CONTEXTO ACTUAL
Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos y desafiantes desde la recuperación de la democracia. La combinación de crisis estructurales, el desgaste del sistema político y el debilitamiento del tejido social ha derivado en un profundo sentimiento de estancamiento, frustración y falta de horizonte colectivo.
En primer lugar, se evidencia una pérdida de la institucionalidad democrática, las instituciones públicas han sido capturadas por intereses particulares, debilitadas por la corrupción o reducidas a instrumentos de disputa entre facciones políticas. La justicia ha dejado de ser un poder independiente y ha pasado a ser utilizada como mecanismo de persecución o impunidad selectiva.
Paralelamente, se ha consolidado una crisis de credibilidad de los partidos políticos, percibidos por la mayoría como estructuras cerradas, desconectadas de la realidad social, incapaces de representar los intereses del pueblo y más centradas en la pugna por el poder que en la construcción de soluciones. Este desencuentro de los actores políticos con la realidad ha alimentado el desencanto ciudadano, el abstencionismo electoral y la pérdida de esperanza en la democracia.
La crisis económica ha profundizado aún más la sensación de abandono, el incremento diario de los productos de la canasta básica, aumento de la informalidad, el déficit fiscal y la caída de reservas han golpeado con fuerza a las familias bolivianas. Situación agravada por la falta constante de disponibilidad de combustibles y el acceso a dólares. La falta de empleo digno y la ausencia de inversión pública y privada en sectores estratégicos han generado incertidumbre, migración forzada y precariedad creciente, sobre todo entre jóvenes y mujeres.
A esta situación se suma un deterioro del sentido de identidad y pertenencia, Bolivia sufre una crisis de autoestima colectiva, alimentada por años de discursos de confrontación, negación de la diversidad y desvalorización del potencial humano del país. Muchas bolivianas y bolivianos han perdido la confianza en sí mismos, en sus instituciones y en la posibilidad de vivir con dignidad.
En el plano ambiental, enfrentamos una crisis silenciosa pero devastadora. La deforestación masiva, los incendios forestales recurrentes, la contaminación hídrica y la pérdida de biodiversidad amenazan no sólo a los ecosistemas, sino la vida misma. La ausencia de políticas de protección ambiental efectivas y el avance indiscriminado del extractivismo han vulnerado los derechos de la Madre Tierra.
Los derechos sociales también se encuentran en retroceso. El acceso a servicios públicos fundamentales como educación, salud, agua y saneamiento sigue siendo deficiente, especialmente en áreas rurales y periurbanas. Las brechas de calidad, cobertura y equidad en estos servicios perpetúan la desigualdad y debilitan las oportunidades para las nuevas generaciones.
Este escenario plantea un desafío histórico. Bolivia necesita un nuevo pacto nacional basado en la ética, la justicia, la participación ciudadana, el respeto a la diversidad, el desarrollo productivo con equidad, y el cuidado de la Madre Tierra. Necesita también un nuevo liderazgo que escuche, una política que sirva, y una ciudadanía que vuelva a creer.
El Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) se presenta como una respuesta a este momento histórico. Una alternativa ética, plural, solidaria y comprometida con la refundación democrática del Estado y la recuperación de la esperanza del pueblo boliviano.
EJE 1 - INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO
Bolivia vive una profunda crisis de institucionalidad democrática. La fragilidad del Estado, la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, la corrupción, el uso arbitrario del poder y la falta de transparencia han deteriorado gravemente la relación entre ciudadanía y sistema político. Las instituciones que deberían ser garantes del bien común, la justicia, la equidad y la estabilidad democrática han sido reducidas, en muchos casos, a mecanismos de confrontación, clientelismo o ineficiencia.
Frente a esa realidad, se impone la necesidad de una reconstrucción institucional profunda, que no se limite a ajustes administrativos, sino que recupere la esencia ética del Estado, su capacidad de gobernar con legitimidad, eficiencia y transparencia. El Estado debe volver a ser una herramienta de servicio público, de construcción colectiva, de confianza y de integración nacional.
Objetivo
Recuperar la legitimidad del Estado mediante instituciones éticas, eficientes y al servicio del pueblo.
1. Reducción responsable del tamaño del aparato estatal
Realizar una auditoría nacional de la estructura del Estado para identificar duplicidades, cargos innecesarios, estructuras paralelas y redes clientelares. Esta auditoría será la base para una reforma administrativa que racionalice el aparato público, sin afectar servicios esenciales ni derechos laborales adquiridos.
Acciones:
- Revisar y suprimir unidades institucionales que no cumplan funciones claras o que sean redundantes.
- Fusionar viceministerios, direcciones y programas con funciones similares.
- Limitar la creación de nuevas entidades descentralizadas o desconcentradas.
- Establecer techos presupuestarios por entidad y unidad ejecutora.
2. Política de austeridad y reducción de salarios jerárquicos
Adoptar una política nacional de austeridad, eliminando privilegios innecesarios en la administración pública y ajustando la escala salarial de altos cargos conforme a un principio de equidad y servicio.
Acciones:
- Establecer por ley un límite salarial proporcional entre el salario más alto y el más bajo en el sector público.
- Reducir en al menos un 30% los salarios de ministros, viceministros, gerentes de empresas públicas, asambleístas, entre otros altos cargos.
- Prohibir el uso de recursos públicos para gastos personales o suntuarios: viáticos innecesarios, vehículos oficiales no justificados, actos protocolares onerosos.
- Reasignar los recursos ahorrados a salud, educación, generación de empleo y programas de juventud.
3. Digitalización integral del Estado
Desarrollar una Plataforma Plurinacional de Servicios Públicos Digitales, que integre trámites, pagos, denuncias, consultas y seguimiento ciudadano en una única ventanilla electrónica accesible desde todo el país.
Acciones:
- Digitalizar los 100 trámites más comunes a nivel nacional, departamental y municipal en los primeros 2 años de gobierno.
- Crear el “Estado Móvil”: una aplicación única que permita acceso a servicios desde celulares, incluso en zonas rurales mediante infraestructura comunitaria.
- Establecer un sistema de identidad digital para ciudadanos, con firma electrónica segura y validada.
- Invertir en conectividad pública gratuita en municipios de menor cobertura.
4. Simplificación administrativa
Reducir de manera radical la burocracia innecesaria y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.
Acciones:
- Eliminar requisitos obsoletos o repetitivos en trámites.
- Establecer por ley el principio de “interoperabilidad”: las entidades públicas deberán intercambiar información entre si, sin exigir documentos ya emitidos por otras instancias del Estado.
- Crear un sistema de monitoreo de tiempos de atención en oficinas públicas, con sanciones por demoras injustificadas.
- Establecer ventanillas únicas para sectores específicos: emprendedores, comunidades indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad.
5. Institucionalización del servicio público
Establecer un sistema de carrera administrativa que garantice que los funcionarios públicos accedan a sus cargos por mérito, capacidad y vocación de servicio, no por designación política.
Acciones:
- Crear la Escuela Nacional de Gestión Pública y Ética, que formará a los funcionarios públicos en ética, administración, derechos humanos, interculturalidad y atención ciudadana.
- Institucionalizar concursos públicos para todos los cargos técnicos y operativos, con procesos transparentes y fiscalizados.
- Establecer la evaluación periódica de desempeño para todos los funcionarios.
- Otorgar estabilidad laboral en función del cumplimiento ético y técnico, y no por afinidad política.
6. Creación del Instituto Plurinacional de Ética Pública
Crear una entidad autónoma encargada de prevenir la corrupción, formar en valores públicos y sancionar las faltas éticas graves en la administración estatal.
Acciones:
- Elaborar un Código de Ética del Servidor Público obligatorio en todos los niveles del Estado.
- Promover campañas públicas sobre la cultura del servicio, el respeto al ciudadano y la función pública como vocación.
- Publicar cada año un informe Nacional sobre la Ética Pública, con recomendaciones vinculantes.
EJE 2. JUSTICIA COMO POLÍTICA DE ESTADO
La crisis del sistema judicial es estructural, se refleja en la pérdida de confianza ciudadana, el uso de la justicia como herramienta de persecución política, la corrupción institucionalizada, la retardación de justicia, el colapso del sistema penitenciario, la impunidad y la desigualdad en el acceso.
La reforma de la justicia debe constituirse en una política de Estado, y debe abordarse de manera colectiva con participación de todos los actores políticos y sociales, para construir una política de justicia integral que abarque los planos civil, penal, económico, social, político y cultural, integrando el pluralismo jurídico y la justicia indígena originaria campesina.
Objetivo General
Garantizar un sistema de justicia accesible, independiente, plural, intercultural e imparcial, mediante una reforma profunda y estructural, conducida desde el Estado y la sociedad, basada en amplios consensos y libre de injerencias políticas.
1. Creación de una Comisión Nacional de Reforma Judicial
Crear una entidad técnica, plural e independiente encargada de conducir el proceso de reforma estructural del sistema judicial, garantizando legitimidad social, transparencia y continuidad institucional. Esta Comisión debe funcionar como un espacio de consenso nacional, alejado de intereses partidarios.
Acciones:
- Diseñar una ley de creación de la Comisión con mandato, competencias y plazos definidos.
- Garantizar representación de universidades, pueblos indigenas, organizaciones sociales, colegios de abogados, víctimas de injusticia, y organismos especializados.
- Establecer mecanismos de consulta ciudadana y audiencias públicas en todo el país.
- Proponer reformas normativas, institucionales y de formación judicial.
- Llevar las propuestas estructurales a referéndum nacional para su validación popular.
2. Rediseño institucional del Órgano Judicial y el Ministerio Público
Reorganizar la estructura funcional del sistema judicial, separando lo jurisdiccional de lo administrativo, dotando de autonomía financiera y de gestión, y fortaleciendo su eficiencia, especialización y territorialidad.
Acciones:
- Revisar la estructura orgánica y funcional de tribunales y fiscalías.
- Crear oficinas técnicas de administración judicial, separadas de los jueces.
- Establecer unidades especializadas (niñez, familia, anticorrupción, etc.).
- Asignar presupuesto autónomo y suficiente a cada distrito judicial.
- Desarrollar sistemas digitales de gestión de causas y sentencias.
3. Reforma del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Fortalecer la independencia, calidad técnica y legitimidad del TCP, asegurando que actúe como garante imparcial de la Constitución, no como instrumento de intereses coyunturales.
Acciones:
- Reformar el mecanismo de selección de magistrados, eliminando filtros políticos.
- Establecer requisitos estrictos de formación, trayectoria y ética profesional.
- Clarificar sus competencias para evitar superposiciones con otras instancias.
- Garantizar publicidad, motivación y plazos claros para sus sentencias.
4. Política criminal y reforma penitenciaria
Reformular el enfoque punitivo del sistema penal hacia uno más justo, proporcional y restaurativo. Humanizar el sistema penitenciario y resolver el hacinamiento crítico.
Acciones:
- Diseñar una nueva política criminal basada en prevención y proporcionalidad.
- Reformar el Código Penal y Procesal Penal para reducir la detención preventiva.
- Ampliar el uso de medidas sustitutivas a la prisión.
- Construir y reacondicionar centros penitenciarios con enfoque de rehabilitación.
- Profesionalizar al personal penitenciario.
5. Sistema de acceso y carrera judicial
Garantizar el ingreso, permanencia y ascenso de jueces y fiscales con base en méritos, transparencia, formación continua y evaluación ciudadana.
Acciones:
- Crear la Escuela Plurinacional de la Magistratura y del Ministerio Público.
- Instituir concursos públicos con tribunales evaluadores independientes.
- Establecer evaluaciones periódicas de desempeño con participación ciudadana.
- Garantizar estabilidad laboral basada en la excelencia, no en fillación política.
6. Reforma de la educación en derecho
Reformar profundamente la formación jurídica en pregrado y posgrado, superando el formalismo, e incorporando valores éticos, pluralismo jurídico y compromiso social.
Acciones:
- Revisar y actualizar los planes de estudio de Derecho de las universidades públicas y privadas.
- Incluir materias obligatorias: justicia intercultural, derechos humanos, ética jurídica, género y resolución alternativa de conflictos.
- Promover prácticas profesionales en contextos reales.
- Incentivar la investigación jurídica.
7. Programa de Justicia Transicional y Reconciliación Nacional
Diseñar e implementar mecanismos de verdad, reparación, no repetición y reconocimiento de víctimas, como vía para superar las crisis políticas recientes.
Acciones:
- Crear una Comisión Nacional de Justicia Transicional con mandato independiente.
- Investigary documentar violaciones de derechos ocurridas en conflictos recientes.
- Diseñar mecanismos restaurativos: audiencias de verdad, disculpas públicas, indemnizaciones.
- Establecer garantías institucionales de no repetición.
8. Programa de Amnistía, Indulto y Conclusión de Procesos Judiciales Excepcionales
Atender de manera extraordinaria la situación de personas en detención preventiva prolongada, presos por causas políticas y hacinamiento carcelario.
Acciones:
- Aprobar una Ley Integral de Amnistía e Indulto con criterios objetivos y derechos humanos.
- Crear una Comisión de Revisión de Procesos con participación ciudadana y técnica.
- Priorizar la liberación de personas vulnerables, sin sentencia o por delitos menores.
- Implementar programas de reinserción y acompañamiento psicosocial.
EJE 3 - ECONOMÍA PRODUCTIVA E INDUSTRIALIZACIÓN
La economía boliviana se encuentra en un momento crítico, tras décadas de dependencia de la exportación de materias primas, marcada por ciclos de bonanza y crisis, el país no ha logrado consolidar una base productiva sólida, ni una estructura industrial que genere valor agregado, empleo masivo y sostenibilidad. El modelo primario-exportador ha alcanzado sus límites: las reservas fiscales se han reducido, la balanza comercial se ha vuelto deficitaria, el contrabando y la informalidad se han expandido, y la producción nacional ha sido desplazada por importaciones.
A esto se suma la crisis del gas, que ha debilitado la principal fuente de ingresos del Estado y ha puesto en evidencia la falta de una estrategia clara de exploración, inversión y transición energética. La caída de la inversión pública, la escasa innovación tecnológica y la baja productividad de sectores estratégicos han contribuido a una economía estancada, fragmentada y vulnerable.
Por otra parte, miles de pequeños productores, emprendedores, mujeres rurales, jóvenes y comunidades indígenas originarias se enfrentan a la exclusión financiera, la precariedad laboral, la ausencia de infraestructura y la falta de políticas efectivas de fomento productivo. Mientras tanto, la industria nacional lucha por sobrevivir en un entorno desregulado y con mínimas condiciones de competitividad.
Bolivia necesita transitar hacia una economía plural transformadora, donde el Estado deje de ser un simple redistribuidor de renta y se convierta en actor estratégico del desarrollo productivo, junto con las comunidades, las empresas privadas y las organizaciones cooperativas. Se requiere un nuevo modelo económico con base en la soberanía sobre los recursos naturales, la industrialización con valor agregado, la diversificación productiva, la integración territorial y la inclusión económica de las mayorías.
Objetivo
Construir una economía plural, productiva, resiliente y sostenible, basada en la soberanía sobre los recursos naturales, la justicia social, la generación de empleo digno y la articulación de los sectores comunitario, estatal, privado y cooperativo.
1. Industrialización del litio y exploración de tierras raras
Desarrollar una cadena completa de valor para el litio boliviano: desde la extracción sostenible hasta la producción de baterías, acumuladores y componentes tecnológicos, garantizando soberanía nacional, tecnología y participación estatal mayoritaria.
Acciones:
- Renegociar contratos con empresas extranjeras para garantizar control público y transferencia tecnológica.
- Crear centros de investigación sobre litio y tierras raras en el altiplano sur.
- Iniciar la exploración técnica de tierras raras (neodimio, disprosio, etc.) en el occidente boliviano con fines estratégicos.
2. Industrialización de los minerales bolivianos
Transformar el modelo extractivista en uno productivo, generando valor agregado a nuestros recursos mineros antes de su exportación.
Acciones:
- Crear plantas fundidoras y refinadoras para minerales como zinc, plomo, estaño y cobre.
- Articular cooperativas mineras a la cadena de industrialización formal con asistencia técnica y normas ambientales.
- Incentivar la producción de insumos industriales y semiconductores a partir de metales estratégicos.
3. Creación de la Empresa Nacional del Oro
Establecer una empresa pública estratégica que regule, comercialice e industrialice el oro boliviano, combatiendo el contrabando y generando reservas estratégicas en el Banco Central.
Acciones:
- Centralizar la compra legal de oro a cooperativas y productores autorizados.
- Establecer refinerias propias y normas ambientales estrictas.
- Garantizar que parte del oro se incorpore a las reservas nacionales como activo monetario soberano.
4. Convertir el aeropuerto de Santa Cruz en un hub sudamericano
Modernizar el Aeropuerto Internacional de Viru Viru como centro logístico y aéreo regional, atrayendo inversión internacional, turismo y carga comercial, liberando el espacio aéreo boliviano y ofreciendo ventajas comerciales para el ingreso de aerolíneas extranjeras.
Acciones:
- Ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria y la logística de carga.
- Crear zonas francas y parques industriales cercanos al aeropuerto.
- Incentivar aerolíneas regionales y alianzas comerciales para aumentar conectividad.
5. Habilitación plena de la Hidrovía Paraguay-Paraná
Potenciar esta vía fluvial como canal estratégico para la exportación de productos bolivianos, reduciendo costos logísticos y aumentando la competitividad.
Acciones:
- Construir terminales portuarias propias en el canal Tamengo y en Puerto Busch.
- Negociar convenios con Paraguay, Argentina y Brasil para libre tránsito y tarifas preferenciales.
- Desarrollar un sistema multimodal que conecte el eje central con la hidrovía.
6. Creación de la Hidrovía Mamoré-Amazonas
Integrar al norte amazónico al mercado nacional e internacional mediante una via fluvial alternativa, sostenible y estratégica.
Acciones:
- Estudiar y adecuar las condiciones técnicas y ambientales del Mamoré para su navegabilidad.
- Crear infraestructura portuaria en Trinidad, Guayaramerín y Riberalta.
- Articular esta ruta al comercio con Perú y Brasil a través del Amazonas.
7. Creación de la Empresa Nacional de Promoción y Exportaciones
Establecer una entidad pública especializada en apoyar a productores bolivianos para exportar bienes con valor agregado, abriendo mercados y reduciendo barreras comerciales.
Acciones:
- Capacitar y acompañar a MYPES, cooperativas y empresas estatales para internacionalizar sus productos.
- Promocionar el sello “Hecho en Bolivia” a nivel global.
- Establecer oficinas comerciales en al menos 10 países estratégicos.
8. Fortalecimiento de la ruta Bolivia-llo y Chancay (Perú)
Consolidar una vía soberana de acceso al Pacifico mediante una red logística integrada que conecte el altiplano, el sur del país y los puertos peruanos.
Acciones:
- Mejorar la infraestructura vial y ferroviaria hacia llo.
- Negociar con Perú condiciones preferenciales de uso portuario y cabotaje hacia el puerto de Chancay en Perú.
- Establecer almacenes, depósitos aduaneros y plataformas logísticas en llo.
9. Creación del Puerto Seco Nacional
Establecer un puerto seco en una región estratégica del país (Oruro, Cochabamba o Potosí) para consolidar el tránsito y almacenamiento de carga internacional y reducir dependencia logística.
Acciones:
- Dotar de infraestructura moderna con sistemas aduaneros, almacenaje y conexión ferroviaria.
- Convertirlo en centro de distribución y reexportación para mercados de Argentina, Brasil y Perú.
- Integrarlo a rutas multimodales como la bioceánica y las hidrovias.
10. Promoción del emprendimiento - exención impositiva por dos años
Fomentar el emprendimiento joven, innovador y comunitario mediante un incentivo fiscal durante las fases iniciales de actividad.
Acciones:
- Exonerar del pago de impuestos (IVA e IT) durante los dos primeros años a nuevos emprendimientos legalmente constituidos.
- Establecer un sistema de mentoría y asesoramiento técnico en los primeros pasos del negocio.
- Simplificar la formalización de unidades productivas.
11. Reducción progresiva de la subvención a los combustibles
Implementar un plan gradual y técnico de reducción de la subvención a los combustibles fósiles, redistribuyendo esos recursos hacia energías limpias, transporte público y políticas sociales.
Acciones:
- Establecer una banda de precios con mecanismos de compensación social para sectores vulnerables.
- Incentivar la conversión de vehículos públicos y privados a gas y electricidad.
- Crear un Fondo Nacional de Transición Energética con recursos provenientes de la reducción de subvención.
12. Captación de divisas y ajuste de la política monetaria
Implementar medidas para captar dólares en el corto plazo, reforzar las reservas internacionales y garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional.
Acciones:
- Incentivar la repatriación de divisas mediante bonos soberanos atractivos y seguros para bolivianos en el exterior.
- Crear mecanismos de control del contrabando y de fuga de divisas.
- Evaluar ajustes técnicos y graduales en la política cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia.
- Impulsar el comercio en monedas locales en acuerdos bilaterales con países vecinos.
13. Creación del Fondo Plurinacional de Crédito para la Producción de Alimentos
Constituir un fondo soberano y rotativo destinado a financiar de manera directa y con bajas tasas de interés a pequeños y medianos productores agrícolas, comunidades indigenas, asociaciones campesinas y emprendimientos agroindustriales orientados a garantizar la soberanía alimentaria del país.
Acciones:
- Financiar con tasas preferenciales proyectos de producción agroecológica, transformación de alimentos, almacenamiento, y sistemas de riego tecnificado.
- Establecer líneas diferenciadas para mujeres rurales, jóvenes productores y pueblos indigenas.
- Asociar el fondo con compras estatales (Subsidio, desayuno escolar, hospitales) para garantizar mercado asegurado.
- Financiar también infraestructuras rurales comunitarias (centros de acopio, caminos productivos, silos).
14 Atracción de inversiones estratégicas para la exploración y recuperación de gas
Diseñar e implementar una política clara de atracción de inversiones público-privadas, nacionales e internacionales, para la exploración, desarrollo y recuperación secundaria de reservas de gas natural, bajo criterios de soberanía energética y retorno nacional garantizado.
Acciones:
- Revisar y transparentar los contratos actuales con empresas operadoras en el marco de una nueva política hidrocarburífera soberana.
- Crear incentivos fiscales temporales y controlados para nuevas inversiones en exploración y recuperación de campos maduros.
- Fortalecer YPFB como actor articulador y regulador, con capacidades técnicas y operativas reales.
- Establecer acuerdos de transferencia tecnológica y formación de profesionales bolivianos en geología, petroquímica y transición energéticas
15. Creación de alianzas público-privadas y público-privadas-comunitarias
Establecer un marco legal, institucional y operativo para promover alianzas estratégicas entre el Estado, el sector privado y las organizaciones comunitarias con el fin de desarrollar proyectos productivos, industriales, logísticos, ambientales y tecnológicos de alto impacto económico y social, garantizando la participación popular, la soberanía económica y la distribución justa de beneficios.
Acciones:
- Crear la Ley Plurinacional de Alianzas Productivas Estratégicas, que defina principios, obligaciones, garantías y esquemas de beneficios compartidos entre Estado, privados y comunidades.
- Establecer proyectos piloto de alianzas en rubros como agroindustria, biotecnología, energías renovables, minería con valor agregado, turismo comunitario, transporte e infraestructura logística.
- Incorporar empresas comunitarias y asociaciones campesinas e indígenas como socios activos en las alianzas público-privadas, con derechos de participación, consulta y distribución de utilidades.
- Garantizar que en toda alianza el Estado mantenga soberanía sobre los recursos estratégicos y que los excedentes beneficien prioritariamente al desarrollo nacional y local.
- Crear una Unidad Técnica Nacional de Promoción de Alianzas, bajo dependencia del Ministerio de Economía Productiva, que identifique oportunidades, facilite procesos y garantice transparencia.
- Promover incentivos tributarios, financieros y regulatorios para empresas privadas que se integren a esquemas de coproducción con el Estado y las comunidades.
16. Priorización de las empresas estratégicas bajo responsabilidad del Estado
Establecer un marco de priorización nacional que garantice que las empresas estatales estratégicas, particularmente aquellas vinculadas a recursos naturales, energía, telecomunicaciones, transporte e industrialización, permanezcan bajo control soberano del Estado, sean gestionadas con eficiencia, transparencia y vocación de servicio público, y se conviertan en motores del desarrollo nacional.
Acciones:
- Definir por ley, en consenso con todos los partidos políticos, las empresas estratégicas del Estado
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
- Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
- Empresa Boliviana de Industrialización del Litio (YLB)
- Empresa Nacional de Telecomunicaciones Satelitales
- Empresas metalúrgicas e industriales estratégicas en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz
- Reestructurar las empresas públicas ineficientes, priorizando:
- Auditorla integral técnico-financiera.
- Profesionalización de la gestión y despolitización administrativa.
- Creación de directorios técnicos con representación social.
- Modernizar tecnológicamente estas empresas con apoyo de universidades, cooperación internacional y alianzas estratégicas no subordinadas.
- Establecer mecanismos de control social y transparencia en la gestión pública empresarial, incluyendo la publicación trimestral de estados financieros auditados.
EJE 4 - PROMOCIÓN DEL TURISMO COMO EJE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Bolivia cuenta con una riqueza excepcional en biodiversidad, paisajes únicos, culturas vivas e historia milenaria. Sin embargo, el turismo no ha sido desarrollado como una política estratégica de Estado, lo que ha limitado su potencial económico, cultural y ambiental.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 evidenció la fragilidad del sector, pero también su potencial de recuperación con base en la sostenibilidad, la digitalización, el turismo de naturaleza, comunitario, científico y cultural. Un modelo turístico sostenible puede diversificar la economía, generar oportunidades en regiones rurales e indígenas, y fortalecer la identidad nacional.
Objetivo
Impulsar el turismo como motor de desarrollo sostenible, generador de empleo digno, preservación cultural y protección del patrimonio natural del país.
1. Política Nacional de Turismo Sostenible e Intercultural
Diseñar e implementar una política integral de turismo con enfoque territorial, sostenible, intercultural y descentralizado, que articule a comunidades, gobiernos subnacionales y el sector privado.
Acciones:
- Crear el Sistema Plurinacional de Turismo Sostenible.
- Promover un marco normativo actualizado y adecuado a las nuevas tendencias turísticas.
- Impulsar el turismo rural, comunitario, ecológico, cultural, científico y espiritual.
2. Infraestructura turística accesible y sostenible
Fortalecer la infraestructura turística nacional con criterios de accesibilidad, sostenibilidad ambiental y pertinencia cultural.
Acciones:
- Construir y reacondicionar centros de información, rutas turísticas, senderos y miradores.
- Mejorar la conectividad digital y de transporte hacia destinos prioritarios.
- Promover eco-alojamientos y servicios turísticos con certificación ambiental.
3. Capacitación, empleo y emprendimiento turístico local
Fomentar la formación técnica, el empleo digno y el emprendimiento turístico en comunidades y sectores populares.
Acciones:
- Crear centros regionales de formación en turismo y hospitalidad.
- Apoyar con financiamiento e incubadoras a emprendimientos turísticos de base comunitaria.
- Establecer programas de empleo joven y femenino en el sector turístico.
4. Promoción internacional del turismo boliviano
Posicionar a Bolivia como destino turístico diverso, seguro y sostenible a través de una estrategia internacional de imagen-país.
Acciones:
- Crear campañas internacionales con enfoque de identidad, biodiversidad y cultura viva.
- Participar en ferias internacionales y establecer alianzas con operadores globales.
- Fortalecer la presencia turística en plataformas digitales, redes y medios globales.
5. Protección del patrimonio cultural y natural
Garantizar que el desarrollo turístico se articule con la conservación del patrimonio natural y cultural, promoviendo la gestión comunitaria y la participación social.
Acciones:
- Declarar y proteger nuevos destinos turísticos como patrimonios culturales o naturales del Estado.
- Establecer mecanismos de control social y gestión participativa en zonas turísticas.
- Integrar los planes turísticos con la planificación territorial y ambiental.
EJE 6 - POLÍTICA DE GÉNERO
En Bolivia, persisten profundas desigualdades de género que se manifiestan en la violencia estructural contra las mujeres, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, la limitada participación política real y la exclusión de las diversidades sexuales y de género. A pesar del marco legal vigente, la implementación efectiva de políticas de igualdad ha sido limitada, fragmentaria y muchas veces subordinada a coyunturas políticas.
El Estado Plurinacional tiene la responsabilidad de construir un nuevo pacto social y democrático desde la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la justicia y la reparación histórica. La erradicación de todas las formas de violencia, discriminación y exclusión por razones de género debe ser un eje transversal del desarrollo y de la democracia.
1. Sistema Plurinacional de Igualdad de Género
Conformar un sistema institucional, normativo y territorial articulado que asegure la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.
Acciones:
- Crear el Ministerio de Igualdad y Género con competencias en todo el Estado.
- Establecer observatorios y unidades de género en cada nivel de gobierno.
- Garantizar presupuesto específico para políticas de igualdad y lucha contra las violencias.
2. Vida libre de violencia para mujeres y niñas
Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, con enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y reparación integral.
Acciones:
Implementar un plan nacional de prevención con enfoque comunitario, educativo y comunicacional.
Fortalecer el sistema de atención integral a víctimas: casas de acogida, defensorías, servicios forenses.
Garantizar el acceso efectivo a la justicia con fiscales y jueces especializados.
Crear registros unificados de feminicidios y violencia sexual.
3. Autonomía económica y redistribución del trabajo de cuidado
Promover la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad social y estatal del trabajo de cuidado, actualmente asumido mayoritariamente por mujeres sin reconocimiento ni remuneración.
Acciones:
- Crear fondos de apoyo y líneas de crédito para emprendimientos liderados por mujeres.
- Establecer sistemas de cuidado comunitarios y estatales.
- Reconocer el trabajo doméstico y de cuidado en políticas laborales y de seguridad social.
4. Participación política y liderazgo con paridad
Garantizar la participación real, activa y decisoria de mujeres y diversidades en todos los niveles del poder público, partidos, sindicatos y organizaciones sociales.
Acciones:
Profundizar la paridad y alternancia en candidaturas, órganos del Estado y espacios de decisión.
Crear escuelas de formación política feminista y de liderazgo de mujeres indígenas, campesinas, obreras y jóvenes.
Sancionar el acoso y la violencia política de género.
EJE 7 - RECONCILIACIÓN NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE PAÍS
Bolivia atraviesa una prolongada crisis de polarización política, fragmentación social y desconfianza institucional que ha debilitado el tejido societal del país. Las confrontaciones recurrentes entre actores políticos, el uso del aparato judicial como mecanismo de persecución, la estigmatización de la disidencia, la instrumentalización de los conflictos sociales y la ausencia de un horizonte común han erosionado las condiciones para una convivencia pacífica y democrática.
La falta de un proyecto de país compartido ha provocado que la coyuntura, la rivalidad de corto plazo y la lógica de venganza dominen el escenario nacional. Esta situación impide consolidar una visión estratégica que convoque a todos los sectores del país a construir juntos el futuro.
Reconciliar Bolivia no es olvidar, sino asumir con madurez política y responsabilidad histórica la necesidad de cerrar heridas abiertas, reconocer a las víctimas, restaurar la justicia y proyectar una nueva etapa de convivencia plural, pacífica y orientada al bien común. La reconciliación debe ser también una oportunidad para refundar la política sobre nuevos principios de respeto, diálogo, verdad, justicia restaurativa, complementariedad y corresponsabilidad.
En este contexto, se propone acciones para sanar el pasado, dialogar el presente y construir colectivamente el futuro. Se trata de una propuesta de país que supere las divisiones y convoque a todas y todos a imaginar juntos una Bolivia para el Bicentenario y más allá.
Objetivo
Superar la polarización, reconstruir la cohesión nacional y proyectar una visión compartida de futuro.
1. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
Crear una comisión independiente, plural y representativa que investigue, documente y proponga mecanismos de verdad, justicia restaurativa y reparación para las víctimas de conflictos y persecuciones políticas recientes.
Acciones:
- Aprobar una ley para la creación de la Comisión con mandato claro y plazos definidos.
- Garantizar participación de organizaciones de derechos humanos, universidades, iglesias, víctimas, pueblos indígenas y sociedad civil.
- Sistematizar testimonios, violaciones de derechos y consecuencias institucionales de los conflictos.
- Formular recomendaciones para la reparación, la justicia restaurativa y la garantía de no repetición.
2. Gran Diálogo Nacional hacia el Bicentenario (2025-2050)
Convocar a un proceso participativo, amplio e incluyente para construir una visión compartida de país, estableciendo una hoja de ruta para el desarrollo nacional con horizonte al año 2050.
Acciones:
- Instalar mesas de diálogo en los nueve departamentos y en pueblos indígenas.
- Incorporar a todos los sectores: organizaciones sociales, productivas, empresariales, académicas, religiosas, culturales y políticas.
- Definir prioridades nacionales en base a consensos: educación, economía, justicia, autonomías, medio ambiente, tecnología, entre otros.
- Consensuar el “Pacto del Bicentenario” como documento vinculante para el Estado.
3. Nueva cultura política basada en respeto, ética y complementariedad
Promover una transformación profunda del comportamiento político y del ejercicio del poder, sustituyendo la confrontación y el odio por el respeto, la escucha, el disenso responsable y la corresponsabilidad institucional.
Acciones:
- Diseñar e implementar una campaña nacional de cultura política democrática en escuelas, medios de comunicación y espacios comunitarios.
- Promover códigos de ética en partidos, asambleas y entidades del Estado.
- Establecer espacios de diálogo permanentes entre actores políticos e institucionales.
- Sancionar legalmente el discurso de odio, la estigmatización y la incitación a la violencia política.
EJE 8 - CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
Bolivia está entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, las sequías prolongadas, incendios forestales, retroceso de glaciares, inundaciones, pérdida de biodiversidad y degradación de suelos afectan de manera directa a comunidades campesinas, pueblos indígenas y zonas urbanas pobres, profundizando las desigualdades y amenazando la seguridad alimentaria y la vida misma.
A pesar de haber liderado a nivel internacional el reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto de derechos, el país ha enfrentado una creciente contradicción entre discurso y práctica, el avance del extractivismo sin regulación, la ampliación de la frontera agropecuaria en áreas protegidas y la deforestación descontrolada han debilitado el equilibrio ecológico y comprometido el futuro de las nuevas generaciones.
El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental, sino una crisis civilizatoria que exige una transición justa hacia modelos económicos, sociales y culturales en armonía con la naturaleza. Defender la vida implica transformar la relación del Estado y la sociedad con la Madre Tierra, con base en los principios de complementariedad, reciprocidad, sostenibilidad y justicia intergeneracional.
Objetivo:
Defender la vida en todas sus formas, reconociendo a la Madre Tierra como sujeto de derechos.
1. Nueva Ley de Derechos de la Madre Tierra y control de los incendios forestales
Promulgar una ley que reconozca y garantice los derechos de la Madre Tierra con carácter vinculante, estableciendo obligaciones para el Estado, los sectores productivos y la sociedad en su conjunto.
Acciones:
- Elaborar la ley mediante un proceso participativo con pueblos indígenas, comunidades, universidades y sociedad civil.
- Reconocer los derechos de la Madre Tierra: a la vida, al agua, a la diversidad, al equilibrio y a la restauración.
- Establecer mecanismos de protección jurídica, sanciones y responsabilidad estatal y empresarial.
- Crear un Defensor Plurinacional de los Derechos de la Madre Tierra.
2. Transición Energética Justa y Soberana
Impulsar la transición desde un modelo basado en hidrocarburos hacia una matriz energética limpia, descentralizada y comunitaria, respetando los derechos sociales y laborales.
Acciones:
- Invertir en energías renovables (solar, eólica, geotérmica, biomasa) con control estatal y participación comunitaria.
- Establecer incentivos para la conversión de sistemas públicos y privados a energias limpias.
- Crear un plan nacional de eficiencia energética en la industria y el transporte.
- Desarrollar capacidades locales para la fabricación e instalación de tecnologías limpias.
3. Fondo Plurinacional de adaptación y mitigación climática
Establecer un fondo público y multiactor que financie proyectos de adaptación, resiliencia comunitaria, mitigación de emisiones y restauración de ecosistemas.
Acciones:
- Financiar sistemas de cosecha de agua, reforestación, agricultura sostenible y viviendas resilientes.
- Priorizar proyectos liderados por pueblos indígenas, mujeres rurales y gobiernos locales.
- Movilizar recursos internos y externos, incluyendo cooperación internacional y canjes de deuda por clima.
- Establecer un consejo de gobernanza del fondo con participación social y control público.
4. Gestión Indígena y Comunitaria de Ecosistemas
Fortalecer las capacidades y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales para gestionar bosques, agua, suelos y territorios de forma sostenible y con autonomía.
Acciones:
- Reconocer y titular territorios ancestrales con funciones de protección ambiental.
- Fortalecer las capacidades técnicas y organizativas para el manejo de recursos naturales.
- Establecer acuerdos de cogestión entre el Estado y comunidades en áreas protegidas.
- Promover la educación ambiental y el conocimiento ancestral en planes territoriales de desarrollo integral.
5. Protección de los animales domésticos y salvajes
Establecer políticas públicas orientadas a la protección integral de los animales, tanto domésticos como salvajes, promoviendo el respeto por la vida, el bienestar animal y la convivencia armónica con la naturaleza.
Acciones:
- Crear una Ley de Protección Animal que establezca derechos, deberes, sanciones y medidas preventivas.
- Fortalecer los sistemas municipales de control y atención veterinaria, incluyendo campañas de vacunación, esterilización y adopción responsable.
- Prohibir espectáculos o actividades que impliquen crueldad o maltrato animal.
- Crear centros de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre con participación comunitaria.
- Desarrollar programas educativos sobre bienestar animal en el sistema educativo y en medios de comunicación.
EJE 9 - POLÍTICA INTERNACIONAL INTEGRADORA Y SOBERANA
En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, crisis climática, desigualdad global y debilitamiento del multilateralismo, Bolivia enfrenta el desafio de construir una política internacional que refleje sus principios constitucionales, la defensa de la autodeterminación, la paz, los derechos de los pueblos, el respeto a la Madre Tierra y el Vivir Bien como horizonte civilizatorio.
Durante las últimas décadas, Bolivia ha tenido una presencia relevante en foros multilaterales, abogando por el desarme nuclear, la justicia climática, los derechos de los pueblos indígenas y la transformación del sistema internacional. Sin embargo, la falta de continuidad, las contradicciones internas y la subordinación a intereses coyunturales han debilitado la coherencia y el impacto de su acción exterior.
Frente a esta realidad, es necesario relanzar una diplomacia soberana, activa y coherente, que articule los intereses nacionales con las luchas globales por un orden más justo, plural y multipolar. La diplomacia boliviana debe ser instrumento de integración regional, defensa de los bienes comunes, promoción de los derechos humanos y construcción de una paz con justicia.
Objetivo
Reconstruir la diplomacia amplia, soberana, descolonizadora y al servicio de los pueblos. Propuestas:
1. Prospectiva de las Relaciones Internacionales de Bolivia
Elaborar un plan nacional de política exterior con visión estratégica y de largo plazo, alineado a los intereses soberanos del país, la paz mundial y el Vivir Bien.
Acciones:
- Crear el Consejo Nacional de Prospectiva Internacional con expertos y representantes sociales.
- Definir prioridades geopolíticas, multilaterales, comerciales y ambientales.
- Articular la diplomacia estatal con la diplomacia parlamentaria, cultural y ciudadana.
2. Fortalecimiento de las relaciones diplomáticas
Reforzar la presencia internacional de Bolivia mediante relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sin exclusiones ideológicas ni subordinaciones geopolíticas.
Acciones:
- Restablecer y ampliar relaciones diplomáticas con todos los Estados miembros de la ONU.
- Fortalecer la red de embajadas, consulados y representaciones permanentes.
- Establecer criterios de eficiencia, enfoque regional y presencia estratégica.
3. Ampliación de acuerdos de liberación recíproca de visas
Facilitar el libre tránsito de bolivianas y bolivianos por el mundo, mediante acuerdos bilaterales que eliminen los requisitos de visado para fines turísticos, culturales y educativos.
Acciones:
- Negociar tratados de exención de visa con países de América Latina, Asia, África y Europa.
- Establecer mecanismos de reciprocidad equilibrada en las condiciones migratorias.
- Promover la movilidad internacional de jóvenes, estudiantes, artistas y emprendedores.
4. Reconstrucción de la Academia Diplomática Plurinacional
Reinstituir la Academia Diplomática como espacio de formación profesional con identidad nacional, enfoque descolonizador e integración de altos estándares internacionales.
Acciones:
- Rediseñar el currículo con enfoque en diplomacia del Vivir Bien, interculturalidad y multilaterialismo.
- Establecer convenios con academias diplomáticas del mundo.
- Garantizar la inclusión de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes profesionales.
5. Carrera diplomática meritocrática y profesional
Consolidar una carrera diplomática basada en mérito, formación continua, compromiso ético y profesionalismo, para representar con excelencia los intereses del país.
Acciones:
- Institucionalizar concursos públicos para el ingreso y ascenso en la carrera diplomática.
- Crear un sistema de evaluación y formación permanente de diplomáticos.
- Garantizar la estabilidad laboral y la no politización de cargos técnicos.
6. Reimpulso de la integración regional desde la diplomacia de los pueblos
Relanzar el protagonismo de Bolivia en la CELAC, ALBA-TCP, UNASUR y otros espacios regionales, priorizando una integración basada en los pueblos, la complementariedad y la soberanía compartida.
Acciones:
- Impulsar agendas comunes en salud, tecnología, educación, energía y alimentación.
- Fortalecer la participación de movimientos sociales, pueblos indigenas y juventudes en los mecanismos regionales.
- Establecer iniciativas de integración productiva y logística solidaria.
7. Bolivia como líder en justicia climática, derechos indigenas y diplomacia del Vivir Bien
Posicionar a Bolivia como referencia global en la defensa de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indigenas y la construcción de un modelo civilizatorio alternativo basado en el Vivir Bien.
Acciones:
- Proponer iniciativas en foros internacionales sobre justicia climática, deuda ecológica y transición justa.
- Promover una red internacional de diplomacia indigena y comunitaria.
- Impulsar la creación de un Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
8. Reforma de la institucionalidad internacional en favor del Sur Global
Impulsar la democratización del sistema multilateral, dando mayor voz y poder de decisión a los países del Sur Global.
Acciones:
- Proponer reformas al sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad.
- Fortalecer el Grupo 77+China como plataforma de negociación y cooperación.
- Crear y apoyar bloques regionales del Sur que promuevan agendas comunes.
9. Diplomacia basada en reciprocidad, complementariedad y paz
Promover relaciones internacionales centradas en el respeto mutuo, la cooperación solidaria, la resolución pacífica de controversias y la no injerencia en asuntos internos.
Acciones:
- Reorientar la acción diplomática para priorizar acuerdos de beneficio mutuo.
- Crear mecanismos de diplomacia popular, cultural y parlamentaria.
- Posicionar a Bolivia como actor de paz y mediación regional en escenarios de conflicto.
10. Creación de Oficinas de Promoción Comercial en Embajadas y Consulados
Establecer unidades especializadas de promoción comercial en las representaciones diplomáticas de Bolivia en el exterior, con el fin de impulsar las exportaciones, atraer inversión extranjera y posicionar productos bolivianos en mercados internacionales.
Acciones:
- Crear unidades de promoción comercial en embajadas prioritarias.
- Capacitar personal consular en promoción de comercio, inversiones y turismo.
- Establecer alianzas con cámaras de comercio y oficinas comerciales de otros países.
- Diseñar una estrategia nacional de diplomacia económica y comercial para el posicionamiento internacional de Bolivia.
EJE 10 - INTEGRACIÓN MARITIMA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MARINOS
La mediterraneidad impuesta a Bolivia como consecuencia de una invasión injusta ha limitado durante más de un siglo el pleno ejercicio de sus derechos comerciales, geoestratégicos y soberanos sobre el Pacífico. La causa marítima no es un reclamo anacrónico ni una aspiración simbólica, es una cuestión de justicia histórica, desarrollo económico y dignidad nacional.
Pese a los esfuerzos realizados, la ausencia de una estrategia marítima integral ha restringido el aprovechamiento pleno de los espacios, recursos y rutas marítimas que Bolivia puede y debe ejercer en virtud del derecho internacional y de los acuerdos vigentes. El siglo XXI exige una renovada visión marítima boliviana que combine soberanía, diplomacia, ciencia, tecnología y comercio exterior.
El desarrollo de capacidades logísticas, infraestructuras propias, educación marítima, investigación oceanográfica y articulación regional puede posicionar a Bolivia como un actor soberano del Atlántico y el Pacífico. El Estado Plurinacional debe ejercer su vocación marítima no solo como derecho, sino como estrategia para el desarrollo integral.
Objetivo
Reafirmar el derecho histórico de Bolivia al mar y fortalecer su presencia y soberanía marítima.
1. Política Marítima Integral del Estado Plurinacional
Diseñar e implementar una estrategia marítima integral que articule los aspectos diplomáticos, comerciales, logísticos, científicos y formativos, consolidando la presencia marítima de Bolivia en el mundo.
Acciones:
- Crear el Consejo Plurinacional de Integración Marítima.
- Formular un Plan Nacional Marítimo con horizonte 2030.
- Coordinar las políticas marítimas con puertos de la región (Ilo, Rosario, Paranaguá, Santos).
- Establecer lineamientos para el uso sostenible de recursos marinos.
2. Desarrollo de Infraestructura Portuaria y Logística Soberana
Consolidar la infraestructura y capacidades logísticas propias de Bolivia para garantizar un acceso soberano, eficiente y competitivo al mar.
Acciones:
- Fortalecer la presencia boliviana en el puerto de llo con infraestructura y personal permanente.
- Impulsar la creación de puertos secos y zonas logísticas en puntos estratégicos del país.
- Desarrollar plataformas logísticas integradas para transporte multimodal.
- Establecer alianzas con países vecinos para la gestión compartida de corredores bioceánicos.
3. Uso estratégico y sostenible de los recursos marinos
Fomentar el conocimiento, defensa y aprovechamiento de los recursos marinos en los que Bolivia tenga derecho, con fines de investigación, alimentación, comercio e innovación.
Acciones:
- Crear el Instituto Boliviano de Investigación Oceanográfica y de los Recursos Marinos.
- Formar especialistas en biotecnología marina y acuicultura sostenible.
- Participar activamente en foros y tratados internacionales sobre el uso de recursos marinos.
- Desarrollar proyectos de innovación científica para el aprovechamiento marítimo.
4. Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Estudios Marítimos y Comercio Exterior
Consolidar una institución de formación profesional y técnica que prepare recursos humanos calificados para el desarrollo marítimo, la logística, el comercio exterior y la diplomacia portuaria.
Acciones:
- Dotar de infraestructura moderna y plan de estudios actualizado a la Escuela Marítima.
- Establecer programas de especialización y cooperación con academias marítimas del exterior.
- Integrar la formación marítima a la planificación del desarrollo productivo y logístico nacional.
- Otorgar becas y programas de incentivo a jóvenes y mujeres para su participación en el sector marítimo.
5. Creación de la Empresa Estatal de Pesca
Establecer una empresa pública dedicada a la pesca y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, que contribuya a la seguridad alimentaria, la generación de empleo y el desarrollo productivo con soberanía.
Acciones:
- Diseñar el marco normativo y técnico para la creación y operación de la empresa estatal.
- Impulsar la pesca en aguas continentales y explorar convenios internacionales para la pesca en alta mar.
- Articular la empresa con productores pesqueros artesanales y comunidades ribereñas.
- Establecer plantas de procesamiento, conservación y distribución de productos pesqueros con valor agregado.
EJE 11 - POLICIA Y FUERZAS ARMADAS HUMANITARIAS AL SERVICIO DEL PUEBLO
Bolivia necesita un nuevo paradigma de seguridad y defensa centrado en el respeto a la vida, la democracia y los derechos humanos. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad, las denuncias de uso excesivo de la fuerza, la politización de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y su participación en hechos de violencia política han generado una profunda crisis de legitimidad.
El Estado Plurinacional debe reconstruir su aparato de seguridad con base en el principio de que el poder militar y policial emana del pueblo y está al servicio de él. Las nuevas amenazas al bienestar colectivo (cambio climático, desastres naturales, narcotráfico, violencia de género, inseguridad urbana) requieren una institucionalidad moderna, profesional, ética y respetuosa de la diversidad social y cultural del país.
1. Reestructuración de la Policía Nacional con enfoque preventivo y de derechos humanos
Reformar integralmente a la Policía Nacional para que actúe bajo principios de prevención, cercanía comunitaria, respeto a los derechos humanos y lucha efectiva contra el delito.
Acciones:
- Rediseñar el modelo policial con enfoque territorial, comunitario y de resolución pacífica de conflictos.
- Establecer un nuevo sistema de formación ético y profesional en la Universidad Policial.
- Respeto al mérito y a la carrera policial.
- Implementar mecanismos de rendición de cuentas y control social externo.
- Crear unidades especializadas en violencia de género, delitos ambientales y ciberseguridad.
2. Redefinición del rol de las Fuerzas Armadas
Actualizar el rol constitucional de las Fuerzas Armadas para enfocarse en la defensa territorial, la soberanía, la seguridad integral, la protección civil y el apoyo humanitario en situaciones de emergencia.
Acciones:
- Reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en función de nuevos desafíos.
- Promover la profesionalización, transparencia y no deliberancia política.
- Respetar el mérito y la carrera militar
- Fortalecer su participación en tareas de mitigación de desastres, cambio climático y defensa ambiental.
- Garantizar el respeto de los derechos humanos y el pluralismo en la formación militar.
3. Creación de un Sistema de Fiscalización Ciudadana
Establecer mecanismos de fiscalización ciudadana y control social sobre el funcionamiento de las instituciones de seguridad para garantizar transparencia, legalidad y servicio a la comunidad.
Acciones:
- Crear Observatorios Ciudadanos de Seguridad en coordinación con la sociedad civil.
- Establecer veedurias sociales permanentes en las Escuelas de Policía y Fuerzas Armadas.
- Promover auditorias externas, informes públicos y rendición de cuentas institucionales.
4. Formación en derechos humanos, género y atención humanitaria
Incorporar de manera obligatoria y transversal la formación en derechos humanos, perspectiva de género, gestión de conflictos y atención a poblaciones vulnerables en todas las etapas de instrucción y capacitación de las fuerzas del orden.
Acciones:
- Diseñar nuevos planes curriculares en coordinación con organismos de derechos humanos y universidades.
- Formar instructores especializados en temas de ética, diversidad, mediación y convivencia pacifica.
- Establecer alianzas con organismos internacionales para formación conjunta.
- Implementar programas de prevención y atención de violencias dentro de las propias instituciones.
EJE 12 - DEPORTE Y CULTURA COMO INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
La cultura y el deporte son derechos fundamentales y pilares del desarrollo humano. En Bolivia, sin embargo, persisten grandes brechas en el acceso a espacios, programas y oportunidades que permitan a la población expresarse artísticamente, desarrollarse fisica y mentalmente, y fortalecer su identidad colectiva.
La falta de infraestructura, la concentración de actividades en zonas urbanas, la escasa valorización del arte comunitario, la desigualdad de género en el acceso al deporte y el olvido de manifestaciones culturales indigenas y afrodescendientes, limitan el potencial transformador de estos sectores.
Frente a esta realidad, Bolivia necesita una política cultural y deportiva incluyente, territorializada, intercultural y sostenida por el Estado. Democratizar el acceso al arte, la cultura y el deporte es clave para construir comunidad, prevenir violencias, promover salud, estimular la creatividad, afirmar la diversidad cultural y consolidar una identidad plurinacional.
1. Acceso universal y gratuito a la cultura, el arte y el deporte
Garantizar el acceso de todas las personas, sin distinción, a la práctica artística y deportiva como parte de sus derechos culturales y de bienestar integral.
Acciones:
- Incluir arte y deporte como asignaturas obligatorias y evaluables en el sistema educativo.
- Crear programas municipales de acceso gratuito a talleres, clubes y espacios culturales.
- Impulsar campañas nacionales de alfabetización artística y actividad física para todas las edades.
2. Construcción y fortalecimiento de centros culturales y deportivos comunitarios
Desarrollar infraestructura cultural y deportiva en barrios, comunidades rurales e indígenas, como espacios de encuentro, expresión, prevención de violencias y cohesión social.
Acciones:
- Construir centros culturales y polideportivos en todos los municipios.
- Recuperar espacios públicos (plazas, coliseos, campos) para usos culturales y deportivos.
- Establecer redes territoriales de promoción cultural y deportiva comunitaria.
3. Revalorización de la interculturalidad y la identidad plurinacional
Reconocer y promover la diversidad cultural de Bolivia como fundamento de su identidad nacional, fomentando el orgullo por los saberes, lenguas, estéticas y tradiciones de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos.
Acciones:
- Declarar las expresiones culturales vivas como patrimonio intangible del Estado.
- Apoyar la investigación, creación y difusión de contenidos culturales propios.
- Crear festivales interculturales nacionales y regionales.
- Incorporar contenidos de historia, cultura y arte originario en la currícula escolar.
4. Fomento a la producción cultural comunitaria e inclusiva
Estimular la creación cultural desde las comunidades, juventudes, mujeres, pueblos indígenas y afrobolivianos, como forma de generación de ingresos, expresión colectiva y fortalecimiento del tejido social.
Acciones:
- Crear fondos concursables y becas para proyectos artisticos comunitarios.
- Establecer incentivos para la producción cultural independiente.
- Impulsar circuitos nacionales de música, teatro, cine, danza y literatura local.
- Promover la inclusión de personas con discapacidad en la vida cultural y deportiva.
5. Desarrollo del deporte formativo, recreativo y de alto rendimiento
Diseñar una política integral de fomento al deporte en todos sus niveles y etapas, desde la recreación hasta el alto rendimiento, con enfoque de igualdad de oportunidades y desarrollo territorial.
Acciones:
- Fortalecer las escuelas deportivas en todos los municipios.
- Crear un sistema de detección y apoyo a talentos deportivos.
- Establecer centros de alto rendimiento por regiones.
- Asegurar equidad de género y apoyo a deportistas con discapacidad.
6. Cultura y deporte como política de Estado
Elevar la cultura y el deporte a prioridades en la agenda nacional, asignando recursos, institucionalidad y articulación intersectorial para su impulso sostenido.
Acciones:
- Incrementar el presupuesto público destinado a cultura y deporte.
- Crear un Sistema Nacional de Cultura y Deporte con enfoque intercultural.
- Establecer observatorios de acceso, participación y diversidad cultural y deportiva.
- Promover cooperación internacional para el intercambio cultural y deportivo.