territorial.
5. Control al contrabando y a economías ilegales. Endureceremos el control a las actividades económicas ilegales mediante la militarización de fronteras clave, control bancario de operaciones sospechosas, y un sistema de seguimiento del comercio ilegal de oro y coca. Se propondrá un esquema gradual en el que la oferta estatal para el oro vaya aumentando, de modo que el Estado compre y regule una buena parte de la producción, como herramienta para desarticular redes de contrabando e informalidad ilícita.
6. Reforma de las concesiones y control a cooperativas ilegales. Revisaremos las concesiones mineras otorgadas sin control y realizaremos una revisión exhaustiva de las cooperativas auríferas. Se exigirá su cumplimiento con la legislación laboral y tributaria, asegurando condiciones mínimas de formalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
7. Política de empleo formal y transición laboral. Implementaremos programas para alinear las remuneraciones del sector público y el privado, fomentando el empleo formal con protección social. Se eliminarán barreras de entrada a la formalidad laboral mediante incentivos fiscales para la contratación, esquemas de protección al empleador y programas de transición para trabajadores con baja calificación, articulados con servicios sociales auxiliares como guarderías infantiles.
8. Transformación educativa para la formalización. Fortaleceremos la capacitación técnica y productiva orientada a la formalización, expandiendo modelos exitosos como los CITES (Centros de Innovación Tecnológica y Social), que promuevan la creación de emprendimientos cooperativos productivos con acceso a tecnología, administración moderna y formación profesional. Esta estrategia estará enfocada en empoderar a sectores vulnerables y promover movilidad social ascendente hacia la clase media.
9. Promoción del “Compro Boliviano formal”. Reformularemos las políticas públicas de compras estatales para priorizar la producción nacional ya formalizada, como segunda etapa de apoyo al emprendedor. Se impulsará el “Compro Boliviano formal” como política de Estado: uniformes escolares y militares, mobiliario público, y equipamiento para escuelas y centros de salud serán adquiridos a microempresarios formalizados. Esto generará un mercado asegurado y estable para la transición desde la informalidad.
10. Integración institucional para el combate a la informalidad. Articularemos a las entidades tributarias, laborales, judiciales y de desarrollo productivo en un sistema unificado de seguimiento, asistencia y control de la formalización. Se crearán unidades municipales de formalización en ciudades intermedias con altos niveles de economía informal, priorizando zonas fronterizas y circuitos comerciales altamente informales como El Alto, Challapata, Yacuiba, Puerto Suárez y Cobija.

11. Acceso a las comunicaciones e integración.

Transporte e integración carretera

1. Institucionalizaremos la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), devolviéndole su carácter técnico, meritocrático e independiente. La ABC será nuevamente una entidad especializada, confiable y eficiente, orientada exclusivamente a la planificación, ejecución y supervisión de la infraestructura vial del país.
2. Realizaremos auditorías técnicas y administrativas integrales de los proyectos ejecutados durante los últimos 20 años, para identificar sobrecostos, fallas estructurales y responsabilidades. Paralelamente, activaremos un plan de intervención urgente para el mantenimiento y rehabilitación de tramos con deterioro estructural o superficial que afectan la seguridad vial y la conectividad territorial.
3. Completaremos la infraestructura vial necesaria para integrar el Corredor Bioceánico, incorporando criterios modernos de diseño vial, tecnologías constructivas sostenibles y estándares internacionales de calidad. Este proyecto será prioritario para consolidar la conectividad logística regional de Bolivia con los océanos Atlántico y Pacífico.
4. Implementaremos un Sistema Integrado de Mantenimiento Vial que incluirá tecnología de punta y mecanismos de control de carga por eje, censos vehiculares y gestión preventiva de deterioro e inventario vial georeferenciado. Estos sistemas serán responsabilidad directa de la ABC, como parte de su modernización institucional y su rol ampliado en el monitoreo permanente de la red troncal.
5. Activaremos un sistema integrado de control en peajes carreteros que incluirá tecnología de punta y mecanismos de cobro de peaje, control georeferenciado que coadyuven al control estadístico, de recaudación efectiva y de seguridad caminera.
6. Concluiremos la ruta sur que conecta Potosí con Tarija y el Paraguay, fortaleciendo también los vínculos carreteros hacia la frontera chilena. Estas rutas estratégicas facilitarán el comercio, el turismo y la integración regional del sur del país.
7. Construiremos la carretera entre Cochabamba y el Beni, garantizando el respeto pleno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), así como el cumplimiento de toda la normativa ambiental vigente y las consultas previas con pueblos indígenas.
8. Conectaremos integralmente el departamento de Pando con el corredor Oeste-Norte entre Perú y Brasil, concluyendo tramos estratégicos como Porvenir-Sena y asegurando su vinculación plena con el departamento del Beni.
9. Finalizaremos el tramo El Salto-Monteagudo, concluyendo la histórica Diagonal Jaime Mendoza, infraestructura clave para articular los departamentos del sur del país con el eje central.
10. Integraremos el departamento del Beni mediante la construcción del puente sobre el río Mamoré, que conecta los municipios de Trinidad con San Ignacio de Moxos, garantizando un flujo vehicular continuo hacia el occidente. Además, se priorizará la carretera TrinidadGuayaramerín como eje logístico de desarrollo regional.
11. Articularemos Tarija con los mercados nacionales e internacionales mediante la conclusión de la carretera al Chaco, la conexión con el Paraguay y el vínculo hacia la frontera con Chile, atravesando Potosí y consolidando su potencial geoeconómico.
12. Reactivaremos el uso de ferrocarriles para transporte de pasajeros y carga, con potencial turístico y productivo, a través de asociaciones público-privadas. Se priorizarán tramos como Sucre-Potosí y La Paz-Cochabamba, y se impulsará la construcción de nuevas rutas como Santa Cruz-Beni y Cochabamba-Santa Cruz, para descongestionar las carreteras y diversificar la logística nacional.
13. Promoveremos la transición hacia un parque automotor limpio mediante la importación exclusiva de vehículos eléctricos por un periodo inicial de dos años, con arancel 0 y tasas de ICE reducidas. En paralelo, se incrementará progresivamente el ICE para vehículos a gasolina o diésel con cilindrada mayor a 2500 cc , que no sean destinados al servicio público o actividades productivas, alineando así la política de transporte con la sostenibilidad ambiental y energética del país.
14. Se fortalecerá la patrulla caminera, tanto en equipamiento, postas y efectivos policiales. Que principalmente controlarán el estado de alerta, sobriedad y fatiga de los conductores de transporte interdepartamental, límites de velocidad y estado de los vehículos.

Tecnologías TIC’s. Transparencia y gobierno digital.

1. Agenda Digital Nacional. Implementaremos una Agenda Digital integral con cuatro pilares: inclusión digital (conectividad universal), igualdad digital (servicios públicos en línea), competitividad (innovación productiva y tecnológica), y sostenibilidad (tecnologías verdes y economía circular). Esta agenda será el marco estratégico de todas las políticas públicas vinculadas al ecosistema digital.
2. Modernización del Estado y gobierno digital. Llevaremos adelante una transformación digital integral del Estado que incluya la automatización de trámites, trazabilidad financiera, sistemas electrónicos de compras públicas, gestión tributaria en línea y contratación estatal digital. Se establecerán plataformas de recepción de quejas y denuncias con seguimiento automatizado, y se institucionalizarán procesos de consulta ciudadana, acceso a la información pública y vigilancia social, garantizando transparencia y participación.
3. Infraestructura digital nacional. Expandiremos la red nacional de fibra óptica, modernizaremos las telecomunicaciones y desplegaremos tecnología 5G, priorizando la cobertura en áreas rurales y regiones de menor desarrollo. Este esfuerzo incluirá alianzas público-privadas, apoyo a cooperativas y subsidios para proveedores regionales, así como la integración con redes académicas y científicas como RedCLARA.
4. Ministerio de Tecnologías e Innovación (MINTIC). Evaluaremos la creación del Ministerio de Tecnologías de Información, Innovación y Conectividad (MINTIC), como autoridad rectora de la infraestructura digital, la sociedad de la información y los servicios tecnológicos del Estado. Esta nueva entidad asumirá las funciones hoy dispersas entre AGETIC, ATT, ENTEL y ADSIB, con una visión estratégica de largo plazo, enfoque en eficiencia, competitividad, desarrollo científico y gobierno abierto.
5. Marco legal para la economía digital. Promoveremos un marco normativo actualizado que incluya leyes de protección de datos personales, ciberseguridad, teletrabajo, acceso a la información pública y fomento del comercio electrónico, así como estándares para la interoperabilidad, la inteligencia artificial, la telemedicina y el gobierno digital.
6. Educación tecnológica y talento digital. Impulsaremos la enseñanza de habilidades digitales desde la educación básica, incorporando programación, robótica, inteligencia artificial e inglés técnico, bajo un modelo STEM adaptado al contexto nacional. Se fortalecerá la formación profesional dual, los programas de codificación con enfoque de género y la capacitación continua para la reconversión laboral en adultos.
7. Innovación tecnológica y economía del conocimiento. Asignaremos recursos al fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, mediante un esquema de financiamiento mixto entre el Estado y el sector privado. Se establecerán centros de investigación en tecnologías emergentes (IA, blockchain, automatización), parques tecnológicos regionales y programas de coinversión en startups digitales. Se priorizará la articulación entre universidades, laboratorios privados y centros de desarrollo productivo.
8. Ecosistema emprendedor y exportación de servicios digitales. Impulsaremos un fondo estatal de capital de riesgo para emprendimientos tecnológicos, acompañado de apoyo técnico para su internacionalización. La industria del software será promovida como sector estratégico exportador, con incentivos fiscales y programas de formación especializada en ciencia de datos, ciberseguridad, biotecnología y servicios digitales.
9. Integración internacional y cooperación tecnológica. Fortaleceremos la participación de Bolivia en foros y redes internacionales de ciencia, tecnología e innovación. Se suscribirán acuerdos con empresas tecnológicas globales para el desarrollo de laboratorios de innovación, programas de certificación y transferencia de conocimientos, así como la construcción de centros de datos y aplicaciones estratégicas para el desarrollo nacional.
10. Plan Director de Tecnologías de Información. Desarrollaremos un Plan Director de Tecnologías Digitales que articule de forma coherente el crecimiento del sector TIC con las prioridades nacionales en salud, educación, seguridad, justicia, agricultura e infraestructura. Este plan orientará todas las acciones del Estado en materia digital, promoviendo el uso estratégico de las TIC como motor del desarrollo inclusivo y sostenible.

Telecomunicaciones

1. Institucionalizaremos ENTEL como una empresa pública eficiente, técnica y competitiva, garantizando la contratación de los mejores profesionales del sector para enfrentar con éxito una competencia abierta, transparente y saludable en el mercado de telecomunicaciones.
2. Definiremos una estrategia nacional de expansión de conectividad con inclusión productiva, promoviendo la terciarización de servicios de última tecnología mediante la participación de empresas y emprendedores nacionales, generando empleo y fortaleciendo capacidades locales.
3. Identificaremos regiones y comunidades actualmente no cubiertas por radiobases para reforzar y ampliar el alcance del actual programa PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social), asegurando acceso a servicios móviles y de internet en zonas rurales y dispersas.
4. Fortaleceremos la autoridad reguladora en telecomunicaciones, dotándola de independencia institucional y plena profesionalización técnica. Se garantizará la inclusión de expertos altamente capacitados y libres de injerencias políticas, para asegurar una regulación efectiva que promueva la competencia y proteja los derechos del usuario.
5. Democratizaremos el acceso a servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, abriendo la participación a todas las empresas operadoras, fomentando así la competencia tecnológica en beneficio directo de los usuarios, lo que impulsará el desarrollo integral de estas regiones.
6. Mejoraremos la velocidad de acceso a internet y banda ancha a nivel nacional, asegurando tarifas más competitivas, accesibles y justas para los usuarios, tanto en zonas urbanas como rurales.
7. Promoveremos la creación de un ecosistema nacional de innovación digital, posicionando a Cochabamba como un hub tecnológico de referencia, con alta conectividad, centros de investigación y emprendimiento digital.
8. Implementaremos, a través de ENTEL, la creación de 100 zonas de acceso gratuito a WiFi (islas digitales) distribuidas en todo el territorio nacional, priorizando espacios públicos, educativos y comunitarios.
9. Transformaremos El Alto en el Silicon Valley de Bolivia, desarrollando institutos de formación en programación e inteligencia artificial, incentivando la instalación de empresas ensambladoras de hardware, y superando el fracaso de iniciativas como Quipus mediante modelos de negocio viables y autosostenibles.
10. Construiremos la Red Interoceánica de Fibra Óptica, conectando el Atlántico con el Pacífico, aprovechando el backbone que une Lima con São Paulo. Esta red permitirá mejorar la conectividad internacional, ampliar la cobertura nacional, reducir costos y ofrecer mayores velocidades de acceso.
11. Facilitaremos la adopción de tecnologías emergentes como 5G y prepararemos la transición futura hacia 6G, promoviendo la integración de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en Internet de las Cosas (loT), blockchain, y analítica de datos, para modernizar procesos y reducir costos operativos.
12. Desarrollaremos plataformas de e-learning accesibles desde cualquier punto del país, asegurando que estudiantes de todos los niveles puedan acceder a recursos educativos digitales de calidad, reduciendo la brecha digital en la educación.
13. Implementaremos una política ambiental para las telecomunicaciones, promoviendo el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular mediante programas de reciclaje y reutilización de equipos. Desarrollaremos aplicaciones móviles orientadas al monitoreo ambiental, la gestión hídrica y la agricultura inteligente, integrando la sostenibilidad en la transformación digital.

12. UNIDOS, encontraremos las soluciones

Bolivia vive un momento crucial de su historia. A las puertas de su Bicentenario, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra capacidad colectiva de transformar el presente para construir un futuro digno, justo y próspero para todas y todos los bolivianos. Conscientes de esta responsabilidad histórica, desde la Alianza UNIDAD presentamos un programa de gobierno nacido de la reflexión plural, el compromiso democrático y la convicción de que la unidad es el camino para superar las dificultades que hoy atraviesa el país.

En un contexto marcado por la crisis económica, la fragmentación social y la desconfianza institucional, la Alianza UNIDAD plantea una alternativa clara y contundente: un Proyecto Nacional centrado en el emprendimiento, la innovación, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia. Nuestro programa no es una promesa retórica; es una convocatoria a la acción colectiva para edificar una Bolivia que valore el esfuerzo, el mérito, la solidaridad y el respeto.

El eje articulador de nuestro proyecto es el sujeto emprendedor. Creemos firmemente que el emprendimiento debe ser el motor del desarrollo nacional, impulsando la economía del conocimiento, la innovación tecnológica y la inserción efectiva en la economía global. Bolivia debe superar el modelo extractivista como única fuente de riqueza y avanzar hacia una economía productiva y sostenible que potencie la creatividad, fomente el empleo digno y eleve la calidad de vida.

La Alianza UNIDAD propone una integración política y social genuina, que acoja a los distintos colores ideológicos, las diversas culturas, clases sociales y regiones del país, bajo un proyecto común construido de manera voluntaria y cimentado en el respeto mutuo, la empatía y la fraternidad.

Frente al extractivismo, el rentismo, el corporativismo y la corrupción, que han perpetuado inequidades y conflictos, proponemos fortalecer las instituciones, consolidar el Estado de derecho y erradicar toda forma de discriminación. La unidad nacional no es solo una estrategia política, sino un proceso histórico que debe involucrar a todos los sectores, transformando la frustración en esperanza y la división en propósito común.

Este enfoque unitario busca enfrentar los principales desafíos del presente: superar la crisis económica, sanar las divisiones sociales, erradicar la pobreza creciente, garantizar el acceso universal a servicios básicos, reducir drásticamente la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, y ofrecer oportunidades reales a todos los ciudadanos, con seguridad jurídica para emprender, innovar y crecer.

Solo a través de la unidad construida desde la diversidad, cimentada en valores compartidos, podremos alcanzar un país más justo, equitativo e incluyente, donde cada

ciudadano se reconozca partícipe de un proyecto que trasciende las diferencias ideológicas y políticas.

Nuestro compromiso es consolidar un ecosistema integral para el emprendimiento, que brinde apoyo en todas sus etapas: capacitación, financiamiento, tecnología y respaldo institucional. Impulsaremos un entorno que permita a las y los emprendedores desarrollar sus ideas y acceder a mercados globales en igualdad de condiciones.

El turismo, como sector estratégico, será promovido mediante infraestructura moderna y el fortalecimiento de iniciativas locales que ofrezcan experiencias culturales de calidad, generando empleo y bienestar para las comunidades.

Proponemos corregir las desigualdades estructurales entre campo y ciudad mediante una integración económica sostenible, que potencie las capacidades productivas del sector rural y lo conecte con los mercados nacionales e internacionales, promoviendo un desarrollo equilibrado y cohesionador.

Modernizar el país es una necesidad impostergable. Apostamos por una transformación profunda basada en educación de calidad, salud universal, un estado moderno y ágil, y empleos dignos. Bolivia debe ser parte activa de la cuarta revolución industrial, y para ello es fundamental capacitar a nuestros jóvenes y ofrecerles oportunidades reales de progreso.

Proponemos un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar de las personas. Un gobierno mucho menos pesado, que promueva la legalidad, defienda los derechos humanos y combata la corrupción sin concesiones. Las instituciones deben ser sólidas, profesionales y estar al servicio de la ciudadanía.

Para lograrlo, también planteamos una reforma profunda de la justicia boliviana, garantizando su independencia, transparencia y acceso equitativo. Impulsaremos procesos de selección meritocráticos para jueces y fiscales, acompañados de formación continua y altos estándares éticos y técnicos.

En educación, proponemos una renovación curricular que priorice habilidades tecnológicas, científicas, dominio del inglés y vinculación con el mercado laboral. Se fomentará la cooperación público-privada, la educación digital y el emprendimiento juvenil.

En salud, a través de un nuevo Pacto Fiscal que otorgue mayores recursos a los gobiernos subnacionales, impulsaremos una reforma estructural orientada a garantizar servicios de salud universales, oportunos y de calidad, priorizando la atención primaria, el tratamiento de enfermedades catastróficas y el acceso a los medicamentos, con un sistema digitalizado de gestión sanitaria.

Nos comprometemos a proteger los derechos humanos con mecanismos independientes de denuncia, una Defensoría del Pueblo autónoma y programas educativos que fomenten

una cultura de respeto, dignidad y equidad. Mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables estarán en el centro de nuestras acciones.

Finalmente, este proyecto nacional concluye con una certeza: Bolivia no está condenada al estancamiento ni al conflicto permanente. Nuestra historia está por escribirse, y lo harán los ciudadanos decididos a construir un futuro distinto. La Alianza UNIDAD representa una apuesta valiente por la reconciliación, la integración y el desarrollo.

Hacemos un llamado a la esperanza activa, a la participación consciente y al compromiso colectivo. Bolivia puede cambiar. Bolivia merece cambiar. Y UNIDOS, LO VAMOS A LOGRAR.

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1. En colaboración con la Agenda País: “Por una Bolivia con Igualdad” desde la mirada de las mujeres, #Juntas hacemos historia. (Varias Organizaciones).

2. En colaboración con UNICEF, Bolivia elecciones 2025: “La agenda urgente es con la niñez”, La Paz, Bolivia, 2025.