Bolivia sufre un colapso sistémico: la economía está quebrada, el sistema judicial es un instrumento de impunidad y persecución, el narcotráfico ha tomado el control de regiones enteras como el Chapare, y el Estado ha sido convertido en un botín de facciones políticas. Nuestro Estado está atrapado en un ciclo de corrupción, desinstitucionalización, un intervencionismo nocivo en la economía y la sociedad, y una alta dependencia en la explotación de los recursos naturales. Vivimos bajo un régimen autoritario que ha destruido la democracia, aniquilado la inversión, criminalizado la disidencia y saqueado los recursos del país.
Problemas principales que enfrenta Bolivia
Crisis económica
Nuestro país sufre una grave crisis económica marcada por un déficit fiscal insostenible, una balanza de pagos deteriorada, inflación creciente y una acelerada pérdida del poder adquisitivo de su moneda nacional. Las políticas de alto gasto público y estímulo al consumo, sin creación de riqueza ni incentivos a la producción, han generado una dependencia económica insostenible. Esta situación ha fomentado el surgimiento de un mercado paralelo de divisas en permanente alza, la falta de divisas extranjeras, agravando aún más el panorama económico. Sin medidas inmediatas y estructurales, el crecimiento real es prácticamente nulo y el país está en riesgo de colapsar bajo el peso de su propio desequilibrio fiscal y productivo.
Crisis en la economía productiva y colapso de la inversión privada
Las políticas actuales, con altos impuestos, sobre regulaciones y falta de seguridad jurídica, han desincentivado la inversión privada nacional y extranjera y han frenado la economía productiva. El entorno empresarial es hostil para los emprendedores, empujándolos a la informalidad o incluso al cierre, mientras el contrabando y la economía ilegal prosperan como alternativas de supervivencia.
Dependencia de recursos naturales y falta de diversificación económica
La economía boliviana sigue siendo altamente dependiente de sus recursos naturales, en particular del gas. Sin embargo, la falta de inversión en nuevos sectores y la falta de incentivos para diversificar la economía nos han dejado vulnerables a la volatilidad del mercado global y al agotamiento de recursos. Esto pone en riesgo la estabilidad económica y las oportunidades de desarrollo del país.
Desinstitucionalización del Estado y crisis de confianza
La falta de instituciones sólidas ha generado una crisis de confianza entre los ciudadanos. Las instituciones no cumplen su rol de proteger los derechos y asegurar la justicia, sino que actúan bajo órdenes político-partidarias. Esto ha llevado a una desinstitucionalización del Estado que ahora está supeditadas al control de quienes ocupan el poder.
Corrupción estructural y captura del Estado
Bolivia enfrenta una crisis de corrupción profundamente arraigada en el sistema de gobierno. Las instituciones públicas han sido capturadas y manipuladas por intereses políticos y personales, lo que limita su capacidad para actuar en beneficio de los ciudadanos. La corrupción afecta todos los niveles de gobierno, fomentando un ambiente de impunidad y abuso de poder.
Fraude electoral y manipulación política
Los procesos electorales en Bolivia han sido objeto de constantes denuncias de fraude, lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la democracia. La manipulación de las elecciones y la falta de transparencia en el conteo de votos distorsionan la voluntad popular y perpetúan un sistema donde algunos políticos priorizan sus ambiciones personales sobre el bienestar del país.
Ambiciones políticas y perpetuación en el poder
La ambición de algunos políticos de mantenerse en el poder ha sido un obstáculo para el desarrollo de Bolivia y el mantenimiento de nuestra democracia. En lugar de trabajar en políticas de largo plazo que generen crecimiento y estabilidad, el enfoque se ha centrado en asegurar el control político, debilitando la democracia y fomentando un ambiente de división entre bolivianos y conflicto interno.
Centralismo extremo y desigualdad regional
El gobierno central controla la mayoría de los recursos, limitando el desarrollo de las regiones y creando una fuerte dependencia de las decisiones tomadas en la sede de gobierno. Este centralismo no solo asfixia las oportunidades de crecimiento regional, sino que también perpetúa la desigualdad, la división y el resentimiento entre las distintas zonas del país.
Inseguridad en la propiedad privada y ataques a los derechos de los propietarios
La propiedad privada en Bolivia, especialmente en áreas rurales, está en constante amenaza. Las ocupaciones ilegales y la falta de seguridad jurídica impiden a los propietarios utilizar sus tierras libremente, lo que frena el desarrollo agrícola y limita el acceso a financiamiento. Esto afecta la creación de riqueza y condena a miles de familias a la pobreza.
En ese contexto, el denominado “Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” ha colapsado y debe ser reemplazado por uno fundado en libertad, propiedad, justicia y responsabilidad individual. Bolivia requiere un profundo cambio estructural urgente.
Nuestro programa de gobierno propone una transformación profunda basada fundamentalmente en los principios de libertad económica, reducción del intervencionismo del Estado y creación de riqueza real. Para asegurar un futuro de prosperidad y justicia, Bolivia necesita un modelo que promueva la inversión privada, descentralice el poder y fortalezca la propiedad privada. Este programa es una respuesta directa a los problemas críticos que enfrentamos, con el objetivo de construir una Bolivia estable y libre, donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar y vivir con dignidad.
Nuestros Valores, los fines que buscamos
Patriotismo y respeto a la identidad nacional
La identidad y cultura de Bolivia son valores que se respetan y promueven en un marco de libertad y apertura hacia el mundo. El patriotismo es un compromiso con el progreso de Bolivia y el respeto a su identidad cultural que implica trabajar por el bienestar del país y de sus ciudadanos, defendiendo sus valores de libertad y respeto, y promoviendo una sociedad cohesionada y orgullosa de su identidad.
Libertad individual
La libertad es el valor esencial que permite a cada persona buscar su propio bienestar y felicidad, así como decidir sobre su vida, propiedad y emprendimiento, sin intervención indebida del Estado. Esta libertad económica y personal fomenta la responsabilidad individual y el desarrollo humano.
Propiedad privada como pilar de libertad y prosperidad
La propiedad privada es un derecho y valor fundamental que protege la libertad individual y fomenta la creación de riqueza. Es la base de la inversión y la seguridad jurídica, permitiendo que cada persona disponga libremente de sus bienes y frutos de su trabajo. Sin una propiedad segura, los incentivos para la inversión y el desarrollo se ven gravemente afectados.
Responsabilidad individual
La responsabilidad individual es base de una sociedad próspera y justa, en la que cada persona asume las consecuencias de sus actos y decisiones. Este valor fortalece la autonomía del individuo frente al Estado y promueve una cultura donde el esfuerzo personal impulsa el desarrollo sostenible.
Meritocracia y cultura de esfuerzo
El progreso y las oportunidades deben basarse en el mérito y el esfuerzo individual, fomentando una sociedad donde cada persona pueda mejorar y prosperar según sus logros y habilidades. Es fundamental promover una cultura que reconozca y premie el esfuerzo, el talento y la dedicación, constituyendo la meritocracia como el pilar de una sociedad justa donde cada uno pueda avanzar conforme a su mérito y contribución.
Libre iniciativa y competencia
La competencia y la libertad de emprender son fundamentales para una economía próspera, donde la innovación y la libre iniciativa impulsan el crecimiento y la creación de riqueza. El programa promueve una economía que respeta estos valores, con una intervención estatal mínima que permita al mercado asignar los recursos de forma eficiente y eficaz.
Solidaridad voluntaria
La solidaridad nace de la iniciativa personal y voluntaria, sin imposiciones estatales. Es un valor que fomenta el apoyo mutuo sin coerción.
Tolerancia
La tolerancia implica respetar las decisiones y formas de vida de cada individuo, incluso cuando no las compartimos, especialmente en el ámbito privado. Es un valor que sustenta libertades como la de expresión, orientación sexual o decisiones personales sobre el propio cuerpo.
Nuestros Principios, los medios institucionales y éticos para alcanzar nuestros fines
Soberanía popular y democracia real
El poder del Estado emana de la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante elecciones libres y justas, donde la participación ciudadana legitima la autoridad pública y asegura un gobierno al servicio del pueblo.
Democracia liberal
Todo cambio político, económico, social o cultural debe respetar la tradición de los pueblos y regirse por las reglas de la democracia liberal, en coherencia con un proyecto de vida compartido. El gobierno del pueblo exige autoridades electas que cumplan su mandato bajo el imperio de la ley. El Estado de Derecho garantiza convivencia pacífica, seguridad jurídica y condiciones estables para el desarrollo. La plena vigencia de las libertades políticas para todos los bolivianos es base de una sociedad libre y en paz.
Estado de derecho, igualdad ante la ley y reformas
La ley debe aplicarse de forma equitativa y sin privilegios, garantizando los mismos derechos y responsabilidades legales para todos. Una justicia independiente, imparcial y accesible es clave para asegurar la seguridad jurídica y la protección de cada ciudadano, sin importar su condición o ideología.
Limitación del poder del Estado
El Estado debe tener funciones claramente delimitadas, orientadas a proteger la vida, la libertad, la paz, la seguridad y la propiedad privada. Su rol fundamental se concentra en la administración legislativa, electoral, de la política exterior, la justicia, la seguridad interna y externa, y la descentralización. Esto requiere un gobierno de tamaño limitado, cuya intervención se restrinja a lo estrictamente necesario para garantizar el orden, el marco institucional y el desarrollo sostenible e inclusivo.
Descentralización profunda y autonomía regional
Cada región debe tener el poder de gestionar sus propios recursos y decisiones, promoviendo el desarrollo local y limitando el poder central.
Transparencia en la gestión pública
El gobierno debe actuar con transparencia, gestionar los recursos de forma responsable y rendir cuentas ante la ciudadanía. Esto reduce la corrupción, fortalece la confianza en las instituciones y garantiza una administración eficiente y orientada al bien común.
Iniciativa privada como motor de creación de riqueza
La inversión y el emprendimiento privados son los principales generadores de empleo, innovación y riqueza. La economía debe facilitar la creación y crecimiento de empresas mediante un marco regulador simple y claro.
Nuestra Visión de Desarrollo
Establecer una democracia auténtica, vigorosa y libre, basada en la soberanía popular y el respeto irrestricto a la libertad económica, donde el sector privado sea el motor del crecimiento y la creación de riqueza. Un Estado limitado y descentralizado garantizará la seguridad jurídica y un entorno de competencia justa, fomentando la autonomía individual, la propiedad privada y el desarrollo de una economía diversificada y sostenible, donde cada boliviano tenga la oportunidad de prosperar y alcanzar su pleno potencial.
Economía libre
Visualizamos una economía en la que la libertad de mercado y la competencia impulsen el desarrollo. La intervención estatal se reduce al mínimo necesario para asegurar un marco jurídico claro y estable, permitiendo que el sector privado sea el motor de la creación de riqueza y empleo. Cada ciudadano debe tener la libertad de emprender y prosperar, bajo condiciones de mercado donde prevalezca la innovación y el dinamismo.
Sostenibilidad y diversificación económica
Promover un modelo económico que rompa con la dependencia de los recursos naturales, incentivando sectores como la tecnología, la agroindustria, el turismo y los servicios. A través del emprendimiento y la inversión privada, Bolivia desarrollará una economía resiliente y sostenible, con oportunidades amplias y diversificadas.
Descentralización real
Construir un país donde las regiones ejerzan la autonomía para gestionar sus recursos y tomar decisiones que respondan a sus propias necesidades y potencialidades. La descentralización permitirá un crecimiento equilibrado, dando a cada región el poder de fomentar el desarrollo local y promover la igualdad de oportunidades en todo el país.
Progreso y desarrollo sostenible
La búsqueda de crecimiento económico debe ir acompañada de prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente y aseguren un futuro próspero para las próximas generaciones.
Nuestros Objetivos y Políticas Principales
Implementar un programa de estabilización y crecimiento económico en tres fases interconectadas
La primera etapa busca estabilizar la economía mediante un control riguroso de la inflación, fortalecimiento de las reservas internacionales, reducción de la intervención estatal, reducción del gasto público y estabilización del tipo de cambio. La segunda fase de reformas se centra en abrir los mercados, eliminar barreras a la inversión y simplificar el sistema laboral y fiscal para permitir que las empresas crezcan y generen empleo sin las restricciones impuestas por el Estado. Finalmente, la tercera etapa se enfoca en reducir regulaciones, eliminar monopolios estatales y facilitar la integración de Bolivia al comercio exterior, generando un entorno que favorezca la inversión y el emprendimiento.
Impulsar la creación de riqueza sostenible
Promover un entorno donde la economía crezca a través de la producción y la inversión privada, facilitando la generación de empleo y aumentando las oportunidades para todos los bolivianos y principalmente para los grupos más desfavorecidos.
Reducir el tamaño del Estado y limitar su intervención
Descentralizar y reducir la influencia del Estado en la economía, fomentando un gobierno limitado que permita a las fuerzas del mercado operar libremente y sin interferencias que distorsionen los incentivos.
Fortalecer la propiedad privada y la seguridad jurídica
Proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer de sus propiedades libremente, sin amenazas ni restricciones injustas, brindando seguridad jurídica que atraiga la inversión y fomente la creación de capital.
Asegurar la libertad individual y económica
Defender el derecho de los bolivianos a decidir sobre sus vidas, su trabajo y sus recursos, eliminando las regulaciones excesivas y las barreras que impiden el pleno ejercicio de ciudadanía, y el desarrollo personal y empresarial.
Promover la transparencia y combatir la corrupción
Implementar un sistema de gobierno abierto y responsable, con mecanismos efectivos de auditoría y el uso de tecnología como cadena de bloques para prevenir y controlar actos de corrupción.
Garantizar un sistema judicial independiente y reformada
Establecer una justicia imparcial y libre de control político, donde todos los ciudadanos tengan igualdad ante la ley y acceso a un sistema judicial que proteja sus derechos y su propiedad. Las reformas en el ámbito de la Justicia y a la Constitución Política del Estado son necesarias.
Descentralizar profundamente el poder y empoderar a las regiones
Profundizar la autonomía en las regiones y municipios para gestionar sus propios recursos y tomar decisiones en beneficio de sus habitantes, fomentando un desarrollo equilibrado y vigoroso a nivel nacional.
Diversificar la economía y reducir la dependencia de recursos naturales
Incentivar la inversión en sectores innovadores y alternativos al gas y otros recursos naturales, para construir una economía resiliente que pueda crecer sosteniblemente en el largo plazo.
Establecer una política de libre competencia y cielos abiertos
Promover la competencia en todos los sectores económicos, eliminando monopolios y restricciones a la inversión extranjera, y adoptando una política de cielos abiertos para integrar Bolivia en el mercado regional y global.
Fomentar una cultura de responsabilidad, solidaridad y mérito
Crear un entorno en el que el esfuerzo y la iniciativa sean recompensados, incentivando una sociedad basada en la solidaridad, el mérito y en la responsabilidad individual.
Nuestros Pilares del Programa
Fortalecimiento del Estado de derecho y transparencia
Construir un sistema de justicia independiente, transparente y accesible que aplique la ley de manera imparcial y garantice la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos.
Descentralización y empoderamiento regional
Otorgar mayor autonomía a las regiones para gestionar sus recursos y definir sus políticas de desarrollo, promoviendo una distribución justa y eficiente de los recursos en todo el país.
Reducción del tamaño del Estado y enfoque en gobierno limitado
Disminuir la intervención estatal en la economía, limitando su rol a áreas estratégicas, para crear un entorno de competencia justa, reducir el gasto público innecesario y concentrar los recursos en la creación de valor en la provisión de los servicios públicos para beneficio de toda la ciudadanía y en particular de los grupos vulnerables.
Apertura económica y competitividad de mercado
Fomentar un entorno donde la inversión privada y la competencia sean los principales motores de desarrollo, reduciendo las barreras para emprendedores, empresas nacionales y extranjeras.
Protección de la propiedad privada y fomento de la libre empresa
Garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer libremente de sus propiedades, promoviendo un entorno favorable para el emprendimiento y la inversión.
Fomento de la sostenibilidad y diversificación económica
Incentivar el desarrollo de sectores económicos alternativos al gas, como la tecnología, la agroindustria y el turismo, promoviendo una economía sostenible y menos vulnerable a la fluctuación de los precios de las materias primas.
Nuestra Ética en la Gestión Pública y Privada
- La gestión pública debe regirse por una ética de responsabilidad, transparencia y servicio al ciudadano, así como por la creación de valor de la función pública. La administración de los recursos del Estado será estrictamente fiscalizada y los funcionarios deberán rendir cuentas sobre sus actos y decisiones.
- En el sector privado, la ética implica actuar de manera responsable y con integridad en la creación de valor y generación de empleo, contribuyendo al desarrollo económico y social. Ambas esferas, pública y privada, deben actuar en conjunto para construir un entorno de confianza y justicia, donde el interés común prevalezca sobre intereses individuales.
Nuestra Solidaridad Subsidiaria
- En una nueva Bolivia, la solidaridad no se impone desde el Estado, sino que nace de la iniciativa individual y colectiva, promoviendo una red de apoyo entre el sector privado y la sociedad civil para atender las necesidades de las personas más vulnerables.
- El sector privado y las organizaciones civiles tendrán un rol fundamental en el desarrollo de proyectos de impacto social, fomentando la solidaridad mediante programas de educación, salud y apoyo social, que complementen el esfuerzo personal y contribuyan al bienestar general sin dependencia estatal.
- Esta solidaridad subsidiaria permite que las soluciones a los problemas sociales sean más sostenibles y efectivas, basadas en el apoyo voluntario y el compromiso de cada ciudadano y empresa con el bienestar de sus comunidades.
Nuestras Principales Medidas Estructurales y de Transformación Profunda
Crear riqueza sostenible hacia una nación de propietarios
La pobreza en Bolivia no es por falta de recursos, sino por un sistema que impide acumular capital. Se transformarán las reglas que bloquean la propiedad privada efectiva:
- Se reconocerá plenamente la propiedad privada de la tierra campesina: Los productores podrán vender, hipotecar o asociarse libremente, saliendo del sistema colectivo que los empobrece.
- Se democratizará el acceso al capital: los bolivianos serán accionistas de empresas estatales a través de mecanismos de transferencia directa de acciones, creando una verdadera economía popular de mercado.
- Se acabarán los incentivos perversos: se desmontarán subsidios que premian la obstrucción y se liberarán los mercados para que produzcan riqueza de verdad.
Reducir el tamaño del Estado y su poder sobre la economía
El Estado se concentrará en sus funciones esenciales: justicia, seguridad, salud y educación básica. Todo lo demás será devuelto progresivamente al ciudadano o al sector privado:
- Se eliminarán ministerios innecesarios, embajadas sin impacto y empresas estatales deficitarias.
- Se reducirá el gasto público en al menos \(8 \%\) del PIB, cortando privilegios, consultorías improductivas y estructuras burocráticas.
- Se establecerá una regla fiscal de equilibrio presupuestario y un tope a la expansión del gasto estatal.
- Se impedirá la creación de nuevas entidades públicas sin fuente de financiamiento autosostenible.
“Donde hay exceso de Estado, hay exceso de poder; donde hay poder sin límite, hay corrupción sin freno”.
Defender la propiedad privada y la seguridad jurídica
El respeto a la propiedad privada será piedra angular del nuevo modelo:
- Se prohibirá el avasallamiento de tierras y se lo penalizará severamente como delito contra el orden económico y territorial.
- Se facilitará la titulación masiva de propiedades urbanas y rurales, garantizando acceso a crédito y protección legal.
- Se eliminará toda forma de expropiación arbitraria y se instaurará el debido proceso con indemnización real.
- Los bloqueos de caminos y tomas de empresas serán penalizados con penas de privación de libertad y restitución de daños económicos.
Restituir la libertad económica y de elección
Se eliminarán los controles estatales que sofocan la economía y limitan la autonomía individual:
- Se dinamitarán literalmente las barreras regulatorias que impone la Aduana Nacional, permitiendo la libre importación y exportación sin trabas discrecionales.
- Se eliminarán cupos, licencias y restricciones de exportación; cada productor podrá vender libremente al mundo.
- Cada ciudadano decidirá libremente dónde educarse y atenderse. Se implementará un sistema de vales universales con base al promedio del gasto público por estudiante para educación y por familia para salud.
“El Estado ya no decidirá por el ciudadano: lo empoderará para decidir por sí mismo”.
Transparencia y lucha frontal contra la corrupción
La corrupción se combate con transparencia radical y tecnología, no con más burocracia:
- Se implementará un sistema de gobierno digital en tiempo real, donde todos los gastos y contratos del Estado sean públicos y auditables por la ciudadanía.
- Se aplicará la tecnología de cadena de bloques para registrar procesos judiciales, licitaciones, compras y registros de propiedad, garantizando inmutabilidad, trazabilidad y acceso público.
- Se eliminará el secreto bancario para funcionarios públicos conforme normativa y se exigirá declaración de bienes antes, durante y después del ejercicio de funciones.
Sistema judicial independiente, técnico y transparente
La justicia será despolitizada, digitalizada y sometida al control ciudadano:
- Se penalizarán con severidad el avasallamiento de tierras y los bloqueos de carreteras como delitos contra la propiedad y la libre circulación.
- Todos los procesos judiciales serán digitalizados e indexados con tecnología de cadena de bloques, asegurando trazabilidad y evitando manipulación.
- Se aplicará la presunción a favor del ciudadano; en caso de ambigüedad normativa, la interpretación deberá favorecer siempre al individuo, no al Estado.
- Se eliminarán el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno por ser estructuras de persecución, chantaje y autoprotección del poder.
Autonomía plena y transición al federalismo donde el poder vuelve al ciudadano
La centralización será desmantelada:
- Se impulsará una transición hacia el federalismo cooperativo, donde cada región administre sus recursos, impuestos y proyectos.
- Las regiones tendrán autonomía sobre educación, salud, infraestructura, medio ambiente y producción.
- Se reformará el pacto fiscal para distribuir de manera justa la recaudación y fortalecer los gobiernos locales.
“No venimos a administrar este Estado decadente: venimos a desmontarlo y devolver el poder a los ciudadanos”.
Diversificar la economía y distribuir la renta natural
El ciudadano será propietario de los recursos del país:
- Se establecerá un sistema de dividendos ciudadanos; parte de las utilidades generadas por empresas de recursos naturales serán asignadas directamente a los bolsillos de los bolivianos.
- Se promoverá la inversión privada nacional y extranjera en sectores como energía renovable, tecnología, agroindustria, turismo, industria verde, litio y tierras raras.
- El Estado dejará de ser explotador monopólico de recursos; pasará a ser socio y regulador en un mercado libre.
Atraer inversión extranjera y fomentar la libre competencia
La inversión solo llega donde hay certeza, competencia y libertad:
- Se eliminarán todas las trabas legales, impositivas y regulatorias a la inversión extranjera directa.
- Se implementará una política de cielos abiertos, permitiendo la entrada de aerolíneas internacionales bajo igualdad de condiciones.
- Se garantizará protección a la propiedad extranjera y repatriación de capitales.
- Se eliminarán los monopolios, licencias exclusivas y privilegios discrecionales. Todos competirán en igualdad.
Cultura del mérito
Se construirá un país que valore la meritocracia:
- El acceso al empleo público será por concurso y méritos, no por afinidad política.
- Se eliminarán privilegios sindicales y burocráticos. La meritocracia regirá todos los ámbitos del Estado.
- Se reemplazará el asistencialismo por programas de inclusión productiva, capacitación y acceso al crédito para emprendedores.
Reforma tributaria pro-inversión, pro-emprendedores
El sistema tributario será simple, predecible y justo:
- Impuesto al Valor Agregado único y plano al 10%, sin exenciones políticas.
- Eliminación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas extraordinario, el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto a las Transacciones.
- Universalización y transabilidad de las facturas.
- Sustitución del Régimen Simplificado por un Régimen del Emprendedor: todos tributan bajo las mismas reglas.
- Regalías mineras y para litio ajustadas a estándares internacionales, con incentivos para atraer inversión frente a países vecinos.
“Dinamitar la Aduana Nacional” figurativamente, impuestos y aranceles máximo del 10%.
Reforma constitucional integral
La Constitución vigente impide el desarrollo. Será reformada por una que:
- Garantice propiedad privada, libertad individual, mercado libre y descentralización real.
- Elimine la planificación central de la economía.
- Establezca el mérito, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley como principios fundacionales.
- Restituya el equilibrio republicano de poderes y el Estado de Derecho.