AGENDA 50/50
“POLÍTICA AL SERVICIO DE LA GENTE”
A. EL ESTADO “TRANCA”
En líneas generales, el Estado “tranca” es un Estado centralista que, se basa en un sistema de gobierno en el que el poder y la autoridad se concentran en la administración central, la cual toma decisiones y controla las políticas y recursos para todo el país, relegando a los niveles subnacionales y en consecuencia desatendiendo las necesidades económicas, políticas y sociales de cada región.
En Bolivia, el nivel central concentra más del 80% del Presupuesto General del Estado, lo restante corresponde al nivel subnacional y a las Universidades Públicas.
Asimismo, la vocación centralista de los gobernantes de turno de los últimos 20 años, ha generado un ciclo político caracterizado por la toma de decisiones políticas y económicas arbitrarias, desde la comodidad de la denominada “Casa Grande del Pueblo”, menoscabando las competencias de los niveles subnacionales previstas en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
B. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
B.1. Situación problemática
Bolivia enfrenta una coyuntura crítica multidimensional, que tiene en estado de “terapia intensiva” a la economía, la institucionalidad del Estado y el sistema judicial.
Esta coyuntura, es el resultado de dos décadas de despilfarro de los recursos financieros, dependencia extractivista, centralismo asfixiante y reformas institucionales inconclusas. Si bien el período 2006-2019 mostró avances sociales, no se resolvieron problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad ciudadana, la falta de diversificación económica o la politización de la justicia y su constante desconexión con el ciudadano, entre otros.
La actual estanflación, la fractura política institucional y la crisis del sistema judicial, se traduce en un malestar social generalizado y exige consensos y acuerdos nacionales que den respuestas efectivas a la crisis multidimensional que atraviesa nuestro país y afecta a los distintos sectores del Estado y la sociedad, como se podrá observar a continuación en base a información oficial y de organismos no gubernamentales u organismos internacionales:
1) Crisis económica: estanflación y desequilibrios estructurales
Estancamiento con inflación
La economía boliviana sufre estanflación (crecimiento nulo e inflación alta). Mientras el gobierno proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51% para 2025, organismos internacionales lo ajustan a 1.5%. La inflación oficial es del 7,5%, pero estimaciones independientes la sitúan en 20%, impulsada por la depreciación del boliviano (Bs18/USD1 en el mercado paralelo versus Bs6.96/USD1 oficial), y la dolarización informal
Crisis de divisas
Las reservas internacionales cayeron de USD15.000 millones en 2014 a USD1.900 millones en 2024, con solo USD153 millones de liquidez. Esto limita importaciones esenciales y genera escasez de combustibles, con filas de hasta más de 24 horas en estaciones de servicio.
Dependencia de los “commodities”
Bolivia tiene una alta dependencia de los “commodities”, con casi el \(80 \%\) de sus ingresos de divisas provenientes de la exportación de recursos naturales extractivos, principalmente minerales y gas. La falta de diversificación económica, la ausencia de inversión y la política exploratoria hidrocarburífera fallida en las últimas dos décadas, ha hecho vulnerable al Estado boliviano a los cambios de los precios internacionales y la disminución de la demanda externa.
Déficit fiscal crítico
En 2024, el déficit fiscal global del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó aproximadamente el 12% del PIB nominal, equivalente a unos USD5.976 millones, según análisis independientes basados en datos oficiales. Este déficit representa el nivel más alto desde la crisis de 2020 por la pandemia y supera ampliamente la meta oficial del Gobierno, que estimaba un déficit del 7,8% para ese año. Para el primer semestre de 2024, el déficit fiscal fue del 3,1% del PIB, reflejando un aumento del gasto público y una recaudación insuficiente. Para 2025, el déficit fiscal proyectado es del 9,2% del PIB, marcando el duodécimo año consecutivo con resultados negativos y un modelo fiscal basado en gasto corriente creciente y reducción de inversión pública. El gasto corriente aumentará en un 12% en 2025, mientras que la inversión pública disminuirá en un \(6 \%\), evidenciando una estructura presupuestaria que prioriza el funcionamiento del Estado sobre proyectos productivos e infraestructura.
Por otra parte, la deuda pública ha crecido aceleradamente, con un aumento significativo de la deuda interna, especialmente con el Banco Central de Bolivia, y un saldo de deuda externa a mediano y largo plazo que alcanzó los USD13.345 millones de dólares, equivalente al \(26,8 \%\) del PIB. El Gobierno de turno autorizó la emisión de bonos soberanos por USD3.000 millones en 2025, pero enfrenta dificultades para colocarlos en condiciones favorables debido a la baja calificación crediticia y el alto riesgo país.
Asimismo, la falta de reformas estructurales y la persistencia de políticas monetarias expansivas sin respaldo financiero adecuado generan riesgos crecientes de una crisis fiscal más profunda, con posibilidad de impago o default en el mediano plazo.
2) Crisis política: fragmentación, ingobernabilidad y asfixia centralista
División en el partido de gobierno
La pugna entre Luis Arce y Evo Morales por el liderazgo del partido gobernante y los intereses personales por la reelección, así como la aparición de Andrónico Rodríguez en la carrera electoral, ha paralizado la agenda legislativa y ha generado un crecimiento exponencial de la ingobernabilidad.
Parálisis legislativa
La Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta una “crisis de liderazgo”, con presidentes como David Choquehuanca o los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, acusados de inacción frente a problemas urgentes (autoprorroguismo de las Autoridades Judiciales, interpelaciones ministeriales inefectivas, aprobación de créditos, entre otros).
Aprobación del mandato presidencial
La aprobación social de Luis Arce cayó del \(42 \%\) en la gestión 2023 al 5% en la gestión 2024. Asimismo, un estudio realizado el mes de febrero de 2025 por la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), con la participación de más de 130 intelectuales y académicos bajo la metodología Delphi, tuvo como resultado que, solo el 7,42% de los entrevistados “aprueba” la actual gestión de gobierno, frente a un \(34,8 \%\) que la “desaprueba” y un \(45,9 \%\) que la “desaprueba mucho”.
Asfixia centralista
En términos políticos, el nivel central concentra el poder y la toma de decisiones del país, en lugar de distribuirlo entre las distintas regiones o entidades locales. En términos financieros, aproximadamente el 85% del presupuesto nacional se concentra en el gobierno central.
3) Crisis Judicial: autoprorroguismo, politización y desconexión con la sociedad
Magistrados prorrogados
El Tribunal Constitucional Plurinacional extendió de facto los mandatos de las Autoridades Judiciales al no realizarse elecciones en 2023, generando “caos de legitimidad” e incrementando la desconfianza en la administración de justicia en Bolivia.
Politización de la justicia
Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países en el Índice Global de Estado de Derecho 2023-2024 del World Justice Project. A nivel regional, se ubica en el puesto 29 de 32 países de América Latina y el Caribe. Este índice mide la percepción de la independencia judicial y la imparcialidad de la justicia. Asimismo, informes de la CIDH y la ONU confirman y denuncian la falta de independencia del sistema, con casos como la persecución a opositores por parte del gobierno de turno.
4) Impacto de la crisis multidimensional en los sectores del Estado y la sociedad
Educación
Existe una crisis profunda en el sector educativo con bajo rendimiento en comprensión lectora, matemática y ciencias. Un estudio realizado en la gestión 2023 por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (OPCE), expuso una realidad alarmante: solo tres de cada cien estudiantes pueden resolver pruebas de química y matemática; por otra parte, la infraestructura escolar es precaria, especialmente en zonas rurales y periurbanas, y se evidencia una desigualdad marcada entre las áreas urbanas y las áreas rurales, tanto en la calidad educativa como en la formación técnica y científica. #### Salud
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, en abril de 2025, el 60% de los hospitales verificados no contaba con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes, incluyendo fármacos para enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y enfermedades renales. En el sector público, el suministro de medicamentos disminuyó en el \(82 \%\) de los hospitales, y el \(48 \%\) de los pacientes entrevistados reportó no haber recibido la totalidad de los medicamentos recetados. La escasez y el aumento de precios de los medicamentos se atribuyen a la crisis económica, la falta de dólares para importaciones y dificultades en la provisión de insumos para la producción nacional, afectando especialmente a la industria farmacéutica local.
El presupuesto para salud en 2024 fue del 9,7% del gasto público total, superior al 8% de 2022 pero inferior al 12% de 2021, insuficiente para cubrir las crecientes necesidades y mejorar la infraestructura. Bolivia tiene una crisis estructural en financiamiento, gestión, modelo y niveles de atención, con un gasto per cápita en salud muy bajo (USD304), muy por debajo del promedio regional. La falta de especialistas y la concentración excesiva de médicos generales limitan la atención adecuada para enfermedades crónicas que representan el \(70 \%\) de la mortalidad nacional.
Empleo
La tasa de desempleo el primer trimestre de 2024, fue del 4.1%. No obstante, dicha tasa de desempleo no mide la informalidad laborar que en nuestro país se traduce en un \(75 \%\) de personas que en edad activa no cuentan con garantías, ni estabilidad.
Sectores vulnerables
- Mujeres. La violencia contra la mujer es un problema crítico, con altos índices en comparación con otros países de la región. Durante 2024, la Fiscalía registró 50.325 casos de violencia de género. Al menos 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y 9 de cada 10 personas que denuncian violencia son mujeres.
- Niños, niñas y adolescentes. En la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo ha emitido un pronunciamiento en el que señaló que el \(24,4 \%\) de los 3 millones de niños y adolescentes (5-17 años) en Bolivia, realizan actividades laborales, de los cuales \(55,66 \%\) son menores de 14 años (edad mínima legal para trabajar), esto incluye a 132.000 niños entre 5 y 9 años y 271.000 entre 10 y 13 años.
- Población LGBTI. Según el Índice de Gini, la desigualdad de ingresos ha disminuido, pero la exclusión laboral y social persiste. Las mujeres trans y las personas LGBTI enfrentan mayores índices de exclusión laboral y estigmatización, especialmente por la precariedad laboral y la falta de políticas inclusivas. Según la Defensoría del Pueblo al cuarto trimestre de la gestión 2024, 35% de la población LGBTI encuestada vive con menos de la mitad del salario mínimo nacional y solo \(25 \%\) de las personas LGBTI encuestadas tiene acceso a empleos formales con seguridad social.
- Personas adultas mayores. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en ingles), ha señalado que casi 50% de los adultos mayores trabajan, principalmente en el sector informal. El \(28.6 \%\) son hombres y el \(21.4 \%\) mujeres, con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, además, solo el \(15.7 \%\) recibe una jubilación, mientras el \(84.3 \%\) depende de la Renta Dignidad o apoyo familiar.
- Personas con capacidades diferentes. La situación de las personas con capacidades diferentes en Bolivia se caracteriza por la exclusión en la educación, la desigualdad en la salud y la falta de oportunidades laborales y sociales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo a través de un Informe Defensorial de la gestión 2022, ha establecido que el \(65 \%\) de las personas con discapacidad registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), no tienen nivel de instrucción o solo han cursado primaria.
- Animales. En Bolivia, el maltrato animal y el biocidio son problemas graves y en aumento, con cientos de casos reportados anualmente, pero con baja tasa de sanciones judiciales. Como ejemplo, en la gestión 2023, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), registró 87 casos de biocidio (muerte intencional de animales domésticos) a nivel nacional, con solo dos sentencias judiciales efectivas. Aunque existe un marco legal, su aplicación es débil y la impunidad prevalece. Las políticas públicas requieren fortalecerse con mayor presupuesto, capacitación, control efectivo y campañas de sensibilización.
Medio ambiente y recursos hídricos
En 2024, más de 10 millones de hectáreas de bosques fueron devastadas por incendios, principalmente en Santa Cruz y la Amazonía, generando la mayor crisis ambiental en la historia del país. Estos incendios están estrechamente vinculados con desmontes ilegales para ampliar la frontera agrícola, que pasó de 3 a 13 millones de hectáreas en 10 años, y con la expansión de asentamientos. La deforestación agrava fenómenos climáticos como sequías, afectando la seguridad alimentaria y la provisión de agua. Por otra parte, la minería aurífera ilegal contamina ríos amazónicos con mercurio, dañando ecosistemas acuáticos y afectando a pueblos indígenas. La falta de control estatal sobre estas actividades ilegales es una muestra de la no presencia del Estado en los sectores rurales.
Ciencia, Tecnología e investigación
La inversión en ciencia y tecnología es limitada frente a las necesidades para investigación aplicada, innovación y formación de talento humano especializado, lo que restringe el desarrollo de proyectos estratégicos y la infraestructura científica. Al respecto, Bolivia destina aproximadamente el 0,16% del PIB a investigación y desarrollo, siendo uno de los países con menor inversión en América Latina en el área. Asimismo, a pesar de avances en coordinación, la integración entre las universidades, el sector productivo y el gobierno de turno ha sido incipiente, dificultando la transferencia tecnológica y la innovación con impacto socioeconómico.
Deporte
La situación general del deporte en Bolivia está en crisis, con falta de apoyo gubernamental sostenido, mala gestión y escasos programas de desarrollo que permitan nutrir a jóvenes talentos desde etapas iniciales. En este sentido, la falta de inversión pública y privada en el deporte afecta el desarrollo de las disciplinas deportivas y el rendimiento de los atletas. Además, la infraestructura deportiva es limitada y muchas instalaciones construidas en años previos no cumplen con estándares ni se mantienen adecuadamente.
Turismo
En 2024, Bolivia recibió alrededor de 991.000 visitantes extranjeros, generando ingresos por USD739,9 millones, con un crecimiento del 7,57% en el gasto de turistas. Sin embargo, cifras oficiales y gremios del sector evidencian una caída crítica en comparación con años previos. La Cámara Boliviana de Turismo (CABOTUR), reportó que los ingresos del sector cayeron a USD800 millones de dólares en 2024, muy por debajo del potencial estimado de 5.000 millones anuales. Se estima una reducción del 40% en la actividad turística entre 2023 y 2025, afectada por escasez de dólares, conflictos sociales y bloqueos. En 2024, 85.000 turistas eliminaron a Bolivia de sus planes de viaje y 74.000 modificaron sus estadías, debido a bloqueos, incendios forestales y crisis política. La ocupación hotelera cayó del \(75 \%\) en 2019 a apenas un \(35 \%\) en 2024, reflejando el impacto acumulado de la pandemia, conflictos sociales y crisis económica. #### Hidrocarburos y energía
Bolivia produjo en su mejor momento hasta 62 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, cifra que se ha desplomado a aproximadamente 24 millones en 2025. Campos clave como Margarita-Huacaya, Sábalo e Incahuasi muestran agotamiento y producen menos gas, con pozos que reportan más agua que gas, evidenciando el declive natural sin nuevas exploraciones significativas. En marzo de 2025, el consumo interno de gas fue de 15 millones de metros cúbicos diarios, mientras que las exportaciones a Brasil rondaron los 10 millones, lo que implica que Bolivia consume más gas del que exporta, una situación inédita que pone en riesgo la estabilidad energética y económica. Debido a la caída en producción, Bolivia importó el \(90 \%\) del diésel y el \(58 \%\) de la gasolina en 2024, generando una fuga crítica de divisas en un contexto de escasez de dólares. La necesidad de importar combustibles, antes impensable, ha obligado al gobierno a abrir el mercado a la participación privada y a la importación, rompiendo la tradicional exclusividad estatal en el sector.
Por otra parte, expertos y organizaciones como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Fundación Jubileo denunciaron que el modelo energético vigente ha fracasado por falta de inversión en exploración y reposición de reservas desde la gestión 2013, y por políticas públicas ineficientes que no han incentivado la inversión privada ni diversificado la matriz energética. Dicha Sociedad de Ingenieros advierte que, si no se garantiza el abastecimiento mínimo de combustibles en los próximos meses, el sector productivo sufrirá un golpe severo que podría derivar en crisis alimentaria y energética. Además, se proyecta una posible crisis energética para la gestión 2030 si no se toman medidas urgentes para modernizar la infraestructura y diversificar la matriz energética.
Minería
En el tercer trimestre de 2024, la producción de minerales tradicionales creció un \(26 \%\) respecto al mismo período de 2023, impulsada por minerales como zinc, estaño, plata, antimonio, plomo, wólfram, cobre, ulexita, bismuto y hierro. Este crecimiento se tradujo en un aumento del 16% en el valor de la producción minera, con ingresos adicionales por aproximadamente USD392 millones en ese trimestre. Sin embargo, la producción y exportación de oro sufrió una caída drástica del \(44 \%\) en volumen, pasando de 2.487 toneladas en 2023 a 582 toneladas en 2024, afectando fuertemente los ingresos por este metal. La producción de otros minerales también disminuyó en 2024 respecto a 2023: zinc (-26%), plata (-6%), plomo (-18%), wólfram (10%) y cobre (-11%). Las exportaciones mineras totales bajaron de USD5.701 millones en 2023 a USD4.723 millones en 2024, con una caída marcada en las ventas de oro de USD2.487 a USD583 millones.
Régimen penitenciario
En 2024, la población privada de libertad alcanzó 32.035 personas, un incremento del \(11 \%\) respecto a 2023 ( 28.838 presos) y un aumento de más del 70% desde 2021, cuando había 18.703 internos. La capacidad total del sistema penitenciario es para aproximadamente 15.598 personas, lo que implica un hacinamiento general del 190%, con algunos departamentos y cárceles superando ampliamente esta cifra. Bolivia es uno de los países con la tasa más alta de ocupación penitenciaria en América, con un sistema que alberga hasta tres veces más presos de lo que permite su infraestructura. El sistema penitenciario no cumple con su función constitucional de rehabilitación y reinserción social, funcionando más como espacios de marginalidad y violencia. El 66% de los internos están en prisión preventiva, es decir, sin sentencia firme, lo que agrava el hacinamiento y la sobrepoblación. Se registran frecuentes muertes violentas dentro de las cárceles, con al menos ocho casos en 2025, además de violencia interna, corrupción y autogobierno por parte de internos. Las condiciones de vida son precarias: insuficiente alimentación (con un presupuesto de solo Bs10 diarios por persona), deficiente atención médica, falta de acceso a agua potable, educación y trabajo. La infraestructura penitenciaria es obsoleta y deteriorada, con carencias físicas que dificultan la convivencia y la seguridad. La falta de clasificación adecuada de internos según gravedad de delitos aumenta la violencia y dificulta la gestión penitenciaria.
Seguridad y defensa del Estado
Desde la llegada del MAS en 2006, se ha observado un creciente control político sobre las instituciones de seguridad externa del Estado, lo que ha generado tensiones internas, cuestionamientos a la profesionalización y autonomía, y fracturas institucionales que se reflejan en eventos recientes.
La falta de inversión sostenida ha limitado la capacidad operativa y tecnológica de las Fuerzas Armadas, afectando su eficacia para enfrentar amenazas como la lucha contra el contrabando o el apoyo a la defensa civil en los incendios forestales. A pesar de planes anunciados para la reforma y modernización de las Fuerzas Armadas, como la compra de helicópteros para emergencias, autorizada en diciembre de 2023, estos proyectos sufrieron atrasos debido a la crisis política y económica que atraviesa el país.
Seguridad y defensa de la sociedad
La crisis económica limita el financiamiento para equipamiento, capacitación y salarios adecuados en la Policía Nacional. Por otra parte, la combinación de corrupción, violencia interna y politización ha erosionado la confianza de la población en la Policía como garante de seguridad y orden público, dificultando su labor en un contexto de alta conflictividad social.
5) Impacto de la crisis multidimensional en la seguridad del Estado
Contrabando
En 2024, el valor total de mercancías decomisadas por contrabando fue de aproximadamente Bs637,7 millones, cifra que representa una caída del 16% respecto a 2023 (755,4 millones) y es la más baja en cuatro años. En lo que va de 2025, solo en marzo, la Aduana Nacional incautó 132 toneladas de mercancía valorizada en alrededor de Bs1.089.361 en operativos en Santa Cruz. En los primeros meses de 2025, se afectó al contrabando en más de 10 millones de bolivianos en decomisos diversos.
Por otra parte, según estimaciones basadas en datos históricos y análisis de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el contrabando en Bolivia generó un movimiento económico aproximado de USD3.464 millones de dólares en 2023, equivalente a cerca del 8% del PIB nominal del país. En bolivianos, considerando un tipo de cambio aproximado de 6.9 Bs/USD, esto representa más de Bs23.900 millones de bolivianos anuales en contrabando estimado.
Comparando los decomisos de 2024 (Bs637,7 millones) con el valor estimado del contrabando (más de Bs23.900 millones), los decomisos representan aproximadamente un \(2.6 \%\) del valor total estimado del contrabando en el país. Esta baja proporción evidencia la magnitud del contrabando y las dificultades para su control efectivo.
Narcotráfico
En 2024 se secuestraron un total de 66.008 kg de cocaína, cifra que casi duplica los 32.936 kg decomisados en 2023. De esta cantidad, 45.936 kg corresponden a clorhidrato de cocaína y 20.072 kg a cocaína base. También se incautaron 514.514 kg de marihuana, de los cuales 490.603 kg fueron incinerados en plantíos y 23.911 kg secuestrados para expendio. La cantidad de marihuana decomisada aumentó un \(38,24 \%\) respecto a 2023. En total, el gobierno reportó una afectación al narcotráfico por un valor superior a USD208 millones en 2024, derivado de más de 10.370 operativos realizados en todo el país. Se destruyeron 1.407 fábricas de cocaína y 94 laboratorios en 2024, además de 52 pistas clandestinas y la confiscación de 61 avionetas. La mayor concentración de laboratorios y plantíos está en el Trópico de Cochabamba, zona central de producción de hoja de coca.
El valor de la cocaína decomisada en 2024 se estima en alrededor de USD198 millones a nivel local, pero si esta cantidad hubiera llegado a Europa su valor superaría los USD1.900 millones de dólares, y en Asia podría alcanzar los USD8.500 millones. Esto indica que los decomisos representan solo una fracción del valor total del narcotráfico, ya que la droga que logra evadir la interdicción tiene un valor mucho mayor en los mercados internacionales. Aunque no hay una cifra oficial exacta del valor total del narcotráfico en Bolivia, la diferencia entre el valor local y el potencial mercado internacional evidencia la magnitud del problema y la cantidad de droga que no es interceptada.
Corrupción
Bolivia obtuvo una puntuación de 28 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, la peor calificación en los últimos 12 años, y un punto menos que en 2023 (29 puntos). Esta puntuación sitúa a Bolivia en el puesto 133 de 180 países evaluados a nivel mundial y en el lugar 25 de 32 países en América, muy por debajo del promedio regional de 42 puntos. El país está entre los diez más corruptos de América Latina, solo superando a Venezuela (10 puntos), Haití (16), Nicaragua (14) y otros. La corrupción en Bolivia se manifiesta en sobornos, nepotismo, malversación, debilidad institucional, impunidad, burocracia excesiva, falta de ética y deficiente protección a denunciantes.
Al respecto, estudios estiman que la corrupción representa hasta un 6,3% del PIB boliviano, equivalente a cerca de USD3.000 millones anuales, afectando gravemente la inversión, la cohesión social, la estabilidad política y los recursos públicos.
Inseguridad ciudadana
En 2024, las denuncias por delitos de alta connotación aumentaron un \(0,47 \%\) respecto al año anterior, reflejando una tendencia al alza en la inseguridad. Los delitos más frecuentes incluyen violencia familiar, delitos contra la propiedad, robos y asaltos, que afectan la convivencia y la sensación de seguridad en las ciudades. Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), entre 2022 y 2024 se ha observado una disminución en accidentes de tránsito, pero no en delitos violentos, que mantienen niveles preocupantes. En 2024 se registraron 563 hechos de conflictividad social, con un aumento respecto a trimestres anteriores, vinculados principalmente a demandas económicas, laborales y de gobernanza, que también impactan en la seguridad ciudadana. Los departamentos con mayor conflictividad y hechos de inseguridad son La Paz (146 conflictos en 2024), Santa Cruz (113) y Cochabamba (64), concentrando el \(60 \%\) de los incidentes.
B.2. Situación proyectada si no se resuelve la crisis multidimensional
Los posibles escenarios para Bolivia si no se resuelven las crisis sociales, políticas, económicas y judiciales, son graves, multifacéticos y afectan la estabilidad nacional. Al respecto, podemos mencionar los siguientes:
1) Profundización de la crisis económica
La escasez de combustibles, la caída de las exportaciones de gas y minerales, y la falta de dólares para importar insumos básicos pueden llevar a una recesión prolongada, con inflación descontrolada, aumento de la pobreza y cierre masivo de empresas. La incapacidad para implementar una estrategia económica estructural podría agravar la fuga de inversiones y la pérdida de competitividad, afectando sectores clave como la industria y el turismo.
3) Desgaste institucional y crisis política
La polarización política y la falta de acuerdos para reformas estructurales pueden profundizar la inestabilidad política, dificultando la gobernabilidad y la respuesta efectiva a la crisis. La incertidumbre electoral y la demanda de renovación política pueden generar escenarios de confrontación y debilitamiento del Estado.
4) Deterioro del sistema judicial
Sin reformas judiciales, la crisis en la justicia puede profundizarse, afectando la confianza ciudadana y la capacidad para combatir la corrupción y la criminalidad, lo que a su vez alimenta la inseguridad y la deslegitimación institucional.
En síntesis, la falta de solución a las crisis multidimensionales en Bolivia puede conducir a un escenario de recesión económica prolongada, conflictividad social creciente, crisis política e institucional profunda y riesgos de desestabilización nacional, con consecuencias severas para el bienestar y la cohesión social del país.
C. EJES TEMÁTICOS
C.1. Dimensiones estructurales
- Economía
- Institucionalidad del Estado
- Justicia
C.2. Dimensiones sectoriales
- Educación
- Salud
- Empleo
- Seguridad Social
- Sectores vulnerables
- Medio ambiente y recursos hídricos.
- Ciencia, tecnología e investigación
- Deporte
- Turismo
- Hidrocarburos y energía
- Minería
- Régimen penitenciario
- Seguridad y defensa del Estado
- Seguridad ciudadana
D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
D.1. Objetivos estratégicos de las dimensiones estructurales
- IMPLEMENTAR un nuevo modelo económico (50/50), basado en la redistribución fiscal entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades Públicas.
- INSTITUCIONALIZAR el sector público reinstaurando la profesionalización y la carrera administrativa en el servicio público.
- RECONFIGURAR el sistema judicial implementando una reingeniería de la formación profesional de los abogados y la institucionalización del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
D.2. Objetivos estratégicos de las dimensiones sectoriales
- IMPLEMENTAR un sistema educativo de calidad y competitivo con estándares internacionales 50/50.
- MEJORAR el acceso de la población a un sistema de salud de calidad 50/50.
- ACTIVAR la creación de fuentes de empleo en coordinación con el sector privado.
- GARANTIZAR una seguridad social inclusiva, universal y de calidad.
- MEJORAR la calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad (mujeres, niños, niñas y adolescentes, población LGBTI, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y animales).
- PROMOVER la protección del medio ambiente y la utilización responsable de los recursos hídricos.
- FOMENTAR la ciencia, tecnología e investigación a través de la inyección de capital público y privado, nacional e internacional.
- INCENTIVAR de manera integral el deporte y el financiamiento a los atletas.
- PROMOVER el desarrollo sostenible de la actividad turística.
- REACTIVAR la exploración y explotación de hidrocarburos y promocionar la utilización de energías renovables, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético.
- GENERAR el desarrollo sostenible y equilibrado de la industria minera, protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, así como el medio ambiente.
- REFORMAR el Régimen Penitenciario con el objetivo primordial de la reeducación y reinserción social de los reclusos y la disminución de la criminalidad.
- MODERNIZAR las instituciones que forman parte de la seguridad y defensa integral del Estado.
- FORTALECER la seguridad ciudadana integral con participación ciudadana, coordinación interinstitucional y cooperación internacional.
E. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
E.1. Políticas y estrategias para las dimensiones estructurales
POLÍTICA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO BASADO EN LA REDISTRIBUCIÓN FISCAL 50/50
- ESTRATEGIA 1: Racionalización, ordenamiento y transparencia el gasto público.
- ESTRATEGIA 2: Congelamiento de las actividades de todas las empresas públicas que mantengan déficits operativos.
- ESTRATEGIA 3: Reasignación de los recursos públicos ahorrados, manteniendo una regla de déficits cero, hacia los gobiernos subnacionales.
- ESTRATEGIA 4: Implementación de un sistema digital de asignación de compras públicas transparente, descentralizado y accesible, para que cada proveedor de bienes y servicios demandado por el Estado, en todos los niveles de Gobierno, compitan de manera anónima y equitativa en todos los procesos de contratación.
- ESTRATEGIA 5: Aplicación de tecnologías blockchain en los procesos de contratación pública y el uso de contratos inteligentes, para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública.
- ESTRATEGIA 6: Congelamiento de las contrataciones de personal para el nivel central del Gobierno.
- ESTRATEGIA 7: Restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos para frenar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda.
- ESTRATEGIA 8: Designación meritocrática de las principales autoridades de las instituciones públicas bajo dependencia y tuición de la cartera de Economía y Finanzas Públicas.
- ESTRATEGIA 9: Creación del Fondo de Estabilización Cambiaria, para unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con Bancos Multilaterales, el alivio de los flujos de salida de divisas por la renegociación de la deuda externa y nuevos recursos provenientes de programas de sinceramiento patrimonial de bienes en el país o en el exterior, tales como dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, criptoactivos y créditos, entre otros.
- ESTRATEGIA 10: Implementación de un régimen transitorio de formalización, bajo un esquema de tres años en los que las unidades económicas productivas, que ya existan y que busquen formalizarse, puedan acceder a un esquema simplificado de impuestos.
- ESTRATEGIA 11: Aplicación de la Declaración Jurada y el Compromiso Ciudadano como mecanismo alternativo a todo proceso administrativo y burocrático para la obtención de permisos, licencias, patentes, y otros que limiten la actividad económica, haciendo más eficiente la gestión pública y reduciendo el poder y la capacidad de los funcionarios públicos para cometer actos irregulares.
- ESTRATEGIA 12: Creación del Fondo para la Descarbonización de la economía, con el que se podrán garantizar créditos para las familias en búsqueda de eficiencia energética, créditos de recambio de unidades de transporte urbano para fomentar la reducción del consumo de combustibles fósiles y programas de formación técnica para los trabajadores y técnicos que nos permitan cambiar la matriz de consumo energética del país.
- ESTRATEGIA 13: Fomento de la inversión y el desarrollo de la autogeneración de energías limpias en los hogares, empresas y municipios; a partir de cambios en las normas que rigen el sistema energético en el país, acelerando la producción de hidrogeno verde, energía eléctrica solar, eólica, etc.
- ESTRATEGIA 14: Recomposición de la matriz de precios de los combustibles fósiles en el país, para reducir los desbalances fiscales.
- ESTRATEGIA 15: Liberalización de exportaciones.
- ESTRATEGIA 16: Reconfiguración del sistema impositivo a través del diseño de un nuevo ordenamiento jurídico tributario.
POLÍTICA 2: INSTITUCIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
- ESTRATEGIA 1: Implementación de un nuevo sistema de administración y control gubernamentales.
- ESTRATEGIA 2: Modernización de las normas de gestión pública.
- ESTRATEGIA 3: Reinstauración de la profesionalización, meritocracia y carrera administrativa en el sector público.
- ESTRATEGIA 4: Implementación de sistemas integrados de planificación, seguimiento y evaluación de políticas y programas públicos alineados a la nueva planificación integral del Estado.
- ESTRATEGIA 5: Digitalización de la Administración Pública.
- ESTRATEGIA 6: Saneamiento de las normas emanadas del Órgano Ejecutivo en el marco de sus atribuciones.
POLÍTICA 3: RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
- ESTRATEGIA 1: Institucionalización del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
- ESTRATEGIA 2: Creación de la Comisión de Reforma Judicial conformada meritocráticamente y con apoyo de organismos internacionales.
- ESTRATEGIA 3: Modernización de la formación jurídica pregradual y postgradual.
- ESTRATEGIA 4: Digitalización de la Administración de Justicia.
E.2. Políticas y estrategias para las dimensiones sectoriales
POLÍTICA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y COMPETITIVO CON ESTANDARES INTERNACIONALES BAJO LA AGENDA 50/50
- ESTRATEGIA 1: Actualización la currícula educativa con estándares internacionales.
- ESTRATEGIA 2: Implementación una formación docente especializada con pedagogías actuales.
- ESTRATEGIA 3: Digitalización las unidades educativas.
- ESTRATEGIA 4: Vinculación de la educación con el sector productivo.
- ESTRATEGIA 5: Generación de un sistema trilingüe certificado (castellano + lengua originaria + inglés).
- ESTRATEGIA 6: Acreditación ISO 21001 (requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) específicamente diseñado para organizaciones educativas).
POLÍTICA 2: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A UN SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD BAJO LA AGENDA 50/50
- ESTRATEGIA 1: Implementación de un nuevo modelo de desarrollo de hospitales públicos y privados.
- ESTRATEGIA 2: Generación del Plan de atención humanizado.
- ESTRATEGIA 3: Mejoramiento del acceso a servicios de salud públicos.
- ESTRATEGIA 4: Eliminación de la burocracia para atención en sistemas públicos
- ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento de los programas de salud de los grupos más vulnerables (atención materno infantil, adulto mayor, personas con discapacidad, ontológico, renales).
- ESTRATEGIA 6: Equipamiento de UTI en hospitales de 2do y 3er nivel.
- ESTRATEGIA 7: Capacitación y ampliación del recurso humano en salud.
- ESTRATEGIA 8: Digitalización y mejora de los sistemas de información en salud.
- ESTRATEGIA 9: Inversión en la construcción, equipamiento y modernización de hospitales y centros de salud.
POLÍTICA 3: CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO ESTABLES EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
- ESTRATEGIA 1: Fomento de la inversión pública-privada en infraestructura productiva.
- ESTRATEGIA 2: Generación de Incentivos fiscales y financieros para pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- ESTRATEGIA 3: Incremento salarial progresivo para mejorar condiciones laborales.
- ESTRATEGIA 4: Capacitación técnica y profesional a trabajadores de sectores estratégicos.
- ESTRATEGIA 5: Modernización la normativa jurídica que regula las relaciones laborales en el sector público y privado.
- ESTRATEGIA 6: Formalización el empleo informal.
- ESTRATEGIA 7: Lucha contra el contrabando y fortalecimiento de sectores productivos nacionales.
POLÍTICA 5: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD (MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POBLACIÓN LGBTI, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ANIMALES)
- ESTRATEGIA 1: Implementación de un sistema integral de protección social para sectores vulnerables.
- ESTRATEGIA 2: Programas de erradicación de la pobreza y exclusión social con enfoque comunitario.
- ESTRATEGIA 3: Promoción de la igualdad, respeto y no discriminación.
- ESTRATEGIA 4: Acceso prioritario a servicios de salud y bienestar integral.
- ESTRATEGIA 5: Protección y bienestar de animales como parte del entorno social.
- ESTRATEGIA 6: Fortalecimiento de la participación política y social de sectores vulnerables.
- ESTRATEGIA 7: Acceso a servicios públicos veterinarios y programas de salud animal.
POLÍTICA 6: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
- ESTRATEGIA 1: Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad.
- ESTRATEGIA 2: Conservación y Manejo Sostenible de Cuencas Hidrográficas.
- ESTRATEGIA 3: Prevención y Control de Incendios Forestales.
- ESTRATEGIA 4: Erradicación de la Minería Ilegal y Protección de Áreas Naturales.
- ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento del Marco Normativo y Gobernanza Ambiental.
- ESTRATEGIA 6: Promoción de la Educación Ambiental y Cultura de Responsabilidad.
- ESTRATEGIA 7: Abrogación de “leyes incendiarias”.
POLÍTICA 7: FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LA INYECCIÓN DE CAPITAL PÚBLICO Y PRIVADO
- ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento del Sistema Boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SBCTI).
- ESTRATEGIA 2: Incremento sostenido de la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
- ESTRATEGIA 3: Fortalecimiento de capacidades humanas y formación de talentos científicos.
- ESTRATEGIA 4: Promoción de la innovación tecnológica en sectores estratégicos.
- ESTRATEGIA 5: Implementación de infraestructura tecnológica y plataformas digitales soberanas.
- ESTRATEGIA 6: Fomento de la cultura científica y divulgación social del conocimiento.
- ESTRATEGIA 7: Fortalecimiento de las capacidades de investigación del sistema universitario.
POLÍTICA 8: INCENTIVO INTEGRAL DEL EL DEPORTE Y FINANCIAMIENTO A LOS ATLETAS
- ESTRATEGIA 1: Creación de escuelas deportivas de alto nivel.
- ESTRATEGIA 2: Programa integral de incentivos para deportistas y entrenadores.
- ESTRATEGIA 3: Promoción del deporte inclusivo y accesible.
- ESTRATEGIA 4: Fortalecimiento de la infraestructura deportiva en todo el país.
- ESTRATEGIA 5: Fomento de la cultura deportiva y hábitos saludables.
- ESTRATEGIA 6: Desarrollo de competencias deportivas nacionales e internacionales en coordinación con las instancias competentes.
POLÍTICA 9: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
- ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento del turismo comunitario y de base local con Programas estatales de fomento, alianzas con ONG y cooperación internacional.
- ESTRATEGIA 2: Diversificación y promoción de productos turísticos sostenibles.
- ESTRATEGIA 3: Apertura del espacio aéreo para el desarrollo turístico y económico.
- ESTRATEGIA 4: Desarrollo de infraestructura turística sostenible y accesible.
- ESTRATEGIA 5: Promoción del turismo interno y regional con enfoque sostenible.
- ESTRATEGIA 6: Fortalecimiento del sistema de información y monitoreo del sector turístico.
POLÍTICA 10: REACTIVACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
- ESTRATEGIA 1: Incentivos legales y fiscales para atraer inversión en exploración y explotación.
- ESTRATEGIA 2: Desarrollo y puesta en producción de nuevos yacimientos estratégicos.
- ESTRATEGIA 3: Plan estratégico de exploración y ampliación de reservas con cooperación técnica y fortalecimiento institucional.
- ESTRATEGIA 4: Promoción y desarrollo de energías renovables complementarias.
- ESTRATEGIA 5: Optimización y modernización de la infraestructura energética con inversión pública y privada.
- ESTRATEGIA 6: Gestión sostenible y reducción de subsidios para garantizar viabilidad económica.
- ESTRATEGIA 7: Reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yacimientos de Litio Bolivianos y la Empresa Nacional de Electricidad.
- ESTRATEGIA 8: Modernización del ordenamiento jurídico que regula la cadena hidrocarburífera y energética.
POLÍTICA 11: DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO DE LA INDUSTRIA MINERA, PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES, ASÍ COMO EL MEDIO AMBIENTE
- ESTRATEGIA 1: Fortalecimiento del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera.
- ESTRATEGIA 2: Promoción de la minería responsable y formalización de cooperativas.
- ESTRATEGIA 3: Participación activa y consulta previa a pueblos indígenas y comunidades originarias.
- ESTRATEGIA 4: Implementación de tecnologías limpias y gestión ambiental integral.
- ESTRATEGIA 5: Fortalecimiento de la gobemanza y transparencia en la cadena productiva minera.
POLÍTICA 13: MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA INTEGRAL DEL ESTADO
- ESTRATEGIA 1: Implementación de tecnologías digitales avanzadas para la seguridad integral.
- ESTRATEGIA 2: Modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas.
- ESTRATEGIA 3: Fortalecimiento de la seguridad informática y ciberdefensa nacional.
- ESTRATEGIA 4: Impulsar la aprobación de los anteproyectos de ley de Seguridad y Defensa Integral, Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional y Sistema de Inteligencia del Estado.
POLÍTICA 14: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- ESTRATEGIA 1: Consolidación y modernización del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- ESTRATEGIA 2: Promoción de la participación ciudadana en la prevención del delito a través de programas de sensibilización, formación y corresponsabilidad social, fortaleciendo las redes vecinales y comités de seguridad ciudadana.
- ESTRATEGIA 3: Modernización y profesionalización de la Policía Nacional.
- ESTRATEGIA 4: Fortalecimiento de la atención prioritaria a víctimas y enfoque de género.
- ESTRATEGIA 5: Cooperación internacional para el intercambio de información y buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana.
- ESTRATEGIA 6: Uso de inteligencia artificial, sistemas de videovigilancia, drones y plataformas digitales integradas.